El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se encuentra en el centro de una controversia tras las revelaciones del diario Reforma sobre la adquisición de múltiples propiedades en el municipio de San Pedro Garza García. Según el reporte, García ha acumulado varios bienes inmuebles durante su campaña electoral y su tiempo en el cargo, lo que ha suscitado acusaciones de formar un «cártel inmobiliario».
Adquisiciones cuestionadas
El informe de Reforma, publicado el miércoles, destacó que García adquirió un terreno de 17.6 hectáreas en la exclusiva zona de «Mesa de la Corona». Sin embargo, el gobernador negó la propiedad de este terreno, afirmando que pertenece a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Según García, la empresa Gentor le entregó el terreno a su padre como pago por servicios jurídicos, una afirmación que Gentor ha desmentido.
Nuevas propiedades bajo escrutinio
El viernes, el diario continuó con sus revelaciones, detallando que Samuel García compró tres propiedades adicionales en San Pedro Garza García entre junio de 2022 y agosto de 2023, ya como gobernador. Estas adquisiciones fueron realizadas a través de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, de la cual García es copropietario junto a su padre.
Las nuevas propiedades incluyen dos terrenos en el Fraccionamiento Olinalá, con un valor reportado en escrituras de 17.63 millones de pesos, significativamente menor al valor comercial estimado. Estos terrenos fueron adquiridos el 30 de junio de 2022, cuando García llevaba apenas ocho meses en su cargo.
Propiedades anteriores
Además de estas adquisiciones recientes, García también obtuvo dos departamentos y un penthouse durante su campaña a gobernador en 2021. La suma de todas estas propiedades ha generado sospechas sobre la transparencia y la legalidad de estas transacciones.
El término «cártel inmobiliario» hace alusión a una posible red de adquisiciones y negociaciones inmobiliarias que podría involucrar conflictos de interés o uso indebido de poder. Este escándalo llega en un momento crítico para García, cuya administración ha sido objeto de varias controversias.
La situación plantea serias preguntas sobre la ética y la legalidad de estas transacciones. La ciudadanía y la oposición política demandan claridad y transparencia, mientras que las autoridades competentes investigan estos hechos.
El escándalo inmobiliario en torno a Samuel García es un tema delicado que podría tener implicaciones significativas para su carrera política y la percepción pública de su gobierno. La sociedad de Nuevo León espera respuestas claras y medidas concretas para asegurar que las acciones de sus líderes sean justas y transparentes.
con información de La Otra Opinión
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