En 2018 como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador prometió que se sometería a la revocación de mandato para que los ciudadanos decidieran si continuaba al frente del gobierno federal.
Ahora, dos años después, aunque la revocación de mandato ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, aún faltan la ley reglamentaria y la emisión de lineamientos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuyo plazo para emitirla, venció en junio pasado.
En este sentido, dijo el abogado constitucionalista y académico de la UNAM, Francisco Burgoa, “estamos ante una omisión legislativa del Congreso de la Unión en esta materia y dado que el procedimiento para iniciar la revocación de mandato del actual presidente de la República debe de iniciar con la solicitud de firmas, esto durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021”.
La revocación de mandato es una figura de la democracia directa que permite a través del voto ciudadano, premiar o castigar la gestión del gobierno que eligieron; actualmente hay 26 países que utilizan esta figura, la mayoría para autoridades locales, y siete a nivel presidencial, entre ellos Suiza, Ecuador y Venezuela.
Muchas organizaciones han visto bien que se introduzca esta figura a la Constitución y la sociedad también, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, siete de cada 10 mexicanos están de acuerdo.
Así, dijo el coordinador nacional de ‘Alternativas por México’, César Damian, se puede terminar con un gobierno que no está cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos.
“Está diseñado para que sea un mecanismo de los ciudadanos para poder evaluar y determinar si se le pierde la confianza y terminar de manera anticipada porque es un gobierno que no se desea, que no lo voy a calificar y que por eso no puede esperarse a que concluya el mandato de los seis años”, consideró
Este fue para que se introdujera en la Constitución
El proceso legislativo de esta reforma, inició en septiembre de 2018, cuando la fracción de Morena en San Lázaro presentó la iniciativa para que los ciudadanos tengan el derecho y la obligación de votar en los proceso de revocación de mandato del presidente en turno.
Luego, en octubre de 2019, López Obrador envió al Congreso la iniciativa para reformar nueve artículos de la Constitución con lo que se introduciría esta figura para remover al presidente y a los gobernadores; primero fue aprobada por el Senado y un mes después por la Cámara de Diputados.
El dictamen aprobado dice que la revocación de mandato será solicitada una vez cada sexenio, y para ello se deberá reunir las firmas del tres por ciento del listado nominal, es decir 2.7 millones de ciudadanos.
Y para que fuera considerada en esta administración, se estableció un transitorio para que se llevara a cabo la consulta en marzo de 2022, y ello para no coincidir con la elección intermedia del 2021, tal y como lo planteaba el propio López Obrador y Morena.
Esta medida, ha acusado la oposición, es una medida para la reelección, cosa que el presidente ha negado y hasta firmó en enero pasado un compromiso de que no sería así; “nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que ostento”, aseguró en ese entonces.
