Dos exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero señalaron al exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero como presunto responsable de ordenar la eliminación de videos captados la noche del 26 de septiembre de 2014, frente al Palacio de Justicia de Chilpancingo, de acuerdo con una columna de Héctor de Mauleón.
Las acusaciones fueron formuladas por Lambertina Galeana Marín, expresidenta del tribunal, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del mismo organismo. Ambas obtuvieron criterios de oportunidad y posteriormente señalaron al exmandatario estatal, según lo expuesto por el columnista.
De Mauleón refiere que Aguirre fue detenido el jueves pasado y que un juez rechazó concederle reclusión domiciliaria al considerar que existía un alto riesgo de evasión. El exgobernador, quien padece diabetes e hipertensión y utiliza silla de ruedas, quedó relacionado con investigaciones sobre la presunta destrucción de evidencia del caso Iguala.
Según la columna, la fiscal Ernestina Godoy sostiene que, tras un “real análisis profundo, exhaustivo y detallado”, existen elementos de prueba para acreditar que Aguirre dio instrucciones a funcionarios estatales de alto nivel. La funcionaria calificó el supuesto ocultamiento como “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo”.
Galeana, de 79 años, fue detenida en mayo de 2025 por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Casi un año después abandonó el penal de Coatlán del Río tras obtener un criterio de oportunidad.
Su nueva declaración modificó la versión que había sostenido durante años. En 2014 afirmó que las imágenes no eran claras y que ella había ordenado eliminarlas; después, su defensa argumentó que no existía un documento que acreditara que conociera la existencia de las grabaciones. Tras obtener el criterio de oportunidad, atribuyó a Aguirre la orden de desaparecer el material, señala la columna.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) había concluido desde agosto de 2022 que Galeana ordenó destruir los videos registrados por las cámaras del Palacio de Justicia de Chilpancingo.
Las imágenes correspondían a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando alrededor de 20 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron detenidos frente al inmueble por elementos policiacos y desaparecidos posteriormente.
Los técnicos de sistemas Luis Europa Solís y Javier Uribe declararon ante la entonces Procuraduría General de la República que intentaron respaldar en una memoria USB los videos de las cámaras 12 y 15, pero los archivos estaban dañados.
A los señalamientos de Galeana se sumaron los de Estrada Ortega, de 73 años, quien fue detenida en marzo pasado durante un cateo en el que, de acuerdo con la información citada, fueron localizadas una pistola y “cinco cajas de medicamento controlado”. La exvisitadora también obtuvo un criterio de oportunidad.
Estrada declaró que, por instrucciones superiores, se puso en contacto con Galeana para destruir las grabaciones en las que presuntamente podían observarse policías de Iguala y civiles bajando a los normalistas del autobús en el que viajaban.
De acuerdo con esas acusaciones, Estrada recibió el disco y se lo entregó a Aguirre, quien presuntamente lo dio al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para que “se hiciera cargo”.
La exvisitadora sostuvo además que el 30 de septiembre de 2014 Aguirre reunió a sus colaboradores más cercanos y ordenó destruir la evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia, en el sitio conocido como Puente del Chipote. Estrada afirmó que antes no había declarado sobre esos hechos porque estaba amenazada.
Ambas exfuncionarias describieron a Aguirre como “una persona peligrosa” y aseguraron que él y su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, “tenían relación con los grupos criminales”.
La columna cuestiona la acusación relacionada con Iñaki Blanco y señala que, durante las investigaciones iniciales, el entonces procurador estatal identificó y detuvo a policías que participaron en los hechos de aquella noche, incluidos integrantes del grupo conocido como Los Bélicos.
Blanco también detuvo a los primeros cuatro integrantes de Guerreros Unidos vinculados con la desaparición de los estudiantes, implicó a policías municipales de Cocula y Huitzuco e incorporó al expediente imágenes de las cámaras del C4. Entre ellas había una en la que se observaba una camioneta que trasladaba a un grupo de alumnos en la batea.
Asimismo, obtuvo una orden de aprehensión contra el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca; consignó a los mandos policiacos Alejandro Tenescalco, Felipe Flores y Francisco Salgado Valladares, y trazó una de las primeras rutas de la desaparición investigadas dentro del caso Iguala.
De Mauleón señala que los acontecimientos de aquella noche ya habían sido documentados desde 2016 por la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sostiene que las grabaciones cuya destrucción se investiga no aportarían información nueva sobre lo sucedido.
El columnista también refiere que Aguirre había realizado recientemente declaraciones públicas sobre la sucesión política en Guerrero y la colusión de autoridades con grupos del crimen organizado, antes de que se concretara su detención.
