La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado investigaciones contra jueces y magistrados que han otorgado suspensiones en respuesta a la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Esta acción ha desatado tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ya que se considera un posible abuso de autoridad.
De acuerdo con información de El Universal, la FGR ha abierto carpetas de investigación contra varios juzgadores por el probable delito de abuso de autoridad. Fuentes anónimas de la judicatura han revelado que la Fiscalía ha solicitado a los jueces copias de los expedientes de las suspensiones que han otorgado. Esta solicitud ha llegado a través de correos electrónicos donde se les notifica sobre la investigación en curso.
Los jueces y magistrados, por su parte, afirman que estas acciones buscan intimidar y coaccionar. “La FGR está pidiendo a los jueces copias de los expedientes… Es una forma de presión. Prácticamente están diciendo que van contra nosotros”, señalaron fuentes cercanas a los juzgadores.
Para que la FGR proceda con una acusación penal, es necesario que los jueces sean desaforados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dado que cuentan con fuero orgánico. Esto implica que no se puede avanzar con la consignación penal sin antes eliminar dicho fuero. Aunque la investigación puede seguir su curso, la consignación ante un juez penal se complica bajo estas circunstancias.
La situación se vuelve más delicada al considerar que, según las advertencias de los jueces, el problema podría intensificarse en 2025. “El juez penal definirá el asunto y es poco probable que emita órdenes de aprehensión, ya que no se configura el delito”, añadieron las fuentes.
En medio de estas tensiones, los jueces han decidido interponer quejas administrativas ante el CJF. Estas quejas se presentan a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que evaluará si ha habido alguna falta grave que justifique un proceso disciplinario. “Si se considera que hubo una falta grave, podría llegar a la destitución”, alertaron.
Además, los jueces han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas para que se garantice su independencia judicial y se cese la persecución por parte del Estado mexicano.
Esta situación se agrava aún más por las declaraciones de Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, quien anunció en una conferencia de prensa el 18 de octubre que el Gobierno federal presentará denuncias contra jueces que han otorgado amparos en contra de la reforma judicial. Hasta el momento, se han reportado más de 170 suspensiones, y se estima que entre 20 y 30 jueces podrían estar bajo investigación.
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