Lilia Arellano.
“Es la hora del gran combate a la desigualdad, es la hora de la superación de la pobreza extrema, es la hora de la garantía para todos de educación, de salud, de vivienda digna”: Colosio
• Tiradero administrativo
• Gestión de E. Peña Nieto, deficiente e ineficaz
• Mediocre crecimiento económico, menor a 2%
• Roe gasto pago de intereses a la deuda pública
• Elevan participaciones a Estados y municipios
• Pensiones rebasan capacidad financiera estatal
• Quintana Roo: indagan cerco de Medio Oriente
Ciudad de México, 13 de junio de 2017.- Conforme avanza el tiempo es evidente el tiradero en materia económica provocado por una administración federal deficiente, ineficaz, en una palabra: fallida. No sólo el mediocre crecimiento económico anual promedio, no mayor a 2 por ciento del PIB, sino sobre todo la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la inflación fuera de control del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirman los errores del gabinete a lo largo de este sexenio, sino también la exorbitante deuda externa, el pago de intereses por el servicio de la misma, la devaluación del peso, y los recortes a los programas sociales, año con año, dan cuenta de los fallas cometidas, en un afán de concentrar y mantener el poder, y consolidar negocios particulares al amparo del mismo.
La gestión actual no cumplió con las expectativas creadas a lo largo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Cuatro años y medio han transcurrido y se mantienen los pendientes en materia económica y, lo peor, crece la pobreza. Los pretextos han sido muchos, pero las promesas de un mejor futuro se mantienen en los discursos oficiales, aunque esa esperanza ya quedó fuera de este sexenio. Recientemente se intentó explicar el porqué de los recortes a los programas de gobierno, sobre todo en materia social, a través de la conocida frase “no hay dinero”, y el poco que hay, dicen, se reparte a Estados y Municipios y se utiliza para el pago de pensiones y, claro está, al pago de intereses del creciente endeudamiento del gobierno federal. Son sólo justificaciones a un manejo deshonesto de las finanzas públicas y una administración fallida.
Las finanzas del país resienten fuertes presiones y reducen el margen de maniobra para hacer eficiente el gasto público, algo que no se ha logrado a la fecha. El gobierno federal, se dice, esta “estrangulado” por esos gastos y de ahí se pretende justificar los recortes a diferentes rubros del gasto programable. “Vamos a llegar al 2018 sin un salvavidas llamado remanente de operación; esta idea de tener un superávit para el 2018 no va a ocurrir y hay rubros que están muy castigados y que ya no se pueden recortar. Entonces, ¿cómo le van a hacer para cuadrar el 2018? Se ve en chino”, advirtió Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
Según la dependencia manejada actualmente José Antonio Meade, en el primer cuatrimestre del año, los recursos destinados al pago de intereses por el endeudamiento del gobierno federal, el pago de pensiones y las participaciones entregadas a estados y municipios. Absorbieron 40% del gasto neto pagado del sector público. Esta proporción, reportó la SHCP, ha venido en aumento y en el mismo periodo del 2016 significó 35.3% del gasto neto del sector público y para el 2015 la relación era de 31.9 por ciento. A esos tres componentes se destinaron en el primer cuatrimestre de este año 627 mil 452.6 millones de pesos, un incremento de 11 por ciento real, respecto a lo gastado en los primeros cuatro meses del 2016.
A las entidades federativas, dice Hacienda, se destinaron 267,539 millones de pesos, es decir el 43% del total, lo cual significó un incremento real anual de 9.5 por ciento. Al pago de pensiones se canalizaron 231,139 millones de pesos, es decir el 37 por ciento, lo cual representa un incremento real anual de 2 por ciento. Al costo financiero de la deuda, es decir, el pago de intereses, enviaron 128 mil 427 millones de pesos, 37.4% mayor a lo que se destinó en los primeros cuatro meses del 2016. Además, representó una quinta parte del gasto a los rubros señalados.
Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, advierte: el pago del servicio de la deuda absorberá más recursos este año por los incrementos en las tasas de interés y la volatilidad en el tipo de cambio. “Según los precriterios de Política Económica, se pagarán 25,900 millones de pesos más de lo que se espera pagar en este año. Ello podría implicar se dejen de destinar mayores recursos a rubros como educación y salud”.
