Joel Hernández Santiago

En la política y entre los políticos de hoy en México bien queda la máxima aquella de que “el que nada debe nada teme”. No teme a la verdad. No teme a la exposición pública de sus hechos de gobierno y dentro de la función pública.

No teme a que el pueblo bueno esté enterado de lo que pasa y lo que ocurre en el gobierno y de los hechos de los gobernantes, ya federales, estatales o municipales.

Porque informar y decir la verdad genera confianza y certidumbre en su gobierno. Genera solidaridad o rechazo, pero dentro de las reglas de la democracia. El buen gobernante no tiene miedo a la información, de hecho la estimula y la fortalece al facilitar su fluidez y transparencia.

Pero no. En México entre la clase política hay un ‘síndrome del pecado cometido’ por el que tanto como gobernantes como funcionarios públicos, de los tres niveles de gobierno, como también legisladores, evitan informar al “pueblo bueno” de los hechos de gobierno. Los ocultan. Los tergiversan. Utilizan figuras retóricas para desviar la atención de la esencia de los hechos. Usan eufemismos para decir lo mismo, pero escondido entre la maleza.

Mienten, aunque no tenga sentido que lo hagan. Es una forma hedonista de mentir y ocultar. Mentir por mentir. Ocultar por ocultar. Hacerlo por sentirse poderosos y porque sólo a ellos pertenece la verdad de sus hechos. Verdad sólo para iniciados.

Pero mucho más lo hacen cuando saben que sus actos cometidos son chuecos o corruptos o ilegales, o porque saben que tienen cola que les pisen y, por lo mismo, imponen la censura a la información como su única salida de salvación a sus propios errores.

Y se indignan y se encolerizan y tiemblan cuando una verdad sale a la luz. Esa verdad que los dibuja de cuerpo entero en sus errores y en sus pecados cometidos. Y peor aún si quienes transmiten esa verdad son profesionales de la información, son gente preparada y con las herramientas de disección propias para analizar el cuerpo político y el cuerpo social.

Quienes desde el gobierno censuran, en general son los políticos que juraron respetar y hacer respetar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por tanto, al violar los artículos 6º y 7º. Constitucionales, están violando a la Carta Magna.

Y si no es así, entonces ¿cómo se explica tanto empeño del gobierno federal, estatales y municipales, en querer controlar o hasta suprimir a la libertad de expresión y enseguida lanzar el discurso engañoso de ser defensores de la libertad de expresión?

¿Por qué tanto empeño de los gobiernos de Morena-4T en impulsar un discurso de odio en contra de los periodistas y comunicadores de México?… ¿Por qué perseguirlos y acusarlos de ser enemigos de sus actos de gobierno? ¿Por qué buscar la forma de quitar a periodistas sus fuentes de información presionando y amenazando a sus editores? ¿Por qué mentir al decir que mienten?

Hoy cada vez es más frecuente el caso de censura de gobierno a periodistas, informadores, comunicadores, medios.

“En los últimos 18 meses, al menos 27 periodistas han sido víctimas de censura y acoso judicial por sus críticas a funcionarios, gobernadores y legisladores ligados al partido hegemónico Morena. Es decir, se registra un caso de censura cada tres semanas. De acuerdo con Artículo 19, esos casos incluyeron litigios y demandas por daño moral, así como acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre políticos.” (El Universal).

“Y tan solo en los meses recientes de 2025 se dan los casos de Mauricio Olguín, en Sonora; Celia del Palacio Montiel, en Veracruz; Jorge Luis González, en Campeche; Héctor de Mauléon y El Universal; Al Calor Político y Ángel Camarillo en Veracruz, y el de Hernán Gómez.”

Los argumentos que utilizan los funcionarios y políticos y legisladores de Morena-4T, en contra de la información y la libertad de expresión resultan absurdos, con frecuencia. Por ejemplo “Violencia de género” cuando no viene al caso. O incluso se da el caso de obligar al periodista a someterse a designios legales para “ofrecer disculpas públicas” por informar, sin que la condena contenga argumentos de verdad o mentira respecto de lo dicho o publicado, o responsabilidad constitucional.

Y el colmo es lo que ocurre ya en Campeche, que un juez ordenó entregar “en un plazo de 48 horas, el nombre y datos de la persona responsable de las redes sociales de “Tribuna de Campeche” para que se someta al Censor Judicial”.

‘La resolución, tomada el pasado 28 de julio, se da luego de que la juzgadora declaró improcedente el recurso de revocación presentado por el medio de comunicación y el periodista Jorge Luis González Valdez a la resolución del pasado 15 de julio que prohíbe al comunicador publicar textos sobre la gobernadora Layda Sansores y obliga al medio a someter sus textos a un interventor judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.’

¿Quién se beneficia con esto? ¿El gobierno del estado? ¿La democracia? ¿El pueblo bueno? ¿La información? ¿El censurar no dibuja exactamente lo que es ese gobierno?

Vaya pues. Aunque no siempre el tiempo pasado fue mejor hoy, por este alud de censura en contra de la libertad de expresión en México, parece cierta aquella máxima de que “estábamos mejor cuando estábamos peor”.