En medio de intensos debates y preocupaciones, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un Tribunal de Disciplina Judicial ha desatado una ola de críticas y alertas entre magistrados, académicos y activistas, quienes advierten sobre los riesgos de politización y retroceso en el sistema de justicia mexicano.
Expertos en derecho y representantes del Poder Judicial han señalado que esta iniciativa podría convertirse en un instrumento de persecución y censura judicial, más que en una herramienta efectiva para fortalecer la integridad y la transparencia dentro del ámbito judicial.
La propuesta contempla establecer un órgano disciplinario con facultades para sancionar a jueces y magistrados, basándose en criterios ambiguos como el «interés público» y el sentido de las sentencias emitidas. Según críticos como Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia, esto podría abrir la puerta a una «cacería de brujas», donde las decisiones del Tribunal serían inatacables, dejando a los juzgadores en una situación de vulnerabilidad legal.
El académico Manlio Fabio Casarín León y la magistrada Hortencia María Molina han expresado su preocupación por la posible fragmentación y politización que este tribunal podría generar en el sistema judicial mexicano. Para ellos, la independencia judicial y el derecho a la defensa de los jueces podrían verse seriamente comprometidos bajo las disposiciones actuales de la propuesta.
Por su parte, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura, ha destacado que ya existen mecanismos de disciplina y sanción en el Poder Judicial que han sido efectivos, aplicando más de 264 sanciones desde 2018. Sin embargo, cuestiona la necesidad y la efectividad de crear un nuevo órgano que podría interferir con la autonomía judicial y la imparcialidad en las decisiones judiciales.
Desde el ámbito académico, Jacobo Medina Cañaveral y Marco Barrera Vázquez han instado a que cualquier reforma al Poder Judicial debe ser integral y basada en un diagnóstico profundo de la situación actual, evitando premisas políticas que podrían comprometer la efectividad y la legitimidad del sistema de justicia.
Flor de Rocío Arrieta Méndez, académica comprometida con la defensa de la justicia independiente, ha advertido sobre los peligros de politizar el proceso judicial, enfatizando la importancia de mantener la integridad del sistema judicial frente a influencias externas, especialmente en épocas electorales.
Con información de MVS Noticias
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