José Luis Parra
La censura no siempre llega con uniforme militar ni con un decreto que prohíba publicar. A veces se presenta con el elegante discurso de proteger derechos, garantizar audiencias o combatir la desinformación. Cambia el envoltorio, pero la sospecha sigue siendo la misma: ¿quién decidirá dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el castigo?
La discusión sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión encendió una alarma que el gobierno no esperaba. Prácticamente toda la oposición, periodistas, conductores y columnistas bautizaron la iniciativa como Ley Censura. El golpe mediático fue de tal tamaño que la presidenta Claudia Sheinbaum optó por abrir una consulta pública para revisar los lineamientos que regularán los derechos de las audiencias.
Hasta ahí, la decisión parece sensata. Escuchar antes de legislar nunca sobra. El problema comienza cuando el antecedente inmediato no inspira confianza.
En enero, el Sistema Público de Radiodifusión decidió no transmitir una entrevista de Sabina Berman con Eduardo Verástegui. La explicación oficial fue tan enredada que terminó dejando más dudas que certezas. El responsable de justificar aquella decisión fue Lenin Martell, defensor de las audiencias del SPR y hombre cercano a Jenaro Villamil.
Aquella polémica dejó un concepto flotando en el ambiente: censura previa.
Ese mismo término es el que hoy utilizan legisladores de oposición para advertir que una regulación excesiva podría convertirse en una herramienta para inhibir contenidos antes de que lleguen al público. No hablan de una sanción posterior; hablan de la posibilidad de que alguien determine, desde un escritorio, qué puede difundirse y qué no.
Y ahí es donde el debate deja de ser jurídico para convertirse en político.
Porque resulta inevitable preguntarse quién terminará interpretando esos nuevos criterios. ¿Un órgano técnico verdaderamente autónomo? ¿Una defensoría con independencia real? ¿O funcionarios cuya visión del periodismo coincide con la del gobierno en turno?
La paradoja también merece bisturí.
Mientras se acusa a periodistas y medios de difundir mentiras, desde el propio gobierno se construyen espacios donde se califica qué información es verdadera y cuál no. Si mañana la autoridad adquiere mayores facultades para intervenir en los contenidos, la frontera entre defender derechos de las audiencias y orientar la línea editorial puede volverse peligrosamente delgada.
La libertad de expresión siempre ha sido incómoda. Lo fue para los gobiernos del PRI, del PAN y ahora también para Morena. Todos, sin excepción, han sentido la tentación de domesticar la crítica cuando ésta les resulta incómoda.
Por eso la discusión no debería girar alrededor de simpatías políticas. Hoy el poder lo tiene un gobierno; mañana lo tendrá otro. Las reglas que hoy se diseñen serán utilizadas por quienes todavía no llegan.
Porque las leyes permanecen mucho más tiempo que los gobernantes.
Y cuando un gobierno comienza a decidir qué debe escuchar la sociedad, la pregunta ya no es quién tiene la razón.
La verdadera pregunta es quién tendrá el poder de callar a los demás.
