Se supone que uno de los objetivos de la más reciente reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión era quitarle a los gobiernos estatales el control de los organismos encargados de organizar los comicios locales.
La creación de los Organismos Públicos Locales Estatales (OPLES) tenía esa finalidad: sustituir a los institutos locales, supuestamente autónomos, pero que en los hechos son manejados desde las oficinas del gobierno estatal en turno.
El Instituto Electoral Veracruzano es un claro ejemplo de lo anterior. Desde su fundación, durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco, fue una institución claramente controlada por el gobierno, donde éste colocaba a sus operadores (los tristemente célebres “mapaches”) para desde ahí definir el rumbo de campañas y elecciones.
Incluso, muchos ex funcionarios del Instituto Electoral Veracruzano después ocuparon carteras en el Partido Revolucionario Institucional y en el mismo Gobierno del Estado. Hasta la fecha.
Con la creación del OPLE de Veracruz, se esperaba que esta situación cambiara y que el nuevo órgano electoral pudiera ser verdaderamente autónomo, que su actuación se diese sin ataduras ni compromisos políticos.
Pero eso no sucederá. Todo el procedimiento para integrar al nuevo consejo general del OPLE estuvo plagado de irregularidades. Desde el gobierno estatal “metieron mano” para colocar a consejeros afines a los intereses del grupo gobernante, como primer paso para establecer las condiciones que les permitan mantenerse en el poder en 2016.
En el mes de julio, la Red Cívica Veracruzana denunció que la mayoría de los entonces aspirantes a consejeros del OPLE pertenecen o tienen cercanía con algún grupo político. “Son pocos, muy pocos las y los aspirantes que no tienen ningún vínculo político con nadie, los independientes. Resulta preocupante el futuro inmediato del IEV, y la calidad democrática de los procesos electorales en Veracruz, ya que lo que acontece pone en entredicho el espíritu de la Reforma Política del 2014, y uno de sus principales argumentos: el acotar la intervención de los gobernadores en el Órgano Local y en la designación de las y los consejeros electorales, y velar por la real ciudadanización de los OPLES”, destacó este organismo civil.
Por ello, la Red Cívica Veracruzana pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral reponer el procedimiento para “evitar la designación de consejeras y consejeros electorales a modo, ligados políticamente a un partido o a un grupo político, que no garantizarán un desempeño autónomo e independiente, ni velarán por el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral”.
Como era de esperarse, en el INE no repusieron procedimiento alguno. Y las consecuencias están a la vista. Este viernes rendirán protesta como consejeros electorales personas que no garantizan imparcialidad, certeza ni autonomía para la conducción de los comicios locales futuros.
El flamante presidente del OPLE Veracruz, José Alejandro Bonilla Bonilla, quien durará en el cargo siete años, es alfil del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. Durante su sexenio, trabajó en el Ayuntamiento de Xalapa en la Unidad de Acceso a la Información, y ya en el duartismo, se desempeñó como director de Prevención de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil. Su experiencia en temas electorales es nula.
Otros consejeros partidizados son Iván Tenorio Hernández, quien está vinculado con el secretario del Trabajo y operador electoral del duartismo, Gabriel Deantes Ramos; y Tania Celina Vázquez Muñoz, quien en 2013 fue propuesta por el PRI para ser consejera electoral, además de que es hermana de un funcionario estatal, el director del Colegio de Veracruz Eugenio Vázquez Muñoz, y tiene ligas políticas con el diputado federal priista Jorge Carvallo.
El OPLE Veracruz será un árbitro a modo del régimen. Desde ahora, la elección de gobernador del año entrante estará bajo sospecha.
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