La senadora Susana Harp Iturribarría advirtió que las mujeres jornaleras agrícolas padecen una situación de inequidad, desigualdad, discriminación y desventaja, pues la Ley Agraria vigente no las considera en operaciones de venta o arrendamiento de los derechos de una parcela ni gozan de los ingresos generados por ello.
Tradicionalmente son los hombres quienes deciden la inversión, el gasto familiar, el porcentaje de ahorro y, si se da el caso, la parte a la que puede tener acceso la conyugue o la concubina por la venta de las producciones agropecuarias, lo que genera una situación de “servidumbre” de la mujer campesina, señaló la legisladora de Morena.
Para garantizar los derechos patrimoniales de las jornaleras agrícolas, Harp Iturribarría propuso modificar Ley Agraria para que las esposas o concubinas de poseedores de tierras ejidales, tengan la posibilidad de adquirir los derechos de parcelas, y puedan decidir y beneficiarse a partes iguales por su arrendamiento o venta.
La senadora consideró la conveniencia de esta iniciativa, turnada apara su análisis a las comisiones de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, ante datos oficiales que indican que 12.7 por ciento, de las más de dos millones de personas que trabajan en el campo mexicano, son mujeres.
Ellas, expuso, cumplen jornadas laborales de hasta 13 horas y casi ninguna goza de seguridad social, además de que el cuidado de los hijos y del hogar se considera su obligación, lo que incrementa sus jornadas hasta a 19 horas diarias, sin olvidar que un alto porcentaje depende económicamente de su cónyuge ejidatario y trabajan sin gozar de salario.
No obstante su importante labor, la norma vigente permite a los ejidatarios vender sus derechos parcelarios con el único requisito de notificar de ello a la esposa, sin obligación de avisarle del precio de venta ni la forma de pago; además, el ejidatario puede vender el patrimonio sin la obligación de compartir el ingreso generado por la operación.
Esta iniciativa, subrayó Susana Harp Iturribarría, tiene por objetivo garantizar los derechos patrimoniales de las mujeres jornaleras derivados de los que obtienen por el régimen matrimonial de mancomunidad, también llamado sociedad conyugal.
“Es indispensable avanzar en el acceso a la protección social de las mujeres jornaleras agrícolas, garantizar una vida libre de violencia y discriminación por razones de género y proteger sus derechos patrimoniales”, concluyó la senadora.
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