Lilia Arellano
“El éxito lleva a muchos a la ruina”: Fedro
• Régimen dictatorial
• The New York Times exhibe ejecuciones sumarias
• Represión, tortura, impunidad… culpa del Estado
• Maestros resisten y mantienen las movilizaciones
• Amplían endeudamiento; crece costo del servicio
• Viene otro gasolinazo: el litro, ocho centavos más
Ciudad de México, 27 de mayo de 2016.- Una vez más, el carácter dictatorial del régimen del presidente Enrique Peña Nieto fue exhibido a nivel internacional. El diario estadounidense The New York Times denunció el alto número de ejecuciones sumarias perpetrados por el Ejército y la Marina en los últimos años, donde prevalecen la impunidad por abusos de derechos humanos. Las cifras oficiales en las cuales se constata esta grave situación dejaron de publicarse en 2014. Los datos disponibles comprueban la ocurrencia de homicidios extrajudiciales y un incremento en abusos de derechos humanos, así como la impunidad imperante desde el gobierno de Felipe Calderón y el transcurso del actual.
El reportaje del Times publicado el viernes califica a las fuerzas militares mexicanas como “excepcionalmente eficientes” para matar, con “tasas extraordinarias” en el número de muertes en enfrentamientos con sus enemigos. Esto indica “algo más ominoso”: al alto número de ejecuciones sumarias. La “tasa de matanza” en México es excepcional en el mundo, señalan los expertos consultados por el rotativo. En diversos tipos de combate en todo el orbe entre grupos armados aproximadamente cuatro personas resultan heridas por cada persona muerta, pero en México ocurre lo opuesto, según las cifras del gobierno: “el Ejército mata ocho enemigos por cada uno que queda herido”. Para especialistas como Paul Chevigny, pionero en estudios de letalidad entre fuerzas armadas, la explicación es más cruda: “son ejecuciones sumarias”.
Durante la “guerra contra el crimen organizado”, las cifras disponibles hasta hace dos años indican un incremento en abusos de derechos humanos. También constatan la prevalencia de la impunidad. Poco o nada se hace para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, las cuales se han incrementado desde el régimen de Felipe Calderón. Unas 3 mil personas fueron muertas por militares entre 2007 y 2012, plazo en el cual perecieron 158 soldados. Los militares matan a sus enemigos porque no pueden depender del inestable sistema judicial, observan analistas. Menos del 2 por ciento de los casos de asesinato es exitosamente procesado.
La tasa de asesinatos en México es inaudita. Las cifras se desprenden del documento “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad”, publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Éstas revelan el papel del Ejército mexicano en la guerra contra el crimen organizado. Así, en la última década, a medida que soldados y marinos han sido enviados a la línea de combate, aumentaron los abusos de derechos humanos.
Y de las 4 mil denuncias de tortura evaluadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han resultado en condenas. El número de denuncias por tortura contra el Ejército se ha reducido desde 2011, pero “la letalidad de sus enfrentamientos no declinó”, según los datos emitidos hasta principios de 2014. Sin dichos datos, señalan los expertos, es difícil saber qué tan violenta es la llamada “guerra” contra el crimen organizado.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, sostiene: “no sólo está generalizada la tortura en México, sino también está rodeada por la impunidad”. Y acusa: “si el gobierno sabe que es frecuente y aún así no se logra la fiscalización, y las instancias que fiscalizan usualmente no llegan a nada, la culpa está en el Estado”.
De nada han servido las fuertes críticas al gobierno por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su último informe, en marzo pasado, condenó la violación a las garantías en México y destacó la exhibición de un video de un soldado golpeando a una mujer. Resaltó también el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, y la negativa de los militares a entrevistarse con expertos internacionales.
Asimismo, en el caso Tlatlaya, donde el Ejército mató a 22 personas en junio del 2014, los militares se jactaron que durante la confrontación sólo un soldado resultó herido. Este caso se volvió un escándalo cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que 15 personas fueron ejecutadas, y que los soldados habían alterado la escena para hacer parecer una batalla. Aún así, tres soldados implicados en esa matanza fueron exculpados la semana pasada, sumándose a cuatro anteriores. El único soldado condenado en el caso, por el delito de desobediencia, ya ha cumplido su sentencia.
La relación de las fuerzas armadas mexicanas con las estadounidenses, a través de ejercicios, capacitación y ventas de equipo militar –incluyendo la venta, aprobada hace dos años, de helicópteros Black Hawk, que podría llegar a sumar un costo de más de mil millones a lo largo de 25 años- no ha reducido la impunidad, y todo parece indicar es orientada a aumentar la letalidad del Ejército y la Marina mexicanos.
OTRO CASO DE TORTURA
El 6 de agosto de 2013, policías estatales y marinos ingresaron sin orden de cateo y con los rostros cubiertos a un domicilio, en Ciudad Mendoza, Veracruz, torturaron a dos personas a las quienes acusaron de narcomenudeo por posesión de cocaína, comprobó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió la recomendación 20/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Soberón, en la cual se acusa también violaciones a los derechos a la libertad personal, a la inviolabilidad del domicilio y a la integridad y seguridad personal y jurídica.
Los policías estatales y marinos ingresaron ilegalmente al domicilio, golpearon a dos personas y las trasladaron a otro lugar, donde una de las víctimas recibió amenazas mientras oía como era agredido su compañero. Uno de los detenidos fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 5, en Villa Aldama, Veracruz, mientras el otro fue dejado en libertad.
