Fuera de Todo
Denise Díaz Ricárdez
Para muchas mujeres mexicanas solicitar ayuda cuando viven violencia no siempre es fácil.
Son demasiados trámites, hay miedo y desconfianza en las autoridades, muchas veces la respuesta llega tarde.
Por eso, en el caso de Veracruz, la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle de crear el Sistema de Órdenes de Protección Inmediata para las Mujeres, la cual se enviará al Congreso, abre una conversación importante: qué tan rápido pueden reaccionar las autoridades cuando una mujer está en peligro.
La idea detrás del sistema es clara: cuando una mujer requiere ayuda, la respuesta no puede tardar días.
Tiene que ser inmediata.
El proyecto busca convertir en Ley un mecanismo que ya funciona a través del Programa Veracruzana Protegida, con el que, las mujeres pueden solicitar apoyo y las autoridades pueden emitir órdenes de protección y movilizar a la policía en cuestión de minutos.
En situaciones de violencia familiar o amenazas, ese tiempo puede marcar una gran diferencia.
Lo importante es que no se trata solo de una aplicación o de una línea de emergencia.
La intención es crear un sistema coordinado donde jueces, policías y autoridades locales, a través de los Institutos de la Mujer y DIF municipales actúen rápido para proteger a la víctima y limitar al agresor.
Para una generación joven que ha crecido viendo cómo los movimientos sociales exigen mayor seguridad para las mujeres, este tipo de políticas públicas responden a una demanda clara: que las instituciones reaccionen cuando realmente se necesitan.
Por supuesto, ninguna ley resolverá por sí sola el problema de la violencia de género. Ese es un fenómeno complejo que también tiene que ver con educación, cultura y desigualdades sociales.
Pero lo que sí puede hacer el Estado y en todo el país es algo fundamental: no dejar sola a la víctima cuando decide pedir ayuda.
El desafío ahora será llevar este sistema a todo Veracruz. No es lo mismo implementar una respuesta rápida en ciudades grandes como Xalapa y Veracruz, que en comunidades rurales donde hay menos presencia policial o más distancia entre localidades.
Aun así, el paso que se plantea es relevante. Convertir este mecanismo en ley significa que la protección no dependerá solo de un programa temporal, sino que podrá consolidarse como una política pública permanente.
Para muchas jóvenes veracruzanas —y para toda la sociedad— el mensaje que debería quedar claro es uno: cuando alguien levante la mano para pedir ayuda, el Estado tiene que estar listo para responder.
