Se aumentan penas al robo y comercialización de hidrocarburos

Con prisión de 20 a 30 años se castigará a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos aprobó el Pleno del Senado, con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

Con el dictamen se aumentan las penas por el robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

Los senadores respaldaron las reformas a los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que buscan disminuir la alta incidencia de estos ilícitos.

El proyecto también pretende garantizar la seguridad de las personas, ya que estos delitos se asocian con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.

El dictamen plantea, entre otras sanciones, de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Dispone una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para quien cometa dichas conductas.

Los legisladores avalaron la propuesta para imponer de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

El dictamen sanciona con pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley..