El gobierno de Javier Milei ha propuesto un controvertido proyecto de ley que permitiría a las fuerzas armadas participar activamente en la seguridad interior de Argentina, lo que ha encendido una alerta entre los organismos de derechos humanos.
El proyecto, presentado al Congreso, autoriza a las fuerzas armadas a participar en la lucha contra el terrorismo, controlar personas y vehículos sospechosos, y realizar detenciones en flagrancia. Esta propuesta también contempla la creación de un comité de crisis con la capacidad de calificar acciones como terroristas y ordenar medidas como patrullajes y controles.
Manuel Adorni, vocero presidencial, detalló que el comité de crisis podría ordenar a las fuerzas armadas llevar a cabo operaciones de seguridad en áreas específicas y temporales, siempre con la autorización de los gobernadores locales. Las fuerzas armadas deberán seguir los mismos términos que las fuerzas de seguridad nacionales y usar la fuerza de manera racional, progresiva y proporcional.
La propuesta incluye un cambio significativo al permitir que las fuerzas armadas participen en la seguridad interior, eliminando el artículo constitucional que históricamente prohibía su intervención en estos asuntos tras la dictadura militar. Esto genera preocupaciones sobre la posibilidad de abusos y violaciones a los derechos humanos, ya que los militares no podrán ser juzgados por sus acciones en este contexto.
El proyecto también introduce una Unidad de Inteligencia Artificial para patrullaje cibernético, permitiendo la vigilancia de comunicaciones y la creación de perfiles de sospechosos, lo que podría derivar en allanamientos y persecuciones políticas.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, expresó su preocupación por lo que considera decisiones dictatoriales que amenazan los avances en derechos humanos.
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