Este viernes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que formaliza la extinción de siete organismos autónomos, marcando un cambio significativo en la estructura gubernamental.
Esta medida, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, busca simplificar la organización del Estado y se enmarca dentro de una serie de reformas constitucionales.
Organismos afectados
Los organismos que serán eliminados son:
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
La extinción de estos entes se hará efectiva a partir del sábado, día siguiente a la publicación del decreto. Las funciones que desempeñaban estos organismos serán asumidas por diversas secretarías del gobierno federal y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Justificación del decreto
El decreto establece que las economías generadas por la eliminación de estos organismos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Además, se menciona que el Congreso tiene un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias en las leyes correspondientes y que las legislaturas locales deberán armonizar su marco jurídico en materia de información pública y protección de datos personales.
La administración argumenta que esta simplificación orgánica permitirá una mayor eficiencia y ahorro en el gasto público. Sin embargo, críticos advierten que esta medida podría afectar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno.
Reacciones y preocupaciones
La eliminación del INAI ha generado especial controversia, ya que este organismo es fundamental para garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales. Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación, afirmando que esta decisión «afecta la transparencia» y «dificulta el acceso a información pública imparcial».
Por su parte, legisladores y expertos han señalado que la desaparición de estos organismos puede llevar a una centralización del poder y a un debilitamiento de los contrapesos democráticos en México.
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