La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe a la estrategia de seguridad que impulsa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, al permitir que los jueces de amparo desbloqueen las cuentas de personas investigadas por delitos como lavado de dinero.
Esta resolución, que se suma a otra reciente, pone en riesgo la eficacia de uno de los pilares de la lucha contra el crimen organizado en México.
La reforma, que habilita a los jueces para desbloquear cuentas bancarias de personas involucradas en investigaciones penales, es vista como un obstáculo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que considera que esta decisión “entorpece el cumplimiento de los estándares internacionales” en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la UIF, esta medida abre la puerta a que los sospechosos evadan el control y la vigilancia, lo que permitiría al crimen organizado continuar con sus operaciones tanto en el mercado nacional como internacional.
El impacto de esta resolución es directo sobre la estrategia económica que García Harfuch ha venido implementando desde su llegada a la Secretaría. La medida da un paso atrás en los esfuerzos por bloquear las fuentes financieras del crimen organizado, uno de los principales frentes de la estrategia de seguridad del actual gobierno.
El pasado mes, la SCJN también había restringido la capacidad de bloquear cuentas bancarias, al establecer que se necesitaba un pedido explícito de un gobierno extranjero para tomar esta acción, lo que también afectó la capacidad del gobierno mexicano para tomar medidas preventivas.
Las decisiones de la Corte generan no solo repercusiones nacionales, sino también internacionales. La nueva disposición complica la cooperación de México con agencias de seguridad extranjeras, como la DEA de Estados Unidos, con quienes García Harfuch ha trabajado estrechamente en los últimos años para atacar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Un ejemplo reciente de esta cooperación fue la detención de un ciudadano chino en la Ciudad de México, quien enfrentaba cargos por un esquema de lavado de dinero por más de 150 millones de dólares.
Con información de LPO
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