Lilia Arellano
“Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie”: Concepción Arenal
• Harakiri priísta
• Cercados por las mafias : gobierno y narcos
• EPN selecciona ejemplares de la corrupción
• Ocho Reza, como Alfredo Castillo, mienten
• Próximo lunes, no habrá clases, dice CNTE
• CCE ejerce presiones y demanda soluciones
• En Tanhuato, 22 ejecuciones extrajudiciales
Ciudad de México, 18 de Agosto de 2016.- Habría de buscarse sin recurrir a las lupas, de quien o de cuáles grupos son de los que debemos cuidarnos, si son los marcados en negro, los malos, los generadores de grandes preocupaciones cuando se abandona el hogar o se sale del trabajo o se llega a un restaurant de los concurridos o se trata de los ocupantes de patrullas o de vigilantes en retenes o de los portadores de uniformes negros impresionantes. En esta búsqueda generada por encontrarnos inmersos en uno y mil temores también aparecen funcionarios, porque el robo no nada más es de cartera o domiciliario, también es de dignidad, de orgullo, de raíces.
Tenemos para estos días todo un menú preparado por la PGR y los grupos de narcotráfico en gran disputa. Aunque eso de la formación, de la conformación está por verse si se toman en cuenta las declaraciones de quien supuestamente se muestra como el cabecilla de estos movimientos: Rafael Caro Quintero. De ahí la consideración en torno a la actuación de un tercero ubicado en las esferas del poder político. Es verdaderamente inverosímil la postura adoptada, por ejemplo, por el gobernador Aristóteles Sandoval, de Jalisco –puesto de moda en su momento relacionándolo con la corrupción familiar-: “la situación en Puerto Vallarta no es alarmante, es un punto estable, sin alteraciones provocadas por este tipo de incidentes” –o sea el secuestro del hijo de El chapo-. Al parecer el mandatario olvida la balacera en la discoteca Cristin, en ese mismo Puerto protagonizada por bandas del narco. De esa fecha a la del ilícito en contra de la familia Guzmán, han ocurrido una serie de graves incidentes.
Es tan cierto en Puerto Vallarta se gesta un temblor de proporciones impresionantes, que mereció la desaparición, por lo pronto, del alcalde Arturo Dávalos Guerra. No definen, al cierre de estas líneas, si huyó para no enfrentar la petición de cuentas de los jerarcas del narco o lo han desaparecido como otro de esos célebres ajustes. El triángulo de oro de los mafiosos está en plena actividad. Los del Cartel de Jalisco Nueva Generación, han extendido sus nexos a otras entidades. En Quintana Roo se advierte su presencia en algunas ejecuciones. La última de ellas con advertencia de por medio desde hace un año a través de una manta dejada justo en la entrada de un colegio.
Los puntos de atracción turística son fuente de disputas entre los carteles y eso deberán tenerlo muy presente las próximas autoridades estatales. Hasta ahora y dígase lo que se diga, el destino turístico estatal, es decir lo mismo en el Norte que en el Sur, en la Riviera Maya que en Calderitas, ha estado a salvo de ser escenario de una ola de crímenes. Sin embargo la disputa por estas plazas se genera con mayor rigor cuando se establecen complicidades locales, cuando se exige el pago de facturas, la reciprocidad en aprobaciones una vez entregadas las peticiones económicas. Esas etapas se prevén para el futuro y en el corto plazo.
Si nos atenemos a la visión del mexiquense habitante de Los Pinos, la buena noticia está en la bella aparición de Kate del Castillo en una foto cuya importancia la ha llevado a ser la portada del 90 por ciento de los diarios con circulación en la capital del país. Es esa impresión otra de las cortinas de humo para frenar reclamos, para exigir dejen de exhibir a los ciudadanos de este país como integrantes del narco, para no permitir nos sigan utilizando para ejemplificar el ridículo, la corrupción, el nepotismo, la violencia, la violación a todos y cada uno de los derechos humanos, de ser criminales.
Si Guzmán Loera sigue ganando como ha quedado demostrado con el amparo obtenido para regresar al Altiplano, veremos cómo van doblegando a un gobierno al cual puede acusársele de inmediato de cómplice y no solo de beneficiario del dinero negro que éstos producen. Tal vez en algún momento se conozca el destino final del dinero decomisado en los últimos tiempos en el aeropuerto internacional de Cancún, tanto en moneda nacional como en dólares y euros. Se desconoce la ruta seguida por este efectivo y la ubicación de sus portadores.