Hacienda ha sido incapaz de controlar el aumento total de endeudamiento. De hecho, en los últimos meses se aceleró la contratación de deuda externa de México. El saldo de empréstitos del sector público fue de 180,647 millones de dólares al cierre de enero pasado. En 2016 cerró en 177,693 mdd y en 2015 finalizó en 161,609 mdd. Este creciente endeudamiento se utiliza en su mayor parte para cubrir las necesidades el gobierno federal, así como de Pemex –ya en avanzado estado de desaparición- y la CFE, además de la banca de desarrollo.
Los tecnócratas hacendarios apuestan a la apreciación del peso, pero esto, como se ha visto, es arriesgado. Si la monedad se aprecia, la deuda se achica, pero, como ha sucedido, si la apuesta sale mal y la moneda se devalúa, la deuda crece. El año pasado el peso se devaluó 16.61 por ciento. En este año ha recuperado valor y se encuentra en su mejor nivel en meses, apuntalado por los constantes aumentos en la tasa de interés del Banco de México y tras la subasta de coberturas cambiarias de la Comisión de Cambios. Este martes, el dólar estadounidense se cotizaba a la venta en 18.40 pesos en las principales ventanillas bancarias del país. Operaba estable tras registrar su mejor nivel desde mediados de agosto del año pasado, mientras el mercado aguardaba el anuncio de política monetaria que hará este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos.
El creciente ritmo de endeudamiento del país tiene a la calificación crediticia pendiendo de un hilo. Las tres agencias calificadoras más grandes la tienen en revisión para una posible baja. De hecho, la deuda está cerca del límite prudente recomendado por los organismos internacionales, de acuerdo al estudio Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector Público Federal, realizado por la Auditoría Superior de la Federación. Durante el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del de Enrique Peña Nieto ésta ha crecido a un ritmo preocupante. Ha sido utilizada para impulsar la actividad económica –con poco éxito-, para evitar se profundice la contracción y financiar el déficit presupuestario en que ha incurrido el gobierno federal.
PARTICIPACIONES A LOS ESTADOS
Recursos enviados a entidades y municipios provienen del Ramo 28 Participaciones Federales, las cuales representan el principal componente del gasto federalizado. Forma parte del gasto no programable y su monto definitivo depende de los recursos recaudados por el gobierno federal durante el ejercicio fiscal, vía impuestos e ingresos petroleros, por lo cual indirectamente depende de los niveles de la actividad económica y petrolera que se registre durante el transcurso del año.
Las participaciones significan la mayor proporción de recursos de libre disposición y generalmente se destinan como la principal fuente de pago de sus financiamientos contratados a largo plazo con la banca comercial y de desarrollo.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, en el cuarto mes de 2017 los estados y municipios recibieron 6.6 por ciento menos recursos comparados con el mismo mes del 2016. No obstante, al considerar las participaciones acumuladas de enero a abril de este año, el balance es positivo para los territorios del país, los cuales recibieron 267,800 millones de pesos, es decir, 15.2% por arriba de lo obtenido durante igual lapso del año pasado.
Las entidades federativas reportan un incremento nominal de entre 10 y 37.6 por ciento con excepción de Tabasco y Campeche que registraron caídas, de 9.9% y 4.3%, respectivamente, según Fitch. Las más favorecidas fueron: Baja California (37.6%), San Luis Potosí (30.8%), Colima (29.3%), Baja California Sur (26.3%), Nayarit (22.3%), Hidalgo (21.9%), Chihuahua (21.6%) y Jalisco (20.2%).
La reducción de las participaciones en el mes de abril se debió a dos situaciones: la primera, en abril, los estados y municipios recibieron participaciones adicionales a lo estimado (poco más de 10,000 millones de pesos) por la activación del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). “Ello ayudó a mitigar la reducción de participaciones recibidas durante el primer trimestre de ese ejercicio”, de acuerdo con Fitch.
Y la segunda razón: para la distribución de las participaciones del cuarto mes de 2017, los ingresos tributarios que forman parte de la recaudación federal participable no mantuvieron la dinámica creciente de meses anteriores.
La mejor forma de reducir los gastos destinados a participaciones es obligando a los estados a realizar una reforma en su sistema fiscal. “Hay gobiernos que sí han hecho esfuerzos por mejorar su recaudación, pero hay otros a los que ya se les hizo costumbre estirar la mano a la Federación…”, observó Raymundo Tenorio.
