CIUDAD DE MÉXICO, 31 de octubre (AlmomentoMX).- Con la finalidad de conservar la suspensión definitiva que le exime de aceptar las solicitudes de réplica por información publicada, el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete ordenó el semanario Proceso pagar un millón de pesos a Televisa.
Dicha resolución se dio luego de que Proceso le negara el derecho de réplica a Grupo Televisa, la cual solicitó la rectificación de un trabajo de Jenaro Villamil en el que retomaba cartas anónimas difundidas por The Wall Street Journal, relacionadas con el consorcio de Emilio Azcárraga Jean, en las que se hablaba de un supuesto fraude operado por la empresa y varios políticos mexicanos para lavar dinero a través de venta de publicidad en eventos ficticios en el Estadio Azteca.
De acuerdo con el portal de la revista Etcétera, un grupo de abogados independientes determinó en el segundo trimestre de este año que las acusaciones contra la televisora carecían de veracidad, por lo que se determinaba que las cartas eran apócrifas.
Aunado a ello, y a pesar de que el tema se publicó en abril de este año, ninguna autoridad ni mexicana ni estadounidense ha iniciado alguna investigación por el supuesto lavado de dinero.
Al respecto, Proceso informa en su edición 2087 que el juez Ibarra Navarrate emplazó al semanario a pagar un millón de pesos para conservar la suspensión definitiva que lo exime de publicar réplicas, y que le fue otorgada en mayo de este año por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México.
En el reportaje Chicanada de Televisa contra Proceso, se explica que, tras negarle la réplica a Televisa, la televisora acudió al Tribunal para declararse como tercera interesada en el litigio contra la ley de derecho de réplica iniciado por la revista.
Aunado a ello, la televisora interpuso una denuncia en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México para iniciar un procedimiento judicial de réplica contra Proceso por negarle su derecho aun cuando la información que se publicó es falsa.
En su argumentación, el juez Ibarra Navarrete tomó en cuenta los alegatos de Televisa para fijar una fianza que considere “el daño sufrido” por la televisora “afectada en su honor e imagen, pues dicho medio de comunicación impresa, publicó información falsa e inexacta respecto de mi representada”, así como su poder adquisitivo.
“Lo anterior dado que al ser Grupo Televisa S.A.B. Una persona moral con reconocimiento público a nivel nacional e internacional, razón por la cual su imagen y honor repercute en daño económico, por lo que la garantía fijada no debe ser menor a… (la versión pública no señala el monto) Debe ser la última cantidad la que sirva de base para fijar el monto de los posibles daños y perjuicios que se le pueden ocasionar al tercero interesada”, se lee en el dictamen.
Todo este proceso fue calificado por el semanario como una “argucia legal” para llevar a la revista a tribunales (aunque no precisa que es por no dar derecho de réplica al consorcio de Azcárraga Jean).
Por ejemplo, refiere que la televisora nunca fue notificada de la negativa a la réplica porque el abogado del semanario no pudo entrar a las instalaciones a entregar el oficio, situación que expuso Televisa al momento de presentarse como tercera interesada en el Octavo Tribunal.
Incluso, Proceso difunde que el juez Ibarra Navarrete fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por acusaciones que no pudo comprobar, según determinó en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la revista señala su caso como parte de las diferentes querellas interpuestas ante el Máximo Tribunal para modificar la ley de réplica, entre ellas, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRD y Morena para eliminar el concepto de “información falsa e inexacta” y sólo sea necesario que la persona aludida se sienta agraviada (aun con información verídica).
Desde que la legislación fue aprobada, Proceso se ha pronunciado en contra de la ley bajo el argumento de que ciertas normativas (que obligan a medios a publicar las réplicas) coartan la libertad de expresión y favorecen “a la prensa oficialista”.
AM.MX/fm
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