DESESPERACION MANIFIESTA
El presidente Enrique Peña Nieto y su partido, el Revolucionario Institucional, caen en la desesperación ante el derrumbe de la aceptación del mexiquense, el cual arrastra a ese instituto político y lo lleva a acumular derrotas electorales. La desmoralización en la residencia oficial de Los Pinos y en el edificio de Insurgentes Norte los lleva a cometer graves errores de carácter estratégico, y los sitúa en un pantano, en donde cada movimiento los hunde más. La declaración del mexiquense en el sentido de “no meteré las manos” por ningún gobernador y la decisión de la dirigencia del PRI de iniciar proceso contra tres gobernadores y un ex mandatario, son medidas sólo de carácter mediático, no serias ni reflexionadas, las cuales constituyen más un harakiri en los hechos que una medida para fortalecer al tricolor. De ir en serio, la dirigencia priísta de Enrique Ochoa tendría que ampliar el proceso a todos los ex gobernadores de su partido, y… al final no habría quien cerrara la puerta de la reja.
Peña Nieto se embarcó en una aventura de la cual seguramente no saldrá bien librado dados sus propios antecedentes como ex gobernador del Estado de México, los de su tío y antecesor: Arturo Montiel, por sus nexos con los Hinojosa, por las autorizaciones a OHL, por los abusos en la tarifas para transitar por vías rápidas, y por los errores cometidos en su gestión como titular del Ejecutivo Federal. Sin ir más lejos, sólo cabe recordar la Casa Blanca y el departamento o departamentos de Angélica Rivera en Miami y a ello bien puede agregarse la incapacidad de entregar resultados positivos de la puesta en marcha de las reformas “estratégicas”. Así, todo parece apuntar a un montaje mediático, otro más, en el cual se sigue un guión únicamente para aparentar honestidad e inclinación a la aplicación de la Ley.
De ahí que, en una reciente entrevista, asegurará el mexiquense no actuará a favor ni en contra de los funcionarios de su partido con señalamientos de corrupción. Sin embargo, los hechos lo desmienten en el caso del ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien junto con sus familiares prácticamente ya fue exonerado de los principales cargos de corrupción amparado en su cercanía con el actual inquilino de Los Pinos. En el resto de los casos, señaló: “cada gobernante es responsable de sus actos y tiene que rendir cuentas claras… En el caso de Veracruz y otros estados señalados cada gobernante es responsable. Hoy están en curso diversas investigaciones para saber si realmente actuaron fuera de la ley o no, y me parece que cada uno de ellos tendrá que enfrentar los señalamientos de los que son sujetos y las investigaciones que hoy se están realizando”.
Y en ese guión auto exculpatorio siguió: “si eventualmente alguien incurrió en algún acto de estos, que enfrente el peso de la ley… Todos los señalados tienen que enfrentar sus procesos, acreditar o responder a los señalamientos y lo que está muy claro es que hoy el gobierno participa en diferentes investigaciones… No voy a meter las manos para defenderlos, más bien las voy a meter a favor de la legalidad”. Y ¿quién va a responder por la serie de negocios detectados en Caminos y Puentes? ¿quién por el otorgamiento de concesiones en las cuales si bien no aparece la firma surgieron de una reunión física o de un simple telefonazo?
Establecida la línea presidencial, el PRI inició el proceso, selectivo por supuesto, contra tres gobernadores y un ex mandatario estatal, el cual podría concluir con su expulsión de ese instituto político. No hay evidencias de tratarse de un ejercicio serio contra la corrupción, de ser así debería ampliarse a todos los gobernadores de ese instituto político, quienes no se caracterizan precisamente por su pobreza, sino todo lo contrario, por un enriquecimiento escandaloso y ofensivo. No obstante y con todo en contra, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priísta dio entrada a la solicitud de expulsión por presuntos actos de corrupción contra tres gobernadores y un ex mandatario y requirió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en su contra. Fernando Elías Calles, presidente de dicha comisión, señaló que, además de notificarles sobre el proceso, deberá darseles derecho de audiencia a Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; y César Duarte, de Chihuahua.