PENSIONES AUMENTAN LA EROGACIÓN FEDERAL
Las pensiones en México para el grueso de los jubilados son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. El problema se agrava porque se acerca la fecha de caducidad de los distintos sistemas de pensiones coexistentes en el país, con consecuencias para las finanzas públicas. De hecho el problema ya rebasó la capacidad financiera del estado mexicano. Y a las pensiones insuficientes y al hueco financiero producido, se suman casos de mal manejo, como los encontrados por la Auditoría Fiscal de la Federación, quien desde su informe de 2013 reportó casos de pensionados en la Universidad de Nuevo León receptores más de 200,000 pesos mensuales.
El aumento en la expectativa de vida, la cual ya sobrepasa los 70 años, extiende el tiempo de cobertura de las pensiones y configura una amenaza más para los recursos públicos. A fin de cubrir el hoyo hecho a las finanzas estatales, cada año el gobierno mexicano toma más de 500 mil millones de pesos, equivalentes a 3.8% del PIB, recursos que deberían ir a dependencias federales como las secretarías de Estado.
En el presente sexenio, el gasto erogado por el gobierno federal debido a el pago de pensiones del sector público se ha incrementado de 429 mil 237 millones de pesos en 2012 a más de 611 mil 200 millones de pesos en el último año. El monto de ese gasto se elevó en casi 182 mil millones, lo cual significa un aumento de 42 por ciento, como consecuencia del incremento de trabajadores que están llegando a la edad de jubilación.
De acuerdo a las cuentas públicas, en el ISSSTE el pago de pensiones en 2012 totalizó 112 mil 915 millones de pesos, montó incrementado a 154 mil millones en 2016. En Pemex, la erogación en dicho rubro se elevó de 30 mil 900 millones al inicio de esta administración federal a más de 47 mil 400 millones el año pasado, es decir, casi 53 por ciento. En la CFE, en el mismo periodo el monto de este gasto pasó de 20 mil a 32 mil 600 millones, 62 por ciento más.
Tanto en Pemex como en la CFE se realizaron cambios contractuales exclusivos para los trabajadores con antigüedad a fin de mantener la prestación de las jubilaciones. Se introdujeron modificaciones para las nuevas generaciones de empleados con el objetivo de evitar reciban pensiones por parte de estas empresas del Estado, y enviarlas a cuentas individuales de ahorro, es decir, las Afores.
Por lo que toca al IMSS, la erogación a los trabajadores retirados, la cual era de 205 mil 900 millones de pesos al empezar esta administración, a 2016 ya era de 287 mil 400 millones, es decir, casi 81 mil 500 millones adicionales. Y en cuanto a las pensiones militares y de gracia, civiles, viudas de veteranos, compensaciones de carácter militar, ayudas por defunción de estos trabajadores, pasó en ese periodo de 59 mil 300 millones de pesos a más de 84 mil 700 millones de pesos, es decir, 42.8 por ciento más.
Pero la mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales. El gobierno federal ya destina el equivalente al 3.1% del PIB para el pago de pensiones estatales y toma ese dinero del gasto programable, es decir, de lo que hace llegar a entidades federales, como las secretarías de estado.
Cabe destacar que los principales sistemas de pensiones contributivas, el IMSS e ISSTE, sólo cubren a 39.9 por ciento de la población económicamente activa (PEA), esto es cerca de 56.6 millones de personas. Y aún así, con el esquema actual, el trabajador sólo obtiene entre 30 y 40% de su último salario. Si a eso agregamos que en los últimos 20 años los trabajadores han perdido el 72 por ciento de su poder adquisitivo, tenemos un panorama completo de la difícil situación de los trabajadores jubilados en el país. De los que se encuentran en la economía informal, mejor ni hablamos.
CERCO DE MEDIO ORIENTE
Por alguna extraña razón y en diversos tiempos se ha privilegiado la llegada de descendientes de árabes al poder, no sólo al político sino al económico. Al Club Libanés acuden quienes van conformando un impenetrable círculo social. En épocas no lejanas eran muchos los nombres de gobernadores cuyos antepasados llegaron a nuestro país en muy apretadas condiciones económicas. Estaba Neme en Tabasco, Borge en Quintana Roo, Salomón Azar en Campeche. Uno de los libaneses en la cumbre del dinero es Slim. En lo religioso, el obispo Chedraui lleva la mano.
