Senado avanza en Reforma de prisión preventiva oficiosa: Oposición la califica de ‘peor’ cambio

El Senado de México ha dado un paso significativo hacia la aprobación de una reforma que ampliaría la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, generando un fuerte rechazo por parte de la oposición.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que modifica el artículo 19 constitucional, incluyendo delitos como el tráfico de sustancias químicas y extorsión en el catálogo de crímenes que justificarían esta medida.

Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han calificado esta iniciativa como «la peor reforma», argumentando que su implementación podría llevar a la detención injustificada de miles de personas.

Ricardo Anaya, senador panista, expresó su preocupación: “Esto es probablemente el asunto más delicado por la implicación que tiene en decenas de personas”.

Anaya insistió en que no se trata solo de añadir delitos al catálogo, sino de cuestionar la figura misma de la prisión preventiva oficiosa.

Marko Cortés, líder del PAN, también criticó la reforma al señalar que actualmente hasta un 70% de los casos relacionados con esta figura terminan en absoluciones. “Esto solo lleva a las personas a la ‘universidad del delito’, donde si no eran delincuentes, se vuelven delincuentes”, advirtió.

Desde el PRI, Claudia Anaya Mota se unió a las críticas y recordó que desde la reforma de 2008 se ha abusado de esta herramienta. “La prisión preventiva no se está usando de manera excepcional; se ha convertido en una norma”, afirmó.

Carolina Viggiano, también del PRI, agregó que pasaríamos de seis a 22 delitos sujetos a esta figura, lo que representa un claro caso de “populismo judicial”.

En contraste, los senadores de Morena defendieron la reforma. Guadalupe Chavira argumentó que aunque hay personas encarceladas bajo esta figura, durante el sexenio anterior se registró el mayor número de preliberaciones. Manuel Huerta, otro morenista, acusó a la oposición de deshonestidad y aseguró que las reformas implementadas mejorarían la confianza en el sistema judicial.

Alejandra Barrales, representante de Movimiento Ciudadano, destacó que la prisión preventiva afecta desproporcionadamente a sectores vulnerables como mujeres y personas en situación de pobreza. “Desincentiva a las fiscalías a realizar investigaciones exhaustivas”, señaló.

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