Lilia Arellano
“Si no tienes una ventaja competitiva, no compitas”: Jack Welch
● Reforzada defensa del INE
● Partidos de oposición presentan acciones de inconstitucionalidad
● Ventaja que buscaba el presidente AMLO puede diluirse ante SCJN
● “Choros mareadores” recorren oficinas públicas y el Palacio Nacional
Ciudad de México, 23 de enero de 2023.- El balón ya no está en la cancha presidencial. La sociedad se organiza para impedir, a toda costa, se afecte la operación del INE, la cual, de llevarse a cabo lo estipulado en el Plan B presentado por el tabasqueño, el impacto en retroceso de la democracia sería muy grave. López Obrador buscó tener una ventaja insalvable en la próxima elección presidencial con su reforma constitucional electoral, misma rechazada por el Congreso. Por eso buscó burlar las leyes constitucionales con la modificación de legislación secundaria, conocida como el Plan B, para cuya aprobación sólo requirió la mayoría simple de Morena y sus aliados. Sin embargo, a estas alturas, las ventajas establecidas en dichas modificaciones podrían esfumarse ante los alegatos en tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en momentos en los cuales se va cerrando la competencia por la Presidencia de la República con la caída en las encuestas de su “corcholata” favorita, Claudia Sheinbaum, y el cierre de filas de la oposición del PAN, PRI y PRD, para esos comicios. Las elecciones federales del 2024 están lejos de ser un paseo por el parque para el inquilino de Palacio Nacional, cuyos fracasos al frente de la administración federal juegan en su contra y afectan gravemente su presunta popularidad.
Los frentes de batalla en tribunales en el régimen de la autodenominada cuarta transformación (4T) son varios y la certeza de ganar estos litigios no existe. Por mencionar los más inmediatos referiremos las siguientes: las dirigencias nacionales del PAN y PRD presentaron este lunes acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas en materia electoral aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, presentó esta mañana el recurso ante la Corte contra el “Plan B” electoral, específicamente contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Posteriormente, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acudió a la corte acompañado de Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y otros legisladores a presentar otra acción de inconstitucionalidad a título del partido.
En conferencia de prensa, Marko Cortés dijo: “Por lo pronto estamos presentando esta acción por dos de las leyes que fueron modificadas, la relacionada con la propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas”. El líder panista acusó al régimen de la 4T y Morena: “lo que quieren es que los servidores públicos puedan estar haciendo difusión, puedan contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como es el INE o el tribunal que pueda sancionarlos”. También adelantó que, debido a que la segunda parte del “Plan B” electoral está pendiente en el Senado, en caso de que sea aprobado, se presentará otra acción de constitucionalidad. “Es importante aclarar que son varias acciones de inconstitucionalidad las que presentaremos”. :os alcaldes del partido también presentarán sus propios recursos legales. A su vez, Santiago Creel solicitará formalmente sean atendidas de manera expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza un informe detallado el cual dará a conocer en las próximas semanas, sobre los impactos producidos por las reformas del llamado Plan B, informó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, quien explicó: las y los consejeros iniciaron visitas y reuniones con el Servicio Profesional Electoral Nacional, a fin de comentar y escuchar las preocupaciones de los trabajadores sobre las reformas. El INE presentará controversias constitucionales ante la SCJN para definir si los cambios respetan o no principios determinados por la Constitución.
Córdova Vianello concluyó: la vía institucional es la “única vía valida en democracia para dirimir controversias de este tipo por lo que el INE ha de agotar todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad e inhibir los impactos negativos de estas reformas para nuestra democracia y seguir permitiendo que México tenga en el futuro elecciones libres y auténticas”. Un frente común con el INE harán los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para encarar las modificaciones aprobadas en el Plan B de la reforma electoral, principalmente porque afecta las estructuras electorales y a los integrantes del servicio profesional electoral. La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) prepara los recursos jurídicos a presentar por las “afectaciones a la autonomía” generadas por los cambios a las legislaciones secundarias avaladas por el Congreso antes del pasado cierre del periodo ordinario de sesiones.
