La captura de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, generó una polémica inesperada el miércoles 14 de agosto en la Ciudad de México. La detención, que tenía lugar en el restaurante Gin Gin, en la colonia Roma, se vio frustrada por la intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía CDMX, informó que fue alertado directamente por el equipo de Corral sobre la intención de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de proceder con su detención. Lara acudió al restaurante para verificar la legalidad del proceso.
En una declaración a los medios, Lara explicó: “El señor Javier Corral decidió acompañarme para corroborar su situación jurídica. El oficio fue recibido a las 20:16 horas, minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial. El personal de Chihuahua NO contó con el permiso que se requiere.” Además, aclaró que la intervención no fue un rescate, sino una medida para asegurar el cumplimiento de la ley.
A pesar de la orden de aprehensión emitida el 9 de agosto bajo la causa penal 3050/2024, los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no pudieron proceder con la detención debido a la falta de autorización previa de la Fiscalía capitalina.
La situación subraya las tensiones entre las fiscalías locales y estatales en el manejo de casos de corrupción. Corral, quien enfrenta acusaciones de corrupción y peculado, sigue siendo una figura controvertida en el ámbito político, y este incidente resalta la complejidad de los procedimientos legales en casos de alto perfil.
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