Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos contra integrantes del Poder Judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) acumula 248 casos de servidores públicos sancionados o investigados por asuntos relacionados con su oposición a la reforma judicial o con resoluciones consideradas contrarias a la Cuarta Transformación.

De acuerdo con información proporcionada por Rufino H. León Tovar, magistrado del TDJ, 75 servidores públicos recibieron 95 sanciones mediante resoluciones firmes, mientras que otros 173 enfrentan investigaciones formales mediante procedimientos administrativos.

Los expedientes incluyen a jueces y magistrados que concedieron suspensiones contra la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.

Entre los casos se encuentra el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos, quien enfrenta un procedimiento disciplinario iniciado el 11 de marzo de 2026 a petición de la Secretaría de Gobernación. El expediente se relaciona con la admisión y concesión de suspensiones dentro del juicio de amparo 1251/2024 contra la reforma judicial.

La exjueza, quien renunció anticipadamente para no participar en la elección judicial, es investigada por presunta contravención a la Ley de Amparo, desacato a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y supuesto conflicto de interés.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Magaña López sostuvo que las acciones en su contra responden a decisiones tomadas durante el gobierno anterior.

“La orden para iniciar este procedimiento, así como juicio político y denuncia penal, vino directamente de AMLO y así se concretó, mi denunciante es la Consejería Jurídica de Secretaría de Gobernación”, declaró.

La exjueza también denunció una aplicación selectiva de las investigaciones, pues aseguró que otros juzgadores que concedieron suspensiones similares no enfrentan procedimientos disciplinarios.

Otro expediente corresponde a José Antonio Lozano Batarse, juez de Distrito en retiro que estuvo adscrito a Coahuila. El juzgador tuvo su primera audiencia el 25 de septiembre de 2026 por un procedimiento relacionado con la suspensión provisional que concedió parcialmente en el amparo 1364/2024.

Lozano Batarse es acusado de desviación de la legalidad por una resolución vinculada con el proceso de reforma constitucional. Según explicó, la denuncia original fue desechada por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero después fue reactivada y ampliada.

“La denuncia administrativa ya se había desechado de manera fundada y motivada por el Consejo de la Judicatura Federal, y se reactivó por un recurso formulado por quien ahora dirige el órgano de administración, lo que denota falta de imparcialidad, pues mejoró y amplió la denuncia original para así encuadrar de manera forzada los hechos como ‘falta grave’. Es lamentable que haya una persecución contra quien ‘se atrevió’ a ejercer sus funciones constitucionales”, declaró.

Las investigaciones también abarcan el ámbito penal. Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, juez de Distrito, enfrenta una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos contra la administración de justicia.

Juan Gerardo Anguiano Silva, juez en retiro, enfrenta ocho procedimientos administrativos simultáneos, todos clasificados como graves, por amparos y suspensiones provisionales concedidas durante su gestión en el Juzgado Octavo de Distrito en Michoacán.

Anguiano Silva prepara una estrategia de defensa basada en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que las acusaciones responden a sus decisiones jurisdiccionales.

También está el caso de Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza en retiro de Aguascalientes, quien enfrenta procedimientos por haber concedido suspensiones contra la reforma judicial.

La juzgadora cuestionó que el TDJ investigue resoluciones emitidas antes de su instalación. Según afirmó, existe un dictamen de la propia Comisión de Investigación que considera que los hechos atribuidos carecen de relevancia suficiente para ser investigados.

“Es una cacería, no se explica de otra forma, dado que existe un dictamen de la comisión de investigación del propio Tribunal de Disciplina Judicial en el sentido de que la acción que se me adjudica no tiene relevancia ni trascendencia para ser investigada. Además, se trata de una cuestión de criterio jurídico que no debiera ser objeto de investigación (…) es inconstitucional que el Tribunal de Disciplina Judicial me haya instaurado un procedimiento disciplinario respecto de hechos acaecidos antes de su instalación (…) hicimos lo correcto al resolver de forma independiente y autónoma, de eso jamás me arrepiento”, declaró.

De acuerdo con las constancias citadas por EL UNIVERSAL, la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación presentó diversas quejas contra juzgadores que otorgaron suspensiones relacionadas con la reforma.

En un inicio, la Comisión de Disciplina del extinto CJF desechó las denuncias al considerar que las resoluciones jurisdiccionales no debían revisarse mediante procedimientos administrativos.

Sin embargo, en marzo de 2025, una votación de cuatro contra tres en el pleno del CJF modificó ese criterio y permitió que continuaran las investigaciones.

María Emilia Molina de la Puente, magistrada en retiro y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), acusó que los procedimientos forman parte de una estrategia contra quienes ejercieron sus funciones con independencia.

“Confirman que el aparato oficial del Estado ha desplegado una estrategia coordinada de asfixia legal y persecución contra los juzgadores que decidieron resolver en ejercicio de su independencia”, señaló a EL UNIVERSAL.

Martha Eugenia Magaña llamó a los integrantes del Poder Judicial que enfrentan investigaciones a denunciar públicamente sus casos.

“Esto que vivimos es una afrenta política que tiene un solo fin: mandar un mensaje de autoridad al resto de los titulares. Pero yo les digo a todos los juzgadores en funciones: ‘esto te puede pasar a ti si no resuelves como al régimen le conviene’”, expresó.

Para el 8 de octubre está prevista una audiencia contra Magaña López. Integrantes y exintegrantes del Poder Judicial preparan una manifestación en su respaldo afuera del Tribunal de Disciplina Judicial.