Lilia Arellano.
“Es la hora de hacer justicia…”: Luis Donaldo Colosio
• Silencio… pandilleros en formación
• Violencia incontrolable; autoridades rebasadas
• Gabinete de seguridad o, un gobierno criminal
• Espionaje deja a EPN sin ninguna credibilidad
• Q.Roo: ejemplo de la inseguridad inmobiliaria
• Hundiendo a México; un recorte más en 2018
• En elección presidencial: INE, árbitro parcial
Ciudad de México, 21 de junio de 2017.- Los reflectores se dirigen hacia un asunto considerado por algunos, en un primer momento, como casero, sin embargo es la más clara muestra de la gestación de delincuentes en todos los sectores sociales, no importa si viven en las zonas paupérrimas o en las de mayor lujo, si van a las escuelas públicas o asisten a las privadas más caras. Están en plena formación quienes, desde los planteles particulares, aprenden el significado de impunidad y, por lo tanto, los veremos ocupar cargos dentro de la función pública importantes, otorgados gracias a las relaciones y la importancia del puesto hoy ocupado por sus padres. Serán también magistrados, jueces, impartidores de una justicia nada imparcial, ni expedita, ni siquiera gratuita.
Formarán sus propios equipos de espionaje y buscarán los más modernos, avanzados, los de última generación y, por supuesto, estarán dispuestos a ejercer cualquier acción en contra de quienes osen criticarlos, mencionarlos en su justo nivel intelectual y humano. Se multiplicaron las voces en contra de esta forma de allegarse información utilizada por el gobierno, sin embargo la práctica es desde hace muchos años conocida, reconocida y hecha de lado sin otorgarle ninguna importancia. En Cancún, Quintana Roo, se descubrió todo un equipo con operadores incluidos durante el trienio de Gregorio Sánchez como alcalde. Se habló de la dirección a cargo de un elemento de la Marina quien desapareció misteriosa y rápidamente.
Los mismos señalamientos se hicieron al gobierno de Roberto Borge y se habló de los escuchas telefónicos a cargo del difunto Isaías Capeline Lizárraga. Hoy se sabe de uno mucho más profesional instalado por la oficina alterna del mandatario estatal a cargo del ex alcalde de Solidaridad, Miguel Ramón Martín. Salvo el descubierto en Cancún, físicamente no se ha localizado a ningún otro, ni con Borge ni con Joaquín, por lo tanto el dicho “presenten pruebas y denuncia”, hace se doblegue la voluntad de quienes se saben espiados de acudir ante la autoridad y exhibir a los autores de estas prácticas. Una versión similar a la soltada por la presidencia se dio en Quintana Roo: “para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”.
Quienes redactaron tal boletín presidencial olvidaron lo lejano de la libertad en el país, la cual puede empezar a medirse en la decisión de los votos comprados; igual se ha afectado a la democracia hasta hacerla aparecer en un primer momento como remedo y muy caro y, posteriormente, irla alejando de cualquier práctica ajena al día de los comicios; el Estado de Derecho es hoy una exigencia ante su inexistencia. En el ejemplo de lo registrado al interior del país, aparece Quintana Roo y las expresiones de su gobernador: “no es aceptable el espionaje bajo ningún nivel y orden de gobierno ya que la libertad de expresión y la privacidad deben ser respetadas”.
Con motivo de este espionaje es que uno se entera de la existencia de equipos “Pegasus”, adquiridos durante el mandato de Calderón y cuya última entrega fue ya con el mexiquense viviendo en Los Pinos. El pago-liquidación estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam y se gastaron 524 millones de pesos en esta adquisición de aparatos que monitorean y extraen todo tipo de información de teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos electrónicos. Inclusive se sabe de la adquisición de un software sofisticado, el Finfisher/Finspy junto con una solución denominada Hunter Punta Tracking/Locsys para geolocalizar un teléfono, aunque esté activado sólo unos segundos. Ambos se los compraron a Obses de México, S.A. de C.V. y pagaron: por el primero 109 millones 327 mil 680 pesos y por el segundo 93 millones 236 mil 160 pesos.
