El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el presupuesto extraordinario otorgado a las 50 sedes diplomáticas en Estados Unidos, en el que explique si una parte de estos recursos están destinados a subsanar irregularidades laborales que los empleados consulares han denunciado.
Los senadores destacaron que, en respuesta a las acciones del mandatario estadounidense, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que mil millones de pesos –que iban a ser destinados para construir una nueva sede del Instituto Nacional Electoral– fueran destinados a las 50 sedes diplomáticas de México en la Unión Americana.
Asentaron la necesidad de que la estructura de trabajadores consulares sea fortalecida ante “la carga extraordinaria de trabajo por la crisis que ya se desarrolla” y la gestión de un presupuesto extraordinario.
Denunciaron que persisten las denuncias sobre irregularidades laborales y un pliego petitorio de empleados consulares “que aún no ha sido cumplido a pesar del paso de los años”.
El 27 de enero del 2017, en reunión con legisladores representantes del Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo informó que se incrementarían los recursos destinados a la Red Consular de México en los Estados Unidos, a fin de que estén en mejores condiciones para reforzar la defensa de los derechos de nuestros connacionales en esa nación.
Sin embargo, cabe destacar que el Banco de México dio a conocer que por pago de IVA (16 por ciento) del consumo que se realiza en México por quienes reciben remesas del exterior, el Servicio de Administración Tributaria recibe 5 mil millones de dólares.
De esta manera, se agrega en el dictamen, los más mil millones de pesos anunciados por el Poder Ejecutivo únicamente representan el 1 por ciento. Actualmente, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, sólo destina .0000001 por ciento para la atención de los mexicanos que residen en el exterior.
“Lamentablemente, aunado a ello, el enfoque de la protección de la SRE no incluye la separación de familias, las remociones sin debido proceso, las violaciones laborales con pérdida de derechos adquiridos, antigüedad y de la salud como una flagrante violación de derechos humanos”, manifestaron los legisladores, en el dictamen aprobado durante la sesión ordinaria del pasado 4 de abril.
