La Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo por el que recomienda a diversas autoridades que inicien una investigación para determinar si es posible atribuir algún tipo de responsabilidad penal a servidores públicos que, por acción u omisión, hayan intervenido directamente en la decisión de nombrar y mantener en el cargo de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, a pesar de que existían indicios que apuntaban a su vinculación con la delincuencia organizada y a grupos delincuenciales.
El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, presentó al pleno esta propuesta y solicitó a la Mesa Directiva su trámite de urgente resolución.
Dicho exhorto está dirigido a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía para Delitos Electorales, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La propuesta avalada por la asamblea también solicita a estas instituciones que inicien una investigación para determinar si los senadores del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza y Ricardo Anaya Cortés cometieron algún ilícito al otorgar un contrato a una empresa propiedad de García Luna, sin tener ningún sustento para hacerlo.
Lo anterior, explicó Loera de la Rosa, debido a que aún después de concluida su función, García Luna actuó en México a través de “empresas fachada” que vendían la experiencia y eficacia en materia de seguridad pública y en otros ámbitos, “y así logró contratos que sumaron recursos a lo obtenido como consecuencia de sus actividades delincuenciales”.
En el documento, el senador se refiere al “contrato millonario que le otorgó el Partido Acción Nacional con el argumento de que los asesoraría en temas de personal, lo que evidentemente no era su especialidad”, por lo que “debemos tener presente que estos recursos tienen origen público, es parte del financiamiento que ese partido recibió el año en que se otorgó el contrato”.
El punto de acuerdo aprobado también exhorta a Cortés Mendoza y Anaya Cortés a que, en el tiempo que dure la investigación, se separen de sus cargos para que la autoridad cuente con libertad de actuar, a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes.
Además, el Senado de la República solicitó al Instituto Nacional Electoral que investigue si los recursos otorgados por el Partido Acción Nacional a una empresa de García Luna fueron justificados, y en caso contrario, inicie los procedimientos legales para proceder a la cancelación del registro de dicha organización política.
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