El Ágora
Octavio Campos Ortiz
La pérdida de buena parte de la gobernabilidad se debe a la creciente violencia política que generan el crimen organizado y algunas reyertas entre grupos de poder no muy bien esclarecidas por la propia autoridad.
En todos los casos se trata de agresiones para amenazar, intimidar, frenar carreras políticas, incidir en procesos electorales, cobrar venganza por no aceptar pactos ilícitos o incumplirlos, imponer candidatos o suplantar a legales autoridades para ejercer el poder público e incluso crear tributaciones paralelas, como el cobre de derecho de piso u otorgar permisos para abrir negocios. También realizan labor social, auxilian a damnificados después de desastres naturales, dan regalos en el Día de las Madres, el Día del Niño o en Reyes, además de distribuir despensas u organizar eventos musicales.
El Estado constitucional ha claudicado en su función primigenia de dar seguridad a los gobernados y garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos. La pérdida de la gobernabilidad empoderó a los grupos criminales y permitió el deterioro del Estado de Derecho, por lo que dejó la gobernanza en grupos de poder fáctico que hacen las funciones de la autoridad como otorgar seguridad a comunidades enteras.
El crimen organizado no solo se circunscribe al narcotráfico, se extiende a la trata de personas -por explotación sexual, laboral o migrante-, el tráfico de armas y el lavado de dinero. En Chiapas y Oaxaca se da la violencia política mediante el desplazamiento forzado de comunidades enteras por disputas de tenencia de la tierra, razones étnicas o religiosas, así como la mafia de los polleros que comercian con migrantes. También se da el asesinato o desaparición de líderes sociales. Ante los desplazamientos o masacres prevalece la impunidad y la inacción de autoridades.
La violencia política ha acompañado el desarrollo histórico del país: golpes de Estado y asonadas militares en el siglo XIX, la Revolución Mexicana y su millón de muertos, los sucesivos magnicidios post revolucionarios, los homicidios políticos como los del general Serrano, el general Saturnino Cedillo o los muertos del henriquismo. También ejerció violencia política el propio gobierno al reprimir, en aras de mantener la estabilidad social, los movimientos magisteriales, médico, ferrocarrilero, electricista y los de estudiantes de 1968 y 1971.
Ahora son la delincuencia organizada y las facciones políticas en busca del poder los que ejercen el otrora monopolio estatal del uso de la fuerza. Asimismo, mediante esa violencia, los criminales se han apoderado de los procesos electorales y ellos deciden quién debe gobernar. Lo mismo financian campañas políticas en todos los niveles que imponen candidatos, eliminan contrincantes, secuestran aspirantes, amenazan a funcionarios electorales, inhiben el voto, alientan el abstencionismo y destruyen casillas.
La pérdida de la gobernanza provoca un sentimiento de abatimiento ciudadano, se asume que la violencia se impone al pacto social y que el Estado ya no es garante del respeto a la vida y a la propiedad. Se normaliza la connivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, se reconoce socialmente la corrupción y que es inherente a los servidores públicos.
Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial, que no los mueve la figura omnímoda, omnipotente y omnipresente de un jefe de Estado autárquico. Ello requiere de abandonar la narrativa basada en las falacias que apelan al principio de autoridad, desechar el discurso de odio y buscar la unidad nacional, no la polarización ni el divisionismo social.
Hoy el gobierno enfrenta no solo el reto de rivalizar o asociarse con el crimen organizado en todas sus acepciones, sino el reclamo de la generación Z que, si bien solo se visibilizó con una marcha, la satisfacción de sus demandas de empleo, educación, justicia, seguridad, combate a la corrupción y mayor participación política se logrará desde sus propias formas de expresión, como las redes sociales.
o buscarán protagonizar una primavera árabe ni los fallidos movimientos estudiantes del otoño de 1968 o el verano de 1971, pero si las autoridades desoyen el llamado al cambio de los jóvenes, Nepal o Marruecos estará a la vuelta de la esquina, Por supervivencia, el Estado debe recuperar la gobernabilidad.