Emparentarse entre la comunidad sigue siendo muy provechoso. El cozumeleño Eliezer Villanueva contrajo nupcias con quien sabiamente le dio un consejo familiar: irse al Líbano. Hace tiempo se sabía de la existencia de una fábrica de aceite de oliva, de la cual el ex operador financiero de los dos últimos ex gobernadores de Quintana Roo es el propietario, de ahí no extraña hubiese decidido poner tierra y mar de por medio para mantenerse en libertad.
De los más de una decena de funcionarios del sexenio anterior señalados, sin duda dos centraron el control económico pero también acumularon rencores de sus homólogos y la burocracia. Resultaría impensable para cualquier persona ajena a la entidad, el concebir hubiese sido el último piso, la azotea del Palacio de Gobierno quintanarroense, el lugar en donde se ubicaba una muy pequeña oficina desde la cual despachaba Villanueva. Si las paredes de esa reducida estancia hablaran darían testimonio de aprobaciones, cancelaciones, movimientos bancarios, instrucciones, negociaciones, hechas en la mayoría de los casos con el único fin de hacer negocios y dinero.
Juan Pablo Guillermo, ex secretario de Finanzas, al igual que otros funcionarios, recibía instrucciones del mandatario estatal, pero era Villanueva quien decía cuándo, cómo y cuánto. Hasta hace unas semanas, resultaba inexplicable el silencio tendido sobre ambos personajes, sin embargo sus expedientes y los de otros implicados están en manos no sólo de la Fiscalía quintanarroense sino también en las de la PGR, vía investigaciones y denuncias presentadas por el SAT y Hacienda. No son pocos los judiciales extrañados de las constantes comunicaciones entre el senador Emilio Gamboa y el procurador general de la República, relacionadas con el caso Quintana Roo. El legislador yucateco ha manifestado con inusual frecuencia su interés por el rumbo del gobierno y la política quintanarroense. Sin embargo, todo apunta a contar, en estos momentos, con el ánimo de respaldar a César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, con quien, afirman, mantiene una ventajosa sociedad.
Poco se habló de las investigaciones en torno a Gabriel Mendicuti y Alonso Ovando; los nombres de quienes se apropiaron del dinero destinado al campo no se han dado a conocer, sin embargo, circula con fuerza el de Luis González. Impensable para muchos era la entrada de Gabriela Medrano, ex legisladora del Partido Verde, en el círculo conformado por quienes, presuntamente, abusaron en todos los órdenes de los cargos conferidos.
Ya se verá la fortaleza de Jorge Emilio González al negociar no se prive de la libertad a una de sus pupilas preferidas y también habrá de ser visible la actitud de los alcaldes Remberto Estrada y Laura Fernández de llegarse a las consecuencias debidas en el caso de su compañera de partido.
Al existente y muy grave problema de inseguridad se suma esta esperada sacudida política en donde, por cierto, no son todos los que están, ni están todos los que son.
DE LOS PASILLOS
La inutilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) fue exhibida una vez más el lunes por la noche. La reunión de un grupo de consejeros del INE con representantes de los partidos para revisar las inconformidades en los comicios del 4 de junio, fue descalificada por el representante del PAN, Francisco Gárate. “El verdadero propósito e intencionalidad de la reunión por parte de los consejeros era sopearnos, ver qué inconformidades traíamos y qué argumentos y pruebas, para preparar posteriormente sus respuestas. Fue una reunión tramposa y amañada: no había intención genuina ni auténtica de revisión; están a la defensiva, no tienen capacidad de autocrítica”, aseguró el panista…
El papel de comparsa asumido por el presidente del INE se manifestó una vez más en dicha reunión. Lorenzo Córdova calificó como “poco informado” el debate que hay en torno a los pasados cuatro procesos electorales. “Lo que ha ocurrido en los días pasados ha sido un debate sí muy intenso, ríspido como es deseable en las democracias, pero también poco informado…”. Córdova ofreció aclarar qué es lo que pasó con los sistemas del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que tuvieron un comportamiento atípico, lo cual, si lo hace, lo agradecerán los electores inconformes, tras considerar conveniente detectar problemas atribuidos a las “casualidades” o de una serie de decisiones las cuales probablemente no fueron las correctas… Así es como Córdova desprestigia aún más al árbitro electoral nacional.
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