POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
Durante buena parte del siglo XX y los inicios del presente, la estabilidad política ha sido uno de los rasgos característicos del sistema político mexicano. Sin menos preciar las álgidas luchas electorales, las instituciones democráticas desarrolladas a lo largo de décadas, habían sido capaces de absorber las crecientes demandas de diversos sectores sociales, económicos y políticos. El voto y su validez fueron la dupla que direccionó este proceso.
Sin embargo, actualmente nos encontramos ante una coyuntura inédita en la que esa base de estabilidad política comienza a ser minada desde varios frentes. Es una situación extremadamente riesgosa que podría costar décadas de desarrollo para el país, en vista de la combinación de factores tanto internos, que afectan la estabilidad y gobernabilidad, como externos que nos están poniendo en medio de conflictos geopolíticos de alcance global.
Los riesgos internos
En primer plano destacan las tensiones dentro de la coalición gobernante. La notoria y muy pública resistencia de los aliados PT y PVEM a la reforma electoral está revelando fisuras internas importantes que podrían ampliarse conforme avance la agenda presidencial.
La reforma judicial previa ya había generado incomodidad en sectores del oficialismo. La insistencia presidencial en sumar otra reforma de alto impacto puede erosionar por completo la cohesión interna. Lo que dejaría a la presidenta Sheinbaum sin capital político para reformas consecutivas de mayor trascendencia.
El cambio en las fórmulas de representación política tendría impacto sobre el federalismo. La reforma establece cambios en la representación legislativa y en el tamaño de congresos locales. Todo ello al margen de la realidad política de las entidades federativas, lo que, de nueva cuenta puede generar resistencia de gobiernos estatales especialmente los alineados con Morena.
La reforma electoral además plantea una serie de medidas que yan están ocasionando tensiones con el INE y los organismos autónomos. La reducción de recursos y atribuciones al árbitro electoral puede generar conflictos institucionales y afectar la confianza pública en los procesos electorales.
La polarización política y social continua sin freno. Crece la percepción de concentración de poder sin equilibrios institucionales. Los críticos del régimen han señalado que la reducción de financiamiento a partidos y cambios en representación podrían favorecer al partido gobernante, lo que alimenta narrativas de regresión democrática. Organizaciones ciudadanas y empresariales han expresado preocupación por el debilitamiento de contrapesos, lo que podría traducirse en protestas, litigios y presión mediática.
El constante acoso a figuras de la oposición como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, Ciudad de México, y los ataques al finado presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo ilustran este proceso.
El desafío criminal. La muerte de Nemesio Oceguera Cervantes ha acelerado un proceso de fragmentación interna dentro del CJNG que ya se observaba por disputas territoriales y presiones federales. La ausencia de un liderazgo centralizado favorece la aparición de subgrupos regionales con autonomía operativa, agendas propias y mayor dependencia de economías ilícitas locales. Esta dispersión reduce la capacidad de coordinación nacional del grupo, pero incrementa la volatilidad en zonas donde células rivales compiten por control. En específico serían Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas las entidades federativas más afectadas.
Para estos estados en particular, el principal efecto es un aumento de presiones simultáneas: incremento de actores criminales, más disputas focalizadas y una mayor complejidad para establecer canales de interlocución institucional. Estados y particularmente los municipios de estas regiones, con sus capacidades policiales limitadas, enfrentan riesgos de captura total de autoridades además de un debilitamiento importante de sus sistemas administrativos.
En términos democráticos, la fragmentación criminal puede traducirse en interferencias más frecuentes en procesos electorales locales, intimidación y atentados en contra de candidatos y una mayor manipulación de estructuras territoriales. La multiplicación de actores armados incrementa la probabilidad de que partidos o autoridades enfrenten presiones diferenciadas según la región, erosionando la equidad electoral y la confianza en instituciones estatales.
Todo ello en zonas de alto nivel de industrialización y producción con enfoque al mercado exportador. Lo que nos lleva al siguiente conjunto de riesgos: el externo.
La relación con Estados Unidos en los últimos años ha girado en torno a crecientes presiones en seguridad y migración. La política estadounidense hacia México suele endurecerse en ciclos electorales o ante percepciones de debilitamiento institucional. Sin embargo, la segunda administración Trump ha incrementado a niveles no vistos desde la Revolución mexicana. Las reformas como la judicial y ahora la electoral son interpretadas como señales de inestabilidad y tratadas de esa manera.
La certidumbre institucional es clave para inversiones, cooperación económica y nearshoring. Cualquier percepción de concentración de poder o debilitamiento de contrapesos puede afectar decisiones de empresas estadounidenses.
Otra dimensión importante es la percepción internacional sobre calidad democrática. Son relevantes las reacciones de organismos multilaterales y calificadoras, ya que las inversiones de basan en sus estimados y no en las narrativas desde la conferencia mañanera. Las reformas que reduzcan contrapesos o afecten negativamente el orden jurídico, pueden generar advertencias sobre riesgos institucionales, impactando sobre la calificación crediticia o la confianza de inversionistas.
En América Latina, reformas electorales o judiciales suelen ser observadas bajo el lente de posibles derivas autoritarias, lo que puede influir negativamente en la narrativa internacional sobre México.
Todo esto nos lleva a un factor estratégico para el Estado Mexicano, la vulnerabilidad ante choques económicos globales. La dependencia de exportaciones nos hace particularmente vulnerables ante la volatilidad. Un entorno político percibido como incierto puede amplificar el impacto de choques externos, por ejemplo, tasas de interés, desaceleración global, tensiones comerciales, sobre la economía mexicana.
A ello hay que sumarle un entorno complejo de competencia geopolítica. La presión de Estados Unidos para limitar la influencia china en sectores estratégicos puede obligar a México a tomar decisiones difíciles que afecten su margen de maniobra.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene dos opciones estratégicas a seguir. Por un lado, el endurecimiento. Intentar sacar adelante reformas sin consenso en proceso que seguramente derivará en mayor polarización y quizás una eventual parálisis gubernamental en detrimento de la seguridad y los procesos productivos en el marco del TMEC.
La segunda opción sería una apertura para generar consensos que podrían poner en entredicho su apoyo a la agenda de izquierda, pero que, poniendo a México por delante, generaría condiciones que favorezcan a las mayorías. Porque debe quedar claro, los programas sociales son importantes, pero de ninguna forma pueden sustituir una economía productiva.
¿Por cuál opción se decantará la presidenta?
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