Esa comisión también admitió la solicitud contra el protegido de Peña Nieto, el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones, por lo cual también solicitó pruebas de las imputaciones en su contra. La intención de solicitar información a las Comisiones de Justicia Partidaria de los estados es para hacerse de elementos y pruebas sobre los casos, puesto que las denuncias están sustentadas sólo en notas periodísticas. Para el caso de los gobernadores, la solicitud, dicen, se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación. Medina de la Cruz es el único sujeto a proceso, por lo que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante. Seguramente a cualquiera de los componentes de este cuarteto los tiene sin dormir el ser expulsados del partido y pensarán en la posibilidad de lograr los expulsen del país, así la libertad está más garantizada que nunca.
Las intenciones de la dirigencia de Enrique Ochoa Reza son, evidentemente, exclusivamente mediáticas. De haber interés real de combatir la corrupción, la cual tiene en México un costo de hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir más de 100 mil millones de dólares al año, según la Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial, los legisladores del PRI habrían impulsado mayores políticas anticorrupción en el Congreso de la Unión, además de trabajar en concretar la regulación para controlar ese delito e impulsar la transparencia en el que hacer de los organismo públicos.
Tuvieron ya su gran oportunidad y la ahogaron cuando boicotearon la iniciativa de un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil consolidada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, denominada Ley 3de3, en donde se establecía la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de interés y fiscal, además de definir reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos. Pero los priistas la entramparon al hacerla light e incluir la obligación de los empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial y de ingresos. Posteriormente, por iniciativa presidencial, esto también fue eliminado, tras la presión de las cúpulas empresariales a esa ley. En junio pasado, el Ejecutivo Federal vetó el artículo 32 de dicho documento, el cual obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno federal a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés, pero no contempló modificar el artículo 29, el cual restringe la publicidad de las declaraciones de los funcionarios públicos,.
Las trampas en esta materia aún no terminan de resolverse. Los diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron el martes pasado una acción de inconstitucionalidad al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés (3de3) de los servidores sean completamente públicas y obligatorias. El espíritu del artículo 29 es establecer los mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores, mediante la publicidad de las declaraciones, “cosa que no se cumple, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la posible afectación de la vida privada”, destacó Clemente Castañeda, coordinador de los diputados del MC.
Por lo que toca a la redacción del artículo 29 impulsada por el Ejecutivo federal y aprobada por los priístas y sus aliados, es confusa y da pie a la opacidad, al dejar en manos del servidor público el reservar o hacer pública la información sobre la vida privada de los sujetos obligados. Como quedó, su redacción la hace inoperante, ya que condiciona la rendición de cuentas y permite al sujeto obligado argumentar afectaciones a su “vida privada”, para no dar a conocer el contenido de sus declaraciones.
Ahora que, en un anexo, bien puede enmarcarse la falta de calidad moral del señor Ochoa Reza quien, al igual que el célebre Alfredo Castillo logró encumbrarse a partir de su relación con el primer mandatario, antes sus trayectorias habían sido grises. Al ponerse a la disposición del mandamás mayor, la vida les cambio y si bien han tenido que hacer méritos, como encontrar a una niña entre la estructura de una cama, o formar autodefensas, o adquirir “medidores inteligentes” con garantía de mayores recaudaciones “húndase quien se hunda”, lo suyo, lo suyo, es hacer negocios, dinero, acercarse un mayor número de placas de taxis, comprar armas y si se puede salir en la tele.
CLASES EN VEREMOS
Sin respuestas a sus demandas en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó no regresar a clases el próximo 22 de agosto. En la Asamblea Nacional Representativa (ANR), los 169 delegados de 22 estados de las diferentes secciones sindicales aprobaron que “se sostiene la huelga magisterial nacional” (paro indefinido de labores) -al menos en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca- a fin de mantener la exigencia de que se abrogue la reforma educativa y no se aplique el nuevo modelo educativo que propone la Secretaría de Educación Pública.