La ruta a seguir, de acuerdo con Oswaldo Chacón, presidente de la AIEEF, contempla el cambio conjunto, aunque en algunos casos también habrá recursos individuales por las legislaciones locales. En determinados estados, explicó, “choca” lo avalado por el Congreso con las leyes estatales, lo cual también puede dar pie a impugnaciones ante los tribunales estatales. Sin embargo, la ruta principal es llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la par de lo que haría el INE, por su propia vía. “Hay ejercicios diferentes con el mismo fin, por eso se tiene que concretar el análisis de los impactos de las reformas que sí se publicaron y de las que todavía prevén aprobar, según su agenda, en el Congreso al inicio del periodo ordinario”.
Es conveniente aclarar no sufrirán afectaciones las elecciones en el Estado de México y Coahuila con las reformas planteadas, El impacto sería directo a los comicios federales y locales del 2024. “Por eso se debe establecer con claridad cuáles serán las reglas para los próximos comicios y eso lo va a definir la Suprema Corte, se definirá la validez o no”, apuntó Chacón e hizo referencia directa a uno de los elementos en donde se debe poner un énfasis especial: la propaganda por parte de los servidores públicos, “donde parecería que quedó un vacío o confusión por la contradicción entre la legislación aprobada y lo que establece el 134 constitucional, por lo que las autoridades electorales tendrán que suplirlo mientras lo resuelven los ministros del máximo tribunal del país”.
En este contexto, al menos 50 organizaciones civiles preparan una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, para el domingo 26 de febrero, bajo la premisa “la democracia no seguirá avanzando si no existe mayor apertura para la sociedad”. Las organizaciones prevén ya se tenga aprobado por parte de los senadores el Plan B y se esté enviando al Ejecutivo para su promulgación. Estas acciones desencadenarán impugnaciones, por lo que se demandará a la SCJN resuelva los eventuales recursos de inconformidad. Dicha movilización, será el seguimiento de la marcha en defensa del INE realizada el pasado 13 de noviembre; contará con un orador sorpresa, “un personaje de primerísima línea, que no anda buscando candidatura”, señaló Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, “para que no haya protagonismo ni de los lideres de las organizaciones sociales ni partidistas, que seguramente participarán”.
Como la fecha de la convocatoria de la concentración se dará en el marco del Día de la Bandera, viernes 24, se prevé todos los participantes porten una bandera de México, como símbolo de defensa de la Patria, de la Constitución y de la democracia, y los asistentes se presenten con alguna prenda color rosa, como emblema de la defensa del INE, como sucedió a mediados de noviembre pasado. La semana anterior, representantes de organizaciones civiles se reunieron con las dirigencias del PAN, PRI y PRD, en aras de avanzar en la concientización de que la alianza Va por México hacia la elección presidencial de 2024, no será competitiva si los partidos no aprecian el poder de la sociedad civil.
DE LOS PASILLOS
Este lunes arrancó el juicio contra Genaro García Luna con los alegatos del gobierno estadounidense contra el ex secretario de Seguridad Pública, a quien acusó de haber “traicionado” a México y Estados Unidos al haber traficado cocaína, mientras que su defensa, encabezada por el abogado César Castro aseguró: las acusaciones se basan en “cimientos inestables”, ya que no hay fotos ni videos que inculpen a su cliente. En la audiencia presidida el juez Brian Cogan, quien envió a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, la fiscalía señaló que el ex funcionario recibió millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa, entonces dirigido por “El Chapo”. García Luna esta acusado de cinco cargos, cuatro de ellos por narcotráfico y tan sólo por la introducción de cocaína, de ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Su defensa alega: no hay “dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, no hay pruebas” de estas acusaciones. Este caso, señaló, está basado en “cimientos inestables”…
¿De quienes son los “choros mareadores”? Fue primero el del rector de la UNAM, según el presidente de la República, o el lanzado para arrancar lo dio la propia ministra Yazmín Esquivel? Aunque, el asunto del plagio sigue en la imaginaria. ¿Fue primero la FGR refiriendo oficialmente no estar enterados de la Cumbre de los integrantes del T-MEC, o su vocero Ebrard, o quien no dijo la verdad al ser cuestionado en pleno templete mañanero? Hay “choros mareadores” que también son “madreadores” y se presentan a diario en el edificio palaciego anteriormente propiedad de todos los mexicanos.
