Salud: entre la carencia y la politización

Astrolabio Político

Por: Luis Ramírez Baqueiro

“Todos tienen derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos.” — Daniel Patrick Moynihan.

La crisis del sistema sanitario veracruzano merece respuestas, pero también exige distinguir entre la protesta legítima y el activismo partidista.

En Veracruz conviven hoy dos narrativas alrededor del sistema público de salud. Y sería un error asumir que necesariamente una cancela a la otra.

La primera parte de una realidad que el propio gobierno estatal ha reconocido: existen hospitales con carencias, necesidades de mantenimiento, insuficiencia de medicamentos, equipamiento pendiente y problemas acumulados durante años. La administración de Rocío Nahle no puede esconderlos ni parece haber optado por hacerlo. La mandataria ha colocado el tema entre las prioridades de su gobierno y ha emprendido recorridos por los 61 nosocomios de la entidad precisamente para conocer directamente sus condiciones y necesidades.

Ese reconocimiento es importante porque las deficiencias no desaparecen mediante discursos. Un paciente que necesita medicamento, un médico que requiere instrumental o una enfermera que trabaja en condiciones inadecuadas necesitan soluciones, no estadísticas.

Pero existe una segunda narrativa.

Es aquella que pretende presentar cada deficiencia como demostración del supuesto colapso absoluto del sistema; que convierte cualquier inconformidad en prueba irrefutable del fracaso gubernamental y que, en determinados episodios, termina mezclando demandas laborales o sanitarias con intereses claramente políticos.

Ahí comienza el problema.

En días recientes ha cobrado notoriedad la participación de un médico activista que denuncia carencias y falta de medicamentos. Sus señalamientos deben escucharse y, cuando corresponda, comprobarse y atenderse. Pero también resulta legítimo preguntar dónde termina la denuncia profesional y dónde comienza el activismo político.

Porque una bata blanca tampoco puede convertirse en patente de imparcialidad.

El material difundido en redes sociales y la participación pública de actores vinculados con movimientos políticos obligan, cuando menos, a analizar el contexto completo. No basta afirmar que detrás de toda protesta existe una conspiración opositora; hacerlo sería tan simplista como sostener que cualquier denuncia demuestra automáticamente el derrumbe de los servicios de salud.

El antecedente tampoco ayuda.

En movilizaciones anteriores relacionadas con el sector aparecieron personajes con trayectoria política, incluidos ex candidatos de Movimiento Ciudadano y actores vinculados con organizaciones opositoras. Su presencia no vuelve falsas automáticamente las demandas de trabajadores, médicos o pacientes, pero inevitablemente modifica la lectura pública de una protesta cuando quienes buscan capitalizarla tienen intereses partidistas reconocibles.

Y ése es precisamente el riesgo: politizar una causa legítima hasta terminar restándole credibilidad.

Y es justamente en el terreno de los hechos donde ambas narrativas deben someterse a prueba. Mientras el médico que aparece en el video sostiene que no existen medicamentos e insumos suficientes, las supervisiones realizadas personalmente por Rocío Nahle ofrecen un panorama bastante más complejo: sí existen medicamentos y material de curación en los hospitales, aunque también se han detectado faltantes de determinadas claves, problemas de distribución e incluso excedentes que deben trasladarse de una unidad a otra.

La propia mandataria informó el 5 de octubre que ya había recorrido 28 de los 61 hospitales y que entra directamente a farmacias y almacenes para contrastar las denuncias con las existencias registradas. No se trata, entonces, de negar las carencias, sino de determinar dónde están, qué hace falta y por qué un medicamento puede existir dentro del sistema y no estar disponible en el lugar donde se necesita. Esa comprobación directa resulta indispensable frente a cualquier intento de reducir una problemática compleja al eslogan de que “no hay medicamentos”; pero también obliga al gobierno a corregir inmediatamente los faltantes comprobados. Ahí es donde los hechos permiten distinguir entre una denuncia sustentada y una narrativa política construida alrededor de ella.

La oposición tiene todo el derecho de cuestionar al gobierno. Los trabajadores tienen derecho a protestar. Los médicos pueden denunciar aquello que consideren incorrecto. Y el periodismo tiene la obligación de investigar las carencias.

Pero también existe la obligación de informar quién convoca, quién acompaña, quién amplifica y qué intereses políticos existen alrededor de determinadas movilizaciones.

Del otro lado, el Gobierno de Veracruz tampoco puede utilizar la existencia de activistas opositores para descalificar cualquier señalamiento. Si faltan medicamentos, hay que surtirlos. Si falta equipo, adquirirlo. Si existen hospitales deteriorados, rehabilitarlos. Y si hay irregularidades administrativas, corregirlas y deslindar responsabilidades.

La mejor respuesta frente a una campaña política no es otra campaña: son resultados.

Nahle parece haber entendido parte de ello al recorrer personalmente los hospitales y poner sobre la mesa un diagnóstico construido desde cada unidad médica. Ahora viene la parte verdaderamente importante: convertir ese diagnóstico en soluciones verificables.

Porque al final existen dos batallas diferentes. Una ocurre dentro de los hospitales y consiste en mejorar los servicios. La otra sucede en las redes sociales, las protestas y la arena política, donde gobierno y oposición disputan la narrativa.

La primera importa mucho más.

Y quienes verdaderamente deberían estar en el centro no son los partidos, los activistas ni los funcionarios.

Son los pacientes.

Al tiempo.

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