En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la división entre los ministros se profundiza. Este martes, un grupo de ministras cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó unirse al paro indefinido de labores convocado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en protesta contra la reforma judicial del presidente.
La controversia estalló tras una sesión privada en la que ocho ministros decidieron apoyar la suspensión de actividades, en alineación con la decisión tomada el lunes por la mayoría de los trabajadores del alto tribunal.
Estos ministros, incluyendo a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, respaldaron el paro argumentando la importancia de la protesta frente a la reforma judicial en discusión.
Sin embargo, tres ministras —Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf— se opusieron firmemente al paro.
En un comunicado conjunto, expresaron que su responsabilidad constitucional les obliga a continuar con la impartición de justicia, y advirtieron que el paro podría derivar en juicios políticos contra sus colegas.
Las ministras opositoras sostienen que el artículo 109, fracción I, de la Constitución Mexicana permite la destitución y la inhabilitación de ministros por omisiones que perjudiquen los intereses públicos.
Además, argumentan que el Código Penal Federal clasifica como delitos la omisión en el servicio público y el cobro indebido durante un paro, subrayando que los ministros que se sumaron al paro debieron renunciar a su salario durante el tiempo de suspensión.
El artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del PJF también se menciona en su argumento, indicando que el incumplimiento de funciones puede acarrear responsabilidades.
Con información de La Otra Opinión
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