Un cierto saborcillo de dulce justicia –tan escasa en nuestro país– dio a muchos el conocer que, en el último mes de diciembre, un grupo de campesinos campechanos derribaron en la capital de ese estado el busto de Juan Camilo Mouriño –uno de los dos secretarios de Gobernación que el sexenio pasado sufrieron percances mortales en accidentes aéreos– y lo sustituyeron por una cabeza de cerdo.
Justicia quizá poética que hoy tiene consecuencias en prosa legal y en contra del líder del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez), Luis Antonio Che Cu, demandado por la bancada panista en el Congreso de Campeche, lo que está asentado en la querella A.C.H./8426/2012.
En sus propias palabras, y a través de un correo electrónico, Che Cu me reitera que aquél fue un acto de desagravio a Jacinto Canek “y a millones de indígenas muertos en el olvido”. Por tal fue que “se quitó” el busto del extinto Juan Camilio Mouriño.
Narra que, tras ello, se dio una campaña de linchamiento en su contra. Y señala como autores de la misma a los coordinadores de las bancadas panista ¡¡¡y priísta!!! en el Congreso de la entidad que, al parecer, gobierna un señor que me dicen se llama Fernando Ortega.
Lo peor, denuncia Che Cu, es que ambos diputados, el blanquiazul y el tricolor, convirtieron al órgano legislativo en una suerte de tribunal donde ellos mismos juzgaron y sentenciaron al líder de la Freciez, sin que siquiera estuviese presente.
¿De qué acusan a Che Cu?
De todo cuanto usted pueda imaginarse: daños a propiedad ajena, vandalismo, motín, pandillerismo “y lo que resulte”, cual suele asentarse en las actas ministeriales. Los clásicos delitos que, invariablemente se levantan en contra de quienes disienten del status quo, para –producto ideológico muy rentable de El Sistema– hacerlos sentir inferiores, débiles, insignificantes e impotentes. Y que por todo ello, además, deberían sentir vergüenza de ellos mismos, de su identidad de clase, de su origen y de su esencia.
Lo sufren a diario los pobres, los indígenas, los marginados de todo el país.
“¿QUÉN POMPÓ?”
Pero ahora resulta que el busto –por paradójico que se lea– “trae cola”.
Me lo informa Che Cu quien, ante la acusación de “daños a propiedad ajena” se dio a la tarea de investigar quién poseía el busto de metal, quién había pagado sus materiales, al artista, a los trabajadores de la construcción que erigieron el pedestal, a… quién, pues, le había infligido un daño material.
Y resulta que a nadie.
Acudió al municipio de la capital campechana y, por las vías legales, solicitó conocer si el ayuntamiento había erogado el costo del monumento. Le respondieron por escrito –tengo copia– que no, que ni máis.
Hizo la misma petición al gobierno estatal. ¿Habían pagado las arcas de los contribuyentes campechanos el monumento en memoria de Mouriño?
No, tampoco. Fue la respuesta.
¿Quién pagó el costo del busto que no debió ser barato?
¿Acaso la familia de Mouriño “se cayó” –perdón por el verbo– con “la lana”, aún cuando tiene la bien ganada fama de exportar sus capitales a España y no dejar sino despojo y miseria en tierras mexicanas?
¿Habrá sido el aparato administrativo federal, entonces encabezado por el primer doliente de “Iván” –como en la intimidad le decía a Juan Camilo–, Felipe Calderón Hinojosa?
Y de haber sido así, ¿de qué partida presupuestal salieron los recursos para costear el busto del ser querido? ¿Del bolsillo del michoacano? ¿Hay una “etiqueta” para monumentos propios y de aquellos a quienes por ahí en Los Pinos eran los consentidos?
Preguntaría al IFAI, formalmente, si el caído monumento al caído se erogó con recursos de los contribuyentes de todo el país, pero que entre que les da flojera a las señoras y señores comisionados, entre que andan todos “agarrados del chongo” e investigando a Sigrid Arzt para saber porqué fue que ella los investigó, no deben tener tiempo para atender solicitudes ciudadanas.
El busto de Mouriño, pues, tiene “cola”. Y esa “cola” es la opacidad con la que desde el poder se manejan los recursos públicos, ¿no es así?
Índice Flamígero: A propósito de “estuatuas”, ¿y si la de Heydar Aliyev, finalmente retirada del Paseo de la Reforma, tiene como destino final el parque frontero al Palacio de Lecumberri? Tendría más de un simbolismo, ¿no cree usted? + + + ¿Se acuerda de Agustín Arellano, bajo cuya dirección el SENEAM y los controladores aéreos vivieron épocas negras y corruptas? A este personaje, incluso, se le llegó a responsabilizar del accidente aéreo en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, para más señas. Pues bien, ahora anda en Puerto Rico. Es representante de Aerostar, empresa interesada en la privatización del aeropuerto internacional de San Juan, el Luis Muñoz Marín. El caso es que, amante de las truculencias, lo hace con visa estadounidense de turista, esto es ilegalmente realiza trabajos para Aerostar. Más aún con$siguió una identificación –regulada por la Transportation Security Administration–, lo que por supuesto no tiene autorizado. Y apenas hace un par de días “ordenó” que le consiguieran una licencia para conducir vehículos de motor, sin seguir el riguroso proceso de ley al que se someten todos los boricuas. Genio y figura, ¡hasta en San Juan de Puerto Rico!
