Ricardo Anaya, senador electo por el PAN, enfrenta un desafío legal significativo a medida que se acerca a su toma de protesta en el Senado.
El excandidato presidencial, aún requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a acusaciones de soborno en el caso Odebrecht, está preparando una estrategia legal para evitar una posible aprehensión.
Anaya es señalado por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos, ocurrido en 2012, cuando era diputado federal. La acusación sostiene que Anaya recibió el dinero para votar a favor de la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Esta trama de corrupción, revelada por altos funcionarios de Odebrecht, también involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ha llevado a varios políticos a enfrentar procesos legales.
Actualmente, Anaya se encuentra en Estados Unidos, y la orden de aprehensión en su contra podría ser ejecutada al regresar a México. La última vez que fue visto en público fue en una fotografía publicada por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, durante una gira en Estados Unidos.
En junio, Anaya apareció en una videollamada con Cortés, pero aún no ha regresado al país para cumplir con los requisitos necesarios para su investidura.
La bancada del PAN está preocupada por cómo Anaya tomará protesta como senador, considerando que debe registrarse, presentar su huella dactilar y tomarse una foto en el recinto parlamentario. Para evitar complicaciones legales, se especula que Anaya solicitará un amparo, similar al que obtuvo el senador electo Miguel Ángel Yunes hace un mes.
Yunes recibió una suspensión provisional del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, que le permitió evitar la aprehensión y la extradición por delitos como uso de documento falso y fraude procesal. Este amparo le permitió tomar protesta como senador, y Anaya podría seguir un camino similar.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN espera que Anaya utilice este recurso legal para evitar lo que algunos llaman «operativo cajuela». Este término hace referencia a situaciones en las que políticos han tenido que ingresar al recinto legislativo escondidos para evitar ser detenidos.
Un caso notorio fue el del diputado Julio César Godoy Toscano en 2010, quien se escondió en la cajuela del automóvil de Alejandro Encinas para tomar protesta como legislador.
Con información de LPO
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