Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Apresúrate siempre hacia la solución”. – Horacio.
Los números son contundentes y, a la vez, alarmantes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el estado de Veracruz no solo experimenta un incremento sostenido en los niveles de inseguridad, sino que también se consolida como una de las entidades con mayor percepción negativa entre su población.
En 2024, la tasa de víctimas de delito en Veracruz alcanzó 17,503 por cada 100 mil habitantes, un aumento del 13% respecto a 2023, cuando se reportaron 15,487. La incidencia delictiva mostró un crecimiento aún más grave: pasó de 20,272 delitos por cada 100 mil habitantes en 2023 a 26,261 en 2024, lo que significa un alza del 29.5%, muy por encima del promedio nacional, que apenas alcanzó el 5%.
Este repunte tiene un efecto directo en la percepción ciudadana. Hoy, el 82.4% de los veracruzanos considera inseguro vivir en su estado, ubicando a la entidad entre las peores a nivel nacional, junto con Oaxaca (90.9%), Tabasco (89.8%) y Guanajuato (88.5%). En contraste, estados como Yucatán (39.6%) y Coahuila (37.7%) exhiben cifras radicalmente más bajas.
El problema de fondo en Veracruz —y particularmente en Xalapa— no se limita a las estadísticas, es por mucho tipificable a esa extraña colusión entre políticos y delincuentes. La Ley del Municipio Libre y el artículo 115 constitucional confieren a los ayuntamientos la responsabilidad de la seguridad pública; sin embargo, en la práctica, la realidad es otra. Muchos cuerpos policiales se encuentran cooptados por mandos militares o navales, quienes han visto en la seguridad una auténtica mina de oro para el beneficio de las jerarquías superiores.
Este esquema ha debilitado la capacidad de los gobiernos locales para responder a las demandas ciudadanas.
La presencia de mandos castrenses, en lugar de resolver el problema, ha generado redes de impunidad que operan a plena luz del día, sin control y sin rendición de cuentas. Lejos de ser una solución, la militarización de la seguridad ha perpetuado un modelo donde el ciudadano sigue siendo la víctima recurrente.
Mientras en estados como Campeche (-30.6%) o Baja California (-18.5%) la incidencia delictiva logró disminuir en 2024, en Veracruz la tendencia al alza parece imparable. La capital, Xalapa, se vuelve reflejo de un estado atrapado entre la ineficiencia institucional y la voracidad de mandos que ven en la seguridad un negocio más que un deber.
A este debate de fondo sobre el mando civil versus el mando militar, se suma la necesidad de frenar especulaciones que nada aportan. Versiones difundidas desde el mismo Palacio Municipal sobre una supuesta reincorporación de Hipólito Rodríguez Herrero carecen de toda veracidad. En la nueva administración no hay, ni habrá, espacio para quienes simbolizan el abandono y la indolencia –aun cuando se provenga o milite en el mismo partido-.
La urgencia es clara: devolver el control de la seguridad a los municipios, garantizar transparencia y acabar con la militarización que, lejos de proteger, ha convertido la inseguridad en un negocio rentable para unos cuantos..
Al tiempo.
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