Si toda esa tecnología la utilizaran en contra de las mafias ya se tendrían algunos resultados, pero está suficientemente claro se desvía para ser utilizada con objetivos ligados al autoritarismo, a la intimidación política, para reducir las libertades ciudadanos y, entre más lo niegan, más clara se percibe la realidad. En las entidades señaladas ante la inseguridad y la presencia permanente de la delincuencia, está el mejor ejemplo del mal uso de estos sistemas. Y es tal la incapacidad demostrada por el gobierno federal y los estatales que ni siquiera con base a estas informaciones tienen las líneas de investigación convenientes para aclarar los crímenes de periodistas a los cuales espían y, de ahí, deban solicitar colaboraciones dando a conocer datos que conduzcan a los responsables a cambio de dinero, de recompensas económicas.
SIN CREDIBILIDAD
El Congreso está obligado a investigar los alcances del espionaje en México. Las investigaciones del Poder Legislativo deber ser autónomas a las del Poder Judicial. Al mismo tiempo, deben los legisladores detener cualquier intento por aprobar la Ley de Seguridad Interior, una iniciativa de ley la cual busca regular la actividad del Ejército en el combate al crimen. Cabe recordar que algunas clausulas de dicha ley hablaban de recaudar información por cualquier medio, por lo cual se ve estaban enfocadas a legalizar actividades ilícitas que ya se venían cometiendo desde hace varios años.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores y diputados del PAN, PRD y Morena solicitaron la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de que presente un informe sobre los contratos de adquisición del programa de espionaje denominado “Pegasus”. También pidieron al Cisen, a la PGR y a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional un informe público sobre los contratos realizados con las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada, Grupo Tech Bull y Security Tracking Devices. Exigen detalles sobre el uso a ese software, incluyendo datos de los contratos, gastos y equipo adquirido.
A la PGR le demandan efectuar una investigación para conocer y sancionar a los responsables de los presuntos actos de espionaje denunciados por periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil. Piden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluir en su programa de trabajo la revisión de los recursos federales ejercidos de 2012 a la fecha para la adquisición de software para la vigilancia e intersección de comunicaciones, incluyendo a “Pegasus”.
La Procuraduría General de la República inició ya una carpeta de investigación para indagar los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y quipos de informática por la “intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos”. La dependencia indicó investigará a las compañías que venden el software denominado “Pegasus” con el cual se han realizado actividades de espionaje. A cargo de la investigación está la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Sedena, Semar, Segob y PGR abstenerse de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. La CNDH informó: “Sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a Sedena, Semar, Segob y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema “Pegasus” o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra personas contraviniendo el orden jurídico constitucional”.
CNDH recordó al gobierno federal: “Si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial. Por lo que contravenir ese mandato con el objeto de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”.
MAL DE RAÍZ
La mala formación impartida en colegios como Cumbres o Irlandés o muchos otros ligados a las jerarquías religiosas, va permitiendo la generación de pandilleros seguros de su conversión en funcionarios públicos o gobernantes. Ayer presentaron una primera denuncia, lo hará uno de los jóvenes agredidos una vez sea otorgada la autorización del médico para salir del hospital y comparecer. Igual sucederá el día de hoy. Apenas a partir de ellas podrá intervenir la autoridad y empezar a investigar y ya se verá si realmente emprenden alguna acción en contra de quienes los atacaron. Los colegios, por su parte, redactaron una misiva solidarizándose con las familias, garantizando en sus planteles se forman hombres de bien, pero sin mencionar ninguna sanción, impunidad plena, total.
Y muy poco puede esperarse si, en los altos niveles, según revela Oscar Valdés en una colaboración presentada el pasado día 19, se señala “desde su creación la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue reconocida por sus resoluciones, no existe algún precedente tipo el caso Marbury contra Madison, en EU. Con los amparos que promovimos vs el gasolinazo, el juzgador responsable a boca de jarro me la soltó, que pasando las elecciones resolvían. ¿Qué tienen que ver las elecciones de este año con los amparos del gasolinazo? Me contestó: “Abogado, usted ya sabe, cumplo órdenes”.
