Columna de opinión
Tienditas en Oaxaca se irían a la quiebra
Gerardo Rivadeneira
Luego de que el Congreso local diera a conocer que en el estado de Oaxaca, las tiendas ya no podrán vender bebidas azucaradas y alimentos empaquetados a los niños, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que dicha decisión tendría consecuencias muy negativas.
Según un estudio de la consultoría Bain & Company, se reportó que durante el primer semestre dejaron de funcionar 150 mil “tienditas” en todo el país y, de acuerdo al presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, podrían cerrar hasta 58 mil pequeños comercios en Oaxaca. Además, los que permanezcan abiertos, reducirían sus ingresos hasta un 50 por ciento.
“Esto fomentará la pérdida de empleos y las ventas de las tiendas, promoverá la informalidad de los negocios y habrá más corrupción porque las inspecciones municipales pedirán mordidas y habrá extorsiones porque podrían ver a alguien vender un chocolate a un menor de 18 años”, afirmó Rivera.
Con 31 votos a favor, el Congreso local aprobó la iniciativa de la diputada de Morena, Magaly López, que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de productos de alto contenido calórico a menores de edad. Quien incurra en una falta y no cumpla con los estatutos podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.
Por si fuera poco, también se prohibió la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos en todo el estado, mientras que en todas las instituciones públicas o privadas de educación básica y media superior tampoco se podrán vender bebidas azucaradas o alimentos empaquetados.
Junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la ANPEC desea tener un diálogo con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y llegar a un acuerdo para que se vete o congele dicha reforma a la Ley, de lo contrario los comerciantes recurrirán al amparo.
Representantes de la Coparmex Oaxaca propusieron que se lleve a cabo una revisión minuciosa de la propuesta de la diputada Magaly López y tener un consenso de las acciones a tomar con la finalidad de beneficiar a la niñez sin afectar a la economía.
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