Usted conoce la historia: En septiembre de 1894, el Servicio de Inteligencia del Ejército francés descubrió el borrador de un documento destinado al agregado militar alemán en París en el que su anónimo autor le anunciaba el pronto envío de secretos militares franceses. El 15 de octubre era detenido, como presunto autor del borrador, el capitán de Estado Mayor Alfred Dreyfus (1859-1935), miembro de una adinerada familia de industriales alsacianos judíos.
Juzgado por un tribunal militar, Dreyfus fue condenado el 21 de febrero de 1895 a reclusión perpetua por alta traición, expulsado del Ejército y deportado a la isla del Diablo (Guayana).
Que Dreyfus era inocente y que el espía y culpable era el coronel Esterhazy lo supo ya en marzo de 1896 el nuevo jefe del servicio de inteligencia militar, el teniente coronel Picquart. El affaire pudo haber quedado en un grave error judicial. Pero degeneró en un gigantesco (y criminal) falseamiento de la justicia: altos cargos del Ejército y responsables del Ministerio de la Guerra, creyendo ver en peligro la propia seguridad del Estado si se revelaba la verdad, optaron por el encubrimiento y procedieron a forjar pruebas falsas para incriminar definitivamente a Dreyfus, exonerar al verdadero culpable –lo que se hizo en enero de 1898– y mantener el veredicto inicial.
Pero la conspiración fracasó. Amigos y familiares de Dreyfus lograron acumular y hacer públicas pruebas irrefutables de su inocencia. El affaire se convirtió en un gravísimo asunto de Estado. Adquirió, además, dimensiones sensacionales cuando el novelista Émile Zola, tal vez el escritor más conocido del país en ese momento, publicó en un periódico, el 13 de enero de 1898, una carta abierta al presidente de la República titulada Yo acuso, en la que, a la vista de la evidencia, denunciaba a varios ministros de la Guerra, a algunos oficiales de Estado Mayor y a los tribunales militares implicados, y les acusaba de haber fabricado las pruebas contra Dreyfus. Más aún, en el proceso que, a instancias del Ministerio de la Guerra fue sometido, Zolá pudo demostrar la veracidad de sus afirmaciones y probar por tanto la falsedad de las acusaciones levantadas contra Dreyfus. Aunque éste aún tuvo que esperar varios años hasta verse exonerado y readmitido en el Ejército, su causa había triunfado.
REIVINDICADO TAMBIÉN EL EJÉRCITO
“Mi general Dauahare”, como prácticamente todo mundillo político conoce al gallardo militar Tomás Ángeles Dauahare no tuvo que esperar años, pero sí largos meses para ser liberado de los cargos que, en complicidad criminal, le fabricaron Felipe Calderón, Guillermo Galván, Marisela Morales y, among all people, Genaro García.
Pocas horas después del anuncio de su arbitraria detención y faltando aún 120 largos días para que terminara la ocupación de Los Pinos a cargo de los calderonistas, usted leyó aquí que “Otra de las batallas perdidas por Felipe Calderón es la de su acusación en contra de los generales del Ejército Nacional Mexicano Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González: no hay quien crea que alguno de los tres es culpable de mantener vínculos con el crimen organizado. Más bien, la percepción más extendida gira en torno a cuestiones políticas o, incluso, de pueriles venganzas personales.”
Y sí, de acuerdo al juez que ordenó la liberación del general Ángeles, no había pruebas ni sustento y, claro, ni verdad en las acusaciones, con lo que se confirma lo que entonces era mera sospecha. El militar fue víctima de venganzas personales y de circunstancias políticas que los calderonistas consideraron les eran no sólo adversas, incluso peligrosas.
Por tal fue que, a través de sus gatilleros en los medios, lo inculpaban hasta de haberse ofrecido a negociar con Los Zetas, versión inverosímil hasta para los no militares.
Tomás Ángeles, se comprueba también hoy, fue un instrumento que el incendiario Felipe Calderón empleó –mientras, beodo, tocaba la lira– para intentar destruir el prestigio de una institución más: el Ejército.
Lo decía por aquellas fechas otro general a quien respeto: Jorge Carrillo Olea:
“Con una u otra interpretación y a pesar de su contribución a mejorar o impedir el mayor deterioro de la seguridad pública en casi medio territorio nacional, su prestigio (el del Ejército) en lo general ha sido lastimosamente herido. Eso a nada ni a nadie conviene, son costos de la irresponsabilidad de Calderón que cada día alardea para intentar salvar su figura ante la historia, como en su esquizofrenia textualmente lo ha dicho.
“Por encima de lo que es ya ese drama, ahora se presenta el inaudito caso de tres generales teóricamente involucrados en el narcotráfico. Nadie puede hablar de una supuesta culpabilidad y sí se debe sostener, hasta sentencia de juez, la presunción de inocencia. Pero esto resulta meramente teórico. Hay un daño mayor al que ya sufrieron esos posibles inocentes sentenciados ya públicamente. Ese daño es a las Fuerzas Armadas y es más que serio, es funesto.
“Lo terriblemente preocupante, frustrante y que conduciría a la enfática expresión de que por ese camino ni un paso más, es la deslucida conducta de las autoridades, lo desaseado de los métodos aplicados en la procuración de justicia, la violación de garantías, lo endeble y sospechoso de las imputaciones, la perversión evidente de supuestos acusadores, que imputan lo que la autoridad quiere, pues son sujeto de recompensa al abreviarse sus penas a cambio.”
Índice Flamígero: Otros tiempos, otras costumbres: La Secretaría de la Defensa Nacional, ahora titulada por el general Salvador Cienfuegos, recibió con satisfacción la liberación de Tomás Ángeles Dauahare, general de División Diplomado de Estado Mayor. La dependencia expresó su reconocimiento a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia del país, cuyo titular es Jesús Murillo Karam, “como garantes del Estado de Derecho actuando bajo los principios de legalidad e imparcialidad, que garantizan la certeza jurídica para todos los mexicanos”.