“El Consejo de la Judicatura Federal sirve para tener un control político y administrativo, desde ahí se tiran líneas. Los ciudadanos debemos pedir la renuncia de todos los ministros en el 2018 y pedir que todos sean de carrera, sin rasgos partidistas, una Corte sin cuates, sin alianzas, la ley a raja tabla. Sus resoluciones son inatacables… así o más impunidad”. Dos palabras definen el fondo de todos nuestros actuales problemas, de los económicos, sociales, gubernamentales, de seguridad: corrupción e impunidad. De ambas prácticas vamos por el campeonato mundial.
VIOLENCIA INCONTROLABLE
El gobierno de Enrique Peña Nieto es incapaz de frenar la ola de violencia que resiente el país y, lo peor, ésta aumenta de intensidad a pesar –o como consecuencia- del despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias, todas fallidas, sin arrojar resultados. Mayo se convirtió en el mes más violento del cual se tenga registro en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se revela iniciaron en ese mes 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta desde 1997. El anterior récord de violencia lo tenia mayo de 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, con 2 mil 131 homicidios. Nada se ha avanzado durante esta gestión federal para garantizar el derecho a la vida de los mexicanos.
En los primeros cinco meses de este año se tienen registrados casi 10 mil asesinatos (9 mil 916 ejecuciones), es decir, un aumento de 29.4 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 7 mil 658 ejecuciones. El 2017 va camino a convertirse en el año con más ejecuciones en las últimas dos décadas. En mayo pasado el homicidio doloso subió en 17 entidades federativas en comparación con el mes previo, y aún así Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se siente con posibilidades de ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República en las elecciones federales del 2018.
Los estados donde se han incrementado las ejecuciones son: Chihuahua, donde pasó de 100 en abril a 140 en mayo; Colima, de 33 a 52; y Ciudad de México, de 81 a 103 casos, y en donde el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se comporta ya como precandidato presidencial independiente, apoyado únicamente por su ex pareja, Alejandra Barrales, dirigente del PRD, y por la estrategia del gobierno federal de dividir desde ahora el voto opositor. Guerrero pasó de 189 a 216 ejecuciones; Nuevo León, de 54 a 75; San Luis Potosí, de 24 a 44; Tamaulipas de 45 a 72; y Veracruz, de 116 a 137 asesinatos.
Desde julio del año pasado se acrecentó la ola de violencia. Ante el incremento de las ejecuciones, en agosto, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una “estrategia especial” para acotar a los criminales. A la fecha no hay ningún resultado de la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del país donde se concentran el 42 por ciento de los homicidios. La presunta estrategia cuenta con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad. A principios de este año, la Secretaría de Gobernación lanzó ooootra estrategia en los 50 “Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención” (MAPPP). Los resultados son los mismos: inexistentes.
El temor al crimen organizado llevo a varios municipios a suspender sus actividades productivas y comerciales en Tamaulipas, donde la disputa de los grupos delictivos por el control de la región citrícola, así como el acoso y el cobro de cuotas de los cárteles a productores y comerciantes, paralizó incluso la actividad naranjera. Desde el lunes pasado, unos 400 comerciantes de los municipios de Güémez, Hidalgo y Padilla bajaron sus cortinas para exigir al gobierno estatal, del panista Francisco García Cabeza de Vaca, condiciones para poder llevar a cabo sus actividades. La protesta de los comerciantes se extendió a gasolineras, restaurantes y centros de recepción de cosechas en los tres municipios.
PIFIAS DEL DÍA
Un país de ensueño, con objetivos alcanzados y planes a futuro con garantías excepcionales, fue el presentado por Enrique Peña Nieto a los inmobiliarios en la reunión celebrada ayer en Los Pinos y a la cual asistieron varios gobernadores, entre ellos el quintanarroense Carlos Manuel Joaquín González. Se hace referencia a este mandatario por una clara y muy conocida situación: inseguridad en la tenencia de la tierra, en las adquisiciones de departamentos, en los permisos y densidades en principio otorgadas y después impunemente alteradas.