Acordaron también para este viernes protestar en todo el país para recordar los hechos violentos de Nochixtlán y exigir castigo a los responsables; el próximo lunes realizar marchas masivas y endurecer las protestas; el martes continuar con los bloqueos a los centros comerciales, garitas y puentes internacionales, así como carreteras y autopistas; el 26 de agosto, los maestros se sumarán a las acciones globales por Ayotzinapa y harán protestas por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos; y el 1 de septiembre realizarán una movilización nacional. Los docentes advirtieron que la amenaza del uso de la fuerza pública no mermará sus protestas. El emplazamiento del gobierno federal para iniciar el ciclo escolar y presentarse a las escuelas, obedece “a su incapacidad para dar respuestas precisas sobre los planteamientos generales que como coordinadora hemos establecido en esta etapa de la lucha”, señala el pronunciamiento del ANR.
Las secciones sindicales de la CNTE acusaron que la decisión del gobierno federal de emplazarlos para que regresen a clases el 22 de agosto tiene que ver con la presión que están ejerciendo los empresarios. Alertaron sobre las declaraciones del gobierno federal para usar la fuerza pública con la finalidad de contener las movilizaciones, lo cual es el anuncio de una escalada de represión en todas sus formas: colectiva, selectiva, judicial, administrativa y laboral.
Los docentes acordaron seguir construyendo la ruta legislativa para la abrogación de la reforma, para lo cual seguirán erigiendo la iniciativa ciudadana y los instrumentos para la recolección de firmas. Sus principales demandas, reiteraron, son la abrogación de la reforma educativa, la implementación de un proyecto alternativo de educación y solventar las consecuencias de la aplicación de dicha reforma. A su vez, durante el foro “A tres años de la Reforma en Materia Educativa”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, abrió la posibilidad de que se realicen cambios a la reforma educativa, pero estos tendrán que ocurrir hasta que se haya iniciado su operación y entonces evaluar qué se puede o debe modificar.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió que este 22 de agosto todas las escuelas del país estén abiertas para el regreso a clases. El CCE hizo un llamado a las familias mexicanas para que todos los padres y madres acompañen a sus hijos a la escuela, el próximo lunes, para iniciar juntos el ciclo escolar 2016-2017. También invitaron a los directores y maestros de las escuelas a refrendar su compromiso con su vocación, desde el salón de clases, y hagan valer el derecho a la educción de niños y jóvenes.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En mayo de 2015, en un rancho ubicado entre Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, se perpetraron 22 casos de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Luis Raúl González Pérez, quien aseguró hubo “uso excesivo de la fuerza”. En ese lugar, en total se localizaron 42 civiles muertos. Cuando inició el operativo de la Policía Federal, había personas dormidas, dijo la CNDH al presentar sus recomendaciones a diferentes autoridades.
De las víctimas, 13 recibieron disparos cuando se encontraban de espaldas respeto de sus victimarios. En 5 casos, el disparador se encontraba en plano superior, es decir, desde el helicóptero de la PF. Una persona fue expuesta a fuego directo y tres más fueron sometidas y privadas de la vida. Otro de los muertos fue producto de un atropellamiento. Además, las armas que aparecen en fotografías fueron colocadas “deliberadamente”.
Por lo que respecta a los casos de otros 21 cuerpos, también asesinados por arma de fuego, la CNDH informó no contar con la información técnica correspondiente y veraz para determinar con exactitud las condiciones en las que perdieron la vida, debido, especialmente, a declaraciones inconsistentes de los elementos policíacos. El lugar de los hechos fue manipulado por la Policía Federal, aseguró el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava. La PF también torturó a civiles, les sembró armas y cartuchos, además de que los cuerpos fueron colocados en un lugar, entre otras irregularidades.
¿Aún quedan dudas?
DE LOS PASILLOS
Luego de pagar una fianza de dos mil pesos, 28 normalistas, de Cherán y Tiripetío, principalmente, arrestados el pasado 15 de agosto, fueron puestos en libertad, en tanto los 11 restantes continuarán bajo proceso en el penal de Mil Cumbres. De acuerdo con la jueza Amalia Herrera, ocho de los normalistas son probables responsables del delito de robo calificado y tres porque su defensa solicitó el doble de tiempo (72 horas más) que marca la ley para que se defina su situación legal…
¿Será Margarita Zavala una enemiga para ser tomada en serio al grado de mover al PRI para recordar el pasado que la acompaña junto con su cónyuge, el de la sangrienta “guerra” contra el narco o para llevar al presente la tragedia de la ABC con su parentela en la lista de responsables? O ¿será la forma estratégica de sacarla a ventilar para ser conocida por los ciudadanos como la mujer del rebozo?
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