El presidente electo Donald Trump ha comenzado a dar forma a su nuevo gobierno con un enfoque claro en la política antimigrante.
Entre sus primeros nombramientos, destaca la inclusión de Stephen Miller como subjefe de gabinete para políticas y Tom Homan, exdirector de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), como su “zar fronterizo”. Estos movimientos indican que sellar la frontera con México y llevar a cabo deportaciones masivas serán prioridades inmediatas en su administración.
Trump anunció en su cuenta de X que Homan será responsable de “la frontera sur, la frontera norte, y toda seguridad marítima y aérea”, además de encargarse de las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Homan, quien tiene un historial polémico en el manejo de la inmigración, fue el arquitecto detrás de políticas que incluyeron la separación forzada de familias durante el primer mandato de Trump.
“Me complace anunciar que Tom Homan se unirá a la Administración Trump”, escribió el presidente electo. Esta elección ha sido interpretada como una señal clara de que desde el primer día de su mandato, Trump cumplirá sus promesas de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal.
Homan ha sido criticado por su papel en el aumento de deportaciones durante su tiempo en ICE, donde implementó medidas drásticas que resultaron en la separación de miles de niños de sus familias. En una reciente entrevista, Homan afirmó que “las familias podrán ser deportadas juntas” bajo su supervisión, lo que ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos.
Analistas advierten que llevar a cabo una deportación masiva sería extremadamente costoso. Un informe del American Immigration Council estima que deportar a 13 millones de inmigrantes podría costar hasta 968 mil millones de dólares. Sin embargo, Trump ha dejado claro que no le preocupa el costo: “se necesita hacer”, afirmó.
Además del nombramiento de Homan, Trump también ha elevado a Miller a un puesto clave en su administración. Miller es conocido por sus posturas extremas sobre inmigración y ha propuesto el uso de la Guardia Nacional para realizar arrestos masivos y declarar una “emergencia nacional” para facilitar las redadas.
Entre las órdenes ejecutivas que se planean firmar el 20 de enero, día en que Trump asumirá oficialmente el cargo, se incluye la restauración del programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos. Sin embargo, expertos advierten que esto requerirá la aprobación del gobierno mexicano.
La estrategia antimigrante del nuevo gobierno también contempla desmantelar programas existentes que protegen a ciertos grupos vulnerables, como los solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Además, se están considerando cambios legales para limitar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en EE.UU. de padres indocumentados.Mientras tanto, defensores de derechos humanos como la ACLU ya están preparando demandas para bloquear estas medidas. Abogados especializados advierten sobre un posible “tsunami” legal que podría afectar gravemente a las comunidades inmigrantes.
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