El Gobierno federal propone que las ventas de gasolina y diesel cuyo origen no esté acreditado paguen una cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que no podrá ser acreditable.
La medida forma parte de la propuesta de Ley de Ingresos enviada al Congreso y busca combatir el huachicol fiscal mediante un mecanismo de fiscalización.
El planteamiento pretende verificar que exista correspondencia entre los combustibles adquiridos formalmente por las estaciones de servicio y los que posteriormente comercializan.
“Su finalidad consiste en establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no exista certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución”, expone la propuesta.
De acuerdo con el documento, la disposición no sería una medida recaudatoria tradicional, sino un instrumento de control para las diferencias de combustible que no cuenten con documentación suficiente para acreditar su procedencia.
En caso de recibir la aprobación correspondiente, entraría en vigor el 1 de julio de 2027, con un periodo previo para realizar los ajustes técnicos, operativos y administrativos necesarios.
