Por Aurelio Contreras Moreno
Confrontado con la durísima realidad de la quiebra de las finanzas y la inseguridad que azota inmisericorde a todo el territorio estatal, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lanzó un S.O.S al gobierno de Enrique Peña Nieto.
En una misiva dirigida al Presidente de la República, Yunes Linares le pidió auxilio y su intervención para detener la estrepitosa caída libre que se experimenta en la entidad en ambos rubros, íntimamente ligados entre sí.
“Es urgente que el Gobierno Federal tome la determinación de asumir el control de todas las corporaciones de seguridad pública en estos 86 días que faltan para el cambio de gobierno en Veracruz. Se requiere una mayor presencia del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal”, refirió en su carta Yunes Linares.
También planteó la intervención del Gobierno Federal para, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “exigir que los fondos federales se apliquen debidamente” y “revisar la situación financiera en coordinación con las autoridades locales”.
“Por todo lo anterior, le solicito muy atentamente su intervención urgente para que -con la colaboración de su Gobierno- pueda frenarse la crisis que amenaza con poner en riesgo la estabilidad política y social del Estado de Veracruz”, subrayó el gobernador electo al presidente Peña Nieto.
Se trata, como el mismo Yunes Linares admite en su carta, de una situación de emergencia, misma que ha sido soslayada y minimizada durante años por el actual gobierno estatal, principal responsable de este desastre. Pero también por el Gobierno Federal.
Durante los últimos años, fueron muchas las voces que advirtieron sobre lo que sucedía en Veracruz. De la funesta descomposición del ambiente, de la violencia creciente, de la quiebra financiera, la corrupción y la impunidad.
A pesar de tener noticia completa de esta situación, al grado de que un organismo apartidista como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó desde hace casi dos años denuncias penales del orden federal por peculado contra la administración de Javier Duarte, el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo absolutamente nada. Dejó pasar y dejó hacer.
Ahí están las consecuencias de no actuar, de la indolente complicidad con la que también se condujeron las autoridades federales, que nunca se decidieron a marcarle un alto y llamar a cuentas a los depredadores duartistas.
Veracruz está hundido en una crisis sin precedentes de la que se ve muy difícil salir. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, es el tercer estado con el mayor monto de deuda pública del país; la ASF acusa que la entidad lidera la lista de estados que simularon reintegros para solventar observaciones por irregularidades en el uso de los recursos públicos; y la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, sentenció que “hoy en Veracruz hay miles de familias dolidas y no encuentran justicia porque Duarte, un hombre cínico y mentiroso que se cree sus mentiras, deja un estado desgastado en todos los ámbitos”.
El problema es que en Los Pinos siempre supieron de la emergencia en Veracruz. Y la ignoraron. Son tan responsables como el gobernador que hoy amagan con expulsar de su partido, a menos de 90 días de que concluya su sexenio.
Ya para qué.
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