Senado cancela contrato con Fonatur y despide a más de 600 trabajadores

El Senado de la República, bajo la gestión de Morena, ha tomado la controvertida decisión de cancelar el contrato con Fonatur Infraestructura S.A. de C.V., lo que afectará a 638 trabajadores que se encargaban del mantenimiento y limpieza en la Cámara Alta.

Este contrato, que llevaba más de 12 años en vigor, finalizará oficialmente el 31 de diciembre de 2024, dejando a estos empleados sin su fuente de ingresos.

Notificación y trámites administrativos

La notificación fue emitida por Juan Manuel Anaya Bermúdez, encargado de la gerencia de mantenimiento a terceros y representante legal de Fonatur.

En el documento, se solicitó a los trabajadores firmar de recibido para iniciar los trámites administrativos correspondientes. “Recibirán la liquidación conforme a lo estipulado por la ley, en base a su antigüedad en la empresa”, se indicó.

Desempleo y preocupaciones laborales

A pesar de que se garantiza el pago de sus derechos laborales, el despido masivo ha generado gran inquietud entre los afectados, muchos de los cuales tienen una edad promedio de 65 años. La situación es especialmente preocupante para aquellos que han estado bajo un esquema de outsourcing, un modelo laboral criticado por su falta de estabilidad y beneficios adecuados.

La periodista Leti Robles de la Rosa expresó su descontento en redes sociales, señalando que muchos de estos trabajadores han estado en el Senado durante más de 15 años. “Es inaceptable que se despida a personas que han dedicado su vida al servicio público”, argumentó.

Contexto del outsourcing

La cancelación del contrato con Fonatur también pone de relieve las críticas hacia el outsourcing, un régimen laboral que ha sido denunciado por su precariedad.

A pesar de las reformas legales que buscan eliminar este tipo de contratación, muchos empleados continúan sujetos a estas condiciones laborales desfavorables.

Medidas de ahorro o despidos masivos

Aunque algunos analistas sugieren que esta medida podría estar motivada por un intento del gobierno para ahorrar recursos, no se han especificado los motivos financieros detrás de esta decisión. La cancelación del contrato ha sido vista como una forma de recortar gastos, pero a costa del bienestar laboral de cientos de trabajadores.

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