Exactamente dentro de 15 meses, Javier Duarte de Ochoa ya no será gobernador del estado de Veracruz.
El 1 de diciembre de 2016, entregará el poder a su sucesor. Y a partir del día siguiente, será un ciudadano más, sin el fuero en el que dice no escudarse pero al que ni por equivocación renuncia.
Tras casi cinco años de desatinos, de corrupción, de fraudes, de muerte y dolor, una espera de 15 meses pareciera ser poco tiempo. Podría pensarse que Veracruz y sus ocho millones de habitantes, cuya honorabilidad Javier Duarte dice “representar”, sólo tenemos que aguantar lo que popularmente se conoce como “el último jalón” para que termine la pesadilla de este sexenio.
Sin embargo, estos 15 meses podrían ser los peores, sobre todo cuando ante la posibilidad real de tener que entregar el poder a un enemigo político, de su mismo partido o de uno de oposición, y quedar de esa manera expuesto a ser llamado a cuentas, el gobernante en declive se resista a ello echando mano de sus peores armas, la violencia incluida. Los últimos meses de Javier Duarte al frente de la administración estatal pueden llegar a ser dantescos. Y hay elementos de sobra para pensar así. 
Desprestigiado a nivel mundial, repudiado por la mayoría de los habitantes de la entidad, sin ningún futuro en la política, lo único que le interesa a Javier Duarte en estos momentos es que quien sea el siguiente ocupante de la gubernatura de Veracruz no lo meta a la cárcel. Y en ese afán, está dispuesto a lo que sea para acallar las críticas a su desempeño como gobernante.
En esta semana ha dado señales claras de lo que viene. Si al inicio de su sexenio Duarte metió a la cárcel a dos tuiteros por propalar rumores -aunque en realidad fue por las críticas en su contra en las redes sociales- ahora amenaza con proceder legalmente contra quienes lo “difamen”.
El encargado de soltar la amenaza fue el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado, quien anunció que el gobierno estatal analiza la posibilidad de demandar por daño moral a quienes responsabilizaron a Javier Duarte del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro mujeres. Quién sabe cuántas millones de demandas tendrán que presentar, por cierto.
El trasfondo y el real peligro detrás de esta bravata es que, no tardando, también “analizarán” proceder penalmente contra quienes denuncien los actos de corrupción del gobierno estatal, que no porque las autoridades federales no actúen en cumplimiento de su deber no quiere decir que no se cometieron, pues están documentados.
Los últimos 15 meses del gobierno de Javier Duarte se vislumbran como los de una espiral represiva, de cierre de espacios para la crítica y la libertad de expresión. De una andanada judicial contra quien ose señalarlo. De mayor violencia. De persecución. De un gobernante herido en su ego que no busca quién se la hizo, sino quién se la pague.
Faltan 15 meses, que pueden ser una verdadera eternidad.
En el norte, policías acribillados
Mientras tanto, en el estado donde está todo bajo control, cuatro policías fueron acribillados a mansalva en Papantla, en la “blindada” zona norte.
Esa terca realidad que insiste en explotarles en la cara.
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