La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que preside la senadora Marcela Guerra Castillo, analizará un punto de acuerdo que plantea la realización de mesas de trabajo con el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, a fin de generar un mecanismo de protección legal para los mexicanos beneficiados por el programa gubernamental Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA.
En el punto de acuerdo, presentado por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer mesas de trabajo con el Departamento de Estado, a cargo de Rex Tillerson; y a la Mesa Directiva del Senado le solicita iniciar comunicaciones y mesas de trabajo con el Congreso.
Señala que según estimaciones del Gobierno norteamericano, al 31 de marzo de este año, aproximadamente 800 mil personas detentaban el estatuto DACA y cerca de 200 mil personas lo obtuvieron en 2016 por primera vez o por renovación.
Los llamados dreamers, podrían perder dicha protección, afectando al menos a 622 mil 170 indocumentados nacidos en México; siendo los mexicanos quienes representan el 79 % de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA.
Además, planteó hacer un llamado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que cree un fondo económico para becar a los jóvenes estudiantes mexicanos que radican en Estados Unidos y puedan ser susceptibles a los cambios generados por la cancelación del programa.
El punto de acuerdo propone que la Secretaría de Relaciones Exteriores contrate a dreamers egresados de la licenciatura en Derecho, para integrarlos a la Red de Defensa Legal de los Consulados Mexicanos en Estados Unidos, a fin de ejercer una efectiva defensa de los jóvenes afectados, y todas aquellas medidas gubernamentales que afecten los derechos de mexicanos en esa nación.
Adicionalmente, solicita a la Red Consular de México en Estados Unidos sobre el número existente de repatriados en este proceso xenófobo por parte del Gobierno estadounidense, así como del seguimiento de los procesos de deportación iniciados a la fecha.
El Gobierno Federal a través de sus distintas dependencias debe realizar una estrategia de integración a la actividad productiva nacional para aquellas personas que han sido repatriadas., propone el Punto de Acuerdo del senador Pedraza Chávez.
