Por Aurelio Contreras Moreno
En medio de la turbulencia desatada tras darse a conocer el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2014 y los previsibles desvíos millonarios detectados al gobierno de Veracruz, el titular del Ejecutivo estatal, Javier Duarte de Ochoa, decidió echar más leña al fuego de su disputa con la Universidad Veracruzana y la grave situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado.
Por un lado, envió al Congreso local una iniciativa de decreto que reforma el artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado, que establece lo siguiente: “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto directamente a los beneficiarios por los patrones. El Gobierno del Estado será responsable subsidiario del cumplimiento de esta obligación”.
Esto no es más que una “chicanada” para tomar revancha de la Universidad Veracruzana por haber denunciado penalmente al gobierno estatal y de paso, deslindar a su administración y a las subsecuentes de su responsabilidad y obligación para garantizar el pago de pensiones a los trabajadores jubilados del estado.
Actualmente, la ley establece que el gobierno estatal es “responsable solidario” en el pago de las pensiones, lo que le confiere una obligación directa para asumir las deudas y déficit del IPE.
Con la reforma, Javier Duarte busca que el gobierno se convierta en “responsable subsidiario”, y que de esta forma, se traslade la obligación de cubrir los pagos por concepto de pensiones a la instancia donde el trabajador prestó sus servicios al estado directamente, como por ejemplo la Universidad Veracruzana.
Esto es más claro al observarse que la nueva redacción que se propone del artículo 98 elimina la parte que establece, en la ley vigente, que el déficit sea cubierto por los patrones “en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.
Para decirlo más claro. El Gobierno del Estado quiere llevar a la ley lo que pretendió imponer sin sustento legal en su querella con la Universidad: que ésta se arregle como pueda con el tema de sus pensionados. Sólo que el IPE es una paraestatal, como lo es el Seguro Social, y si no tiene recursos suficientes para pagar las jubilaciones de sus trabajadores -lo que es un total despropósito, pues todos pagaron y pagan sus cuotas de manera obligatoria a lo largo de su vida productiva-, es el Estado el que tiene que resolver. No puede salir con que se lava las manos y que “el de atrás paga”.
Pero por si no fuera suficiente, para cubrir el brutal déficit de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones -causado por el saqueo del que ha sido objeto, no por los trabajadores-, el gobierno de Javier Duarte propuso entregarle inmuebles como el estadio de futbol Luis “Pirata” de la Fuente, que en este momento está en comodato con el club Tiburones Rojos del Veracruz, lo que de acuerdo con el especialista en economía y finanzas Hilario Barcelata, sólo terminará por agravar aún más la ya muy precaria situación del IPE.
Antes de irse, Javier Duarte quiere re-matar al IPE y a la UV.
Agradecimiento
A quien esto escribe no le alcanzan las palabras para agradecer las enormes muestras de solidaridad tras las amenazas recibidas por parte de un pseudo empresario clasista, déspota y fuera de sus cabales, y por las cuales ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, que abrió la carpeta de investigación 009/2016/PC.
La gente de bien no necesita escoltas pagados por el gobierno. Nuestro nombre nos avala.
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