Por Alejandra Del Río
Hay momentos en los que un país deja de discutir ideologías y comienza a preguntarse si el Estado sigue existiendo, Zacatecas parece haber llegado a ese punto.
La noticia de una nueva jornada de violencia, con diez personas asesinadas y abandonadas en distintos municipios del estado, no sólo estremece por la brutalidad de los hechos. Estremece porque confirma algo todavía más grave: la normalización de un escenario donde los grupos criminales parecen tener la capacidad de decidir quién vive, quién muere y, peor aún, cuándo enviar un mensaje de poder a toda una sociedad.
Entre las víctimas se encuentran un secretario municipal, un bombero, un expresidente municipal y empresarios ampliamente conocidos en la región, quienes por cierto, recientemente habían pedido a la Presidenta en su última gira por su estado, protección. No se trata únicamente de cifras. Son nombres, familias y comunidades enteras que hoy vuelven a enfrentarse a la misma pregunta: ¿quién gobierna realmente? Por que a todas luces los gobiernos Monrealistas del estado no han dejado más que muertos, desorganización y caos.
Alejandro “Alito” Moreno, Presidente del PRI y de las pocas voces opositores que resuenan a nivel internacional, ha señalado que el problema es consecuencia de la estrategia de seguridad impulsada por los gobiernos de Morena y ha acusado en múltiples ocasiones, una peligrosa convivencia entre actores políticos y organizaciones criminales. Son afirmaciones de enorme gravedad que encuentran eco hoy más que nunca en Zacatecas, que urgen a una investigación a fondo de las autoridades competentes y que independientemente del debate político, señalan un hecho imposible de negar: la percepción de que el Estado ha perdido terreno frente al crimen organizado, esta percepción que crece con cada nueva masacre, con cada escándalo de corrupción.
Esta última tragedia zacatecana ha vuelto la mirada de la opinión pública a la terrible realidad nacional, después de un mes de ceguera mundialista donde los mexicanos quisimos relajarnos y mirar hacia otro lado. Cuando los cuerpos aparecen abandonados junto a mensajes de grupos criminales, el objetivo ya no es únicamente asesinar, es comunicar, es demostrar control territorial, es demostrar quien tiene en realidad el poder y enviar una advertencia tanto a la población como a las propias instituciones y ese es precisamente el mayor fracaso de cualquier gobierno.
Durante los últimos 7 años se nos dijo que la estrategia cambiaría, que las causas sociales resolverían el problema, que la violencia disminuiría, que los abrazos sustituirían a los balazos; sin embargo, los homicidios, las desapariciones, las extorsiones y el control criminal de amplias regiones del país no sólo siguen siendo parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, se han vuelto ya un peligro generalizado y una crisis de seguridad a nivel nacional.
La tragedia de Zacatecas no puede analizarse como un hecho aislado. Es parte de una realidad nacional donde alcaldes son asesinados, candidatos son secuestrados ó ejecutados durante campañas, policías municipales trabajan bajo amenaza permanente y ciudadanos viven atrapados entre grupos armados que disputan el territorio con absoluta impunidad y con complicidad de la autoridad.
Mientras tanto, la discusión pública continúa atrapada en la polarización, unos culpan exclusivamente al pasado, otros responsabilizan únicamente al presente, mientras las familias siguen enterrando a sus muertos y en México parece que ya nos acostumbramos a contabilizar cadáveres como si fueran indicadores económicos, ya no nos extrañamos, ya no nos escandalizamos… Ya nos acostumbramos.
Cuando la violencia deja de sorprender, la sociedad comienza a perder una parte esencial de sí misma, la seguridad no es una bandera electoral. Es la condición mínima para que exista democracia, desarrollo económico y libertad. Sin ella, los derechos terminan convirtiéndose en declaraciones vacías.
Los ciudadanos no necesitamos encuestas amañadas ni discursos mentirosos, necesitamos resultados, necesitamos instituciones capaces de recuperar el territorio, ministerios públicos que investiguen, policías protegidas de la corrupción y una estrategia integral que combine inteligencia, fortalecimiento institucional, prevención y aplicación efectiva de la ley.
Porque cuando el crimen organizado exhibe públicamente su capacidad para desafiar al Estado, el mensaje ya no está dirigido únicamente a sus rivales, está dirigido a todos los mexicanos y ese es un mensaje que ninguna democracia debería permitirse ignorar y sobre el cual ningún gobierno puede permitirse el lujo de mentir.