La CNDH encontró elementos suficientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos de los dos agraviados, “quienes fueron objeto de detención arbitraria, retención ilegal, allanamiento de su domicilio y sujetos a actos de tortura en su integridad física y psicológica, atribuibles a elementos de la Semar”, indicó. A Vidal Soberón, titular de la Semar, la CNDH le pidió que esta dependencia repare el daño a los agraviados en los términos de la Ley General de Víctimas, y se les proporcione atención médica y psicológica.
MAESTROS RESISTEN
Del denominado Antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ubicado entre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon hacia la residencia oficial de Los Pinos. Los docentes mantienen su exigencia de una mesa de negociación con el gobierno federal, así como el cumplimiento de su pliego petitorio de 11 puntos, entregado esta semana a la Secretaría de Gobernación.
La manifestación la encabezó la cúpula magisterial, acompañados de familiares de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes. Los contingentes los conformaron las secciones 7 y 40 de Chiapas, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán, 22 de Oaxaca, y la 9, 10 y 11 de la zona metropolitana. Dirigentes de la CNTE advirtieron: “pese a las amenazas, de que no nos dejan llegar, de no respetar el libre tránsito y de amenazar con la aprehensión de nuestros compañeros, vamos a seguir exigiendo una mesa de diálogo y no vamos a dar un paso atrás”.
Los secretarios generales de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez; de Michoacán, Víctor Manuel Zavala; de Chiapas, Adelfo Alejandro; de Guerrero, Ramos Reyes; y de la Ciudad de México, Enrique Enríquez, explicaron: “aquí estamos dando la cara para defender nuestros derechos y la educación pública. Vamos a seguir exigiendo la instalación inmediata de una mesa de negociación”.
Sobre la reactivación de las órdenes de aprehensión contra dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, Núñez dijo: “ni nos ocupa, ni nos preocupa”. Aseguró no encontrarse amparado ante una posible acción para aprehenderlo. Y el dirigente chiapaneco Adelfo Alejandro Gómez explicó: “se trata de un episodio viejo. No estamos preocupados por eso”.
Al cierre de estas líneas, los líderes de la CNTE informaron: el director de Atención Ciudadana de la Presidencia, Carlos Romero, “se comprometió a que se instalará la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación y de que no habrá más represión con nuestros compañeros y se levantará el plantón”.
Y en la ciudad de Oaxaca, maestros de la sección 22 y padres de familia afines marcharon por las principales calles en respaldo a su movimiento y en demanda de una mesa de negociación. Cientos de personas salieron del crucero localizado frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y se dirigieron al zócalo.
“Maestros no están solos. Los padres de familia les apoyamos y nos sumamos a la lucha magisterial. No a la privatización de la Educación Pública. ¡Todos por la defensa del Art. 30. Constitucional!”, se leía en una de las lonas portadas por los manifestantes. Por otro lado, un grupo de profesores de la región de la Mixteca tomó la caseta de peaje de Huitzo en la Autopista Oaxaca-Puebla.
MÁS DEUDAS
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó a México una nueva línea de crédito flexible por 88 mil millones de dólares con una vigencia de dos años, la cual reemplaza el acuerdo previo por unos 67 mil millones de dólares… Este aumento a la línea de crédito flexible con el FMI, permitirá al país hacer frente a los riesgos externos y a la incertidumbre con respecto a la velocidad del proceso de alza en las tasas de interés en Estados Unidos, dijeron autoridades. La Comisión de Cambios –Banxico y SHCP- advirtieron: ajustes recientes en la estructura y regulación en los mercados financieros incrementan la posibilidad y la magnitud de episodios recurrentes de menor liquidez y alta volatilidad.
Durante el primer trimestre de este año, se elevó el costo financiero de la deuda colocada en los mercados internacionales y alcanzó 5,583 millones de dólares, el mayor monto pagado por el país en un periodo similar desde 1995, de acuerdo al informe del Banco de México sobre la balanza de pagos… Los sectores privados y público recurrieron a la deuda foránea dados los niveles históricamente bajos en las tasas de interés, así como por la estabilidad de las mismas a nivel mundial. Sin embargo, este financiamiento sólo ayudó parcialmente y a corto plazo en el crecimiento económico del país, ya que sus principales variables económicas se encuentran en niveles bajos, destacó José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
El especialista explicó: en los últimos tres años, el sector público incurrió en la emisión de deuda para financiar los déficits y el gasto público, lo cual generó presiones, que se exteriorizaron hace unos meses cuando Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, insistió en la necesidad de realizar ajustes al gasto público.
DE LOS PASILLOS
Viene otro gasolinazo: el próximo mes el precio de la gasolina Premium aumentará 8 centavos por litro, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los precios máximos para la gasolina Magna y el diésel se mantendrán sin cambios con respecto a los precios máximos vigentes en mayo. El precio de la gasolina Magna será de 13.16 pesos por litro, el de la gasolina Premium de 14.03 pesos por litro y el del diésel de 13.77 pesos por litro.
A quienes no ha dejado de irles bien en el país es a los grupos financieros que operan en territorio nacional. En marzo, registraron una ganancia neta de 32 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento anual de 10.5 por ciento, debido principalmente a un mayor margen financiero, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta marzo de este año, se reportaron un total de 23 grupos financieros operando en el país, con 121 entidades participantes, esto es una menos que el año pasado, debido a la desincorporación de Sociedad Financiera Inbursa del Grupo Financiero Inbursa.
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