Por Aurelio Contreras Moreno
La nueva trastada descubierta en la lista de proveedores y contratistas del gobierno estatal a los que éste pretende que se les paguen adeudos con los recursos del impuesto a la nómina, confirmó lo que se sospechaba desde el principio: los duartistas buscan autopagarse. O lo que es peor, que les pague la siguiente administración.
Como se dio a conocer la semana pasada, en la lista del anexo a la iniciativa de decreto para transformar el objetivo del impuesto a la nómina y destinar su recaudación al pago de deuda en lugar de a obra pública, se detectó que aparecen varias de las empresas “fantasma” denunciadas en el reportaje de Animal Político que desnudó un modus operandi del gobierno veracruzano para desviar recursos.
Aunque cínicamente el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, negó que dichas “empresas” -que según Animal Político no realizaron ninguna obra ni prestaron servicio alguno, pero cobraron como si lo hubiesen hecho- se hubiesen incluido en la lista de acreedores enviada al Congreso, al revisar la información en poder de los diputados y que circula desde la semana pasada, resulta que sí, que ahí están.
Por ejemplo, a Bienart SA de CV se le quieren pagar 947 mil 821 pesos por concepto del Programa de Suministros de Lotes de Material de la Secretaría de Desarrollo Social estatal; mismo caso de Bloques 2DM SA de CV, a la que se le “adeudan” un millón 790 mil 226 pesos.
A la razón social AD911 SA de CV se busca destinar el pago de 629 mil 893 pesos; mientras que Comercializadora Alifresh tiene dos cuentas pendientes, una por cuatro millones 999 mil 999 pesos, y otra por un millón 559 mil 797 pesos. También en la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
Todas estas razones sociales aparecen como parte de las empresas “fantasma” de la investigación de Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y no sólo eso. A casi todas se les “debe” ese dinero desde el mismo día, el 12 de diciembre de 2013, salvo a AD911, cuyo adeudo está fechado el 17 de diciembre de ese mismo año, en el que ya despachaba como secretario de Desarrollo Social el actual vocero duartista, Alberto Silva Ramos.
Aun cuando todavía no se ha podido determinar con certeza a dónde fue a parar el dinero pagado a las empresas “fantasma” del duartismo, no es difícil de imaginar. Son ellos mismos, los funcionarios de esta administración que se enriquecieron a niveles faraónicos y que dispusieron del patrimonio estatal como si fuera suyo, los beneficiarios de estos pretendidos pagos.
Porque no solamente están presentes las empresas “fantasma” en los adeudos por cubrir. La lista de contratistas del anexo a la reforma del impuesto a la nómina también incluye a empresas de actuales funcionarios de la administración de Javier Duarte, como es el caso de Eureka Estrategia y Comunicación SA de CV, a la que se le pretenden pagar 20 millones 592 mil pesos, y de la que es socio Carlos Acevedo Cadena, quien actualmente se desempeña como representante del Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México, y que a lo largo del sexenio fungió como director de Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Coordinación General de Comunicación Social, así como asesor de esa misma dependencia y de la Secretaría de Gobierno.
No les bastó con todo lo que se llevaron. Los duartistas todavía buscan, como los forajidos, seguir llenando sus alforjas con dinero público mediante un “cheque en blanco” expedido por la LXIII Legislatura. Dijera Fidel Herrera, “no tienen llenadera”. Ni un gramo de vergüenza.
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