No hay tales seguridades para los inmobiliarios en una entidad en donde se han llevado a cabo juicios laborales amañados para despojar a propietarios de sus terrenos y edificaciones tanto en las playas como en las ciudades. El mal manejo exhibido dentro del Registro Público de la Propiedad, cuya etapa negra se vivió con Carlos Lima, es otra clara muestra de la inseguridad y de las alteraciones llevadas hasta el punto oficial para después y ante las quejas, ser los expedientes manipulados desde el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, a cargo de Fidel Villanueva, quien se retirará del cargo aparentemente sin cargos al haber acordado brindar información sobre actuaciones detenidas en contra de funcionarios del gobierno anterior
El fraude cometido por Kelly en el área hoy conocida como Puerto Cancún, fue de orden internacional. Ni qué decir de la venta de predios en tiempos en los cuales los ejidatarios no estaban autorizados y de las grandes extensiones de tierra entregadas a poderosos a quienes se les otorgan densidades sin límite. Ni para que ahondar en las malas operaciones del mismísimo Fonatur, tanto en puntos como Mirador como en el conflictivo Tajamar. Las acciones de la Secretaría de Ecología y su respectiva Procuraduría formarían un catálogo de violaciones a la Ley, de las llevadas a cabo “a modo”, pese a estar ésta clasificada como una de las legislaciones más completas y avanzadas en la materia del mundo.
No deja de ser un punto a discutir la exigencia de llevar ante Notario los contratos de arrendamiento y firmar pagarés por los meses que el documento compromete. Tampoco se habla de la carencia del respectivo registro de condóminos, de las asociaciones en donde se agrupan y de la legislación que debe normarlos. En fin, en esto de las operaciones inmobiliarias Quintana Roo es todo un ejemplo, tal vez por eso invitaron y asistió don Carlos Joaquín, a quien más de uno de los puntos señalados le debe haber causado vergüenza, al estar enterado desde sus tiempos de alcalde de todos ellos y, pese al tiempo transcurrido y los cargos desempeñados, no ha ejercido una sola acción, ni antes expresó alguna queja ajena a lo que afectaba a su persona, nada más.
HUNDIENDO A MÉXICO: VIENE OTRO RECORTE EN 2018
No contento con sus absurdas, ilógicas, incongruentes y burlonas expresiones sobre lo caro del precio de las gasolinas robadas, 11 pesos por litro, manifestando su esperanza en un encarecimiento aún mayor para ubicarse dentro de la ley de la oferta y la demanda, quedando obviamente en desventaja, el titular de la SHCP, puso de relieve el ineficaz manejo de la administración federal anunciando otro recorte presupuestal en 2018. José Antonio Meade Kuribreña, adelantó el paquete económico para el próximo año aplicará otro ajuste presupuestal y advirtió a los gobiernos estatales tendrán que hacer un esfuerzo para recaudar más.
En 2016, Hacienda recortó el gasto 132 mil 300 millones de pesos y en 2017 el monto alcanzó 239 mil 700 millones de pesos. Para 2018, según Meade, el recorte será menor a los ejecutados en los dos años previos. También afirmó el déficit será menor este año que el anterior y se comprometió a alcanzar al cierre de la administración un 2.5% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).
Meade Kuribreña reiteró que una parte importante del presupuesto, casi 30 por ciento, se va a estados y municipios por la vía de aportaciones y participaciones; casi otro 30% se va para el pago de los intereses de la deuda; y alrededor de 20% para el pago de pensiones. Por lo anterior, dijo, el gobierno sólo tiene impacto sobre el 20%. El funcionario estimó poco probable el próximo año haya un remanente en el Banco de México.
EN AGOSTO, RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
Al gobierno de Estados Unidos le urge iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el débil y lacayo gobierno de Enrique Peña Nieto, y concluirlo lo antes posible, pues la elección presidencial del 2018 podría seguramente complicarle los términos de la negociación, por la intervención de fuerzas políticas progresistas en ese proceso. Robert Lighthizer, representante comercial de EU, reportó al Congreso de su país que planea iniciar el 16 de agosto próximo la modernización del TLCAN con México y Canadá.
En una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado, señaló: “las rondas de negociación del TLC pueden empezar tan pronto como el 16 de agosto. Intentamos movernos muy rápidamente”. El funcionario considera posible completar las negociaciones de la modernización de ese tratado comercial para finales del presente año, pero insistió en que EU no entrará a las negociaciones con un plazo fijo para completarlas. Lighthizer explicó que la administración del presidente Donald Trump entiende que hay consideraciones por los calendarios electorales de sus socios comerciales. También se comprometió ante los legisladores a dar a conocer los objetivos específicos de Estados Unidos para