Redacción MX Político.- La reducción presupuestal al Poder Judicial, aprobada recientemente por el Congreso Federal mexicano, plantea desafíos significativos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Esta medida, que eliminará 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, equivalentes a 15 mil millones de pesos, podría afectar la impartición de justicia a nivel federal y local.
La decisión de recortar el presupuesto del Poder Judicial ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado repetidamente el gasto público del Poder Judicial, afirmando que los ministros ganan más que él.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseguró que en caso de reducción presupuestal a los Poderes Judiciales, será más complejo implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
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— La Silla Rota (@lasillarota) October 14, 2023
En respuesta, el Poder Judicial ha aclarado que la extinción de estos fideicomisos afectará a los trabajadores operativos y no a los ministros, ya que ninguno de los fideicomisos respalda las prestaciones de estos últimos.
La oposición ha intentado bloquear la aprobación de la reforma que extingue los fideicomisos, alegando que la decisión debería haber sido tomada por el Congreso en su totalidad. Sin embargo, los expertos en materia judicial y legislativa señalan que la decisión de aumentar o reducir el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competencia exclusiva del Poder Legislativo. Los recursos de amparo interpuestos por la oposición, por lo tanto, probablemente no tengan éxito, aunque la Corte buscará defenderse contra la reducción presupuestal.
Los especialistas coinciden en que solo los juicios de amparo, presentados por los trabajadores afectados, podrían revertir la eliminación de los fideicomisos. No obstante, estos amparos podrían aplicarse solo a una parte de los afectados y no a todos. El debate sobre la financiación del Poder Judicial y sus implicaciones legales continuará, ya que la tensión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial persiste en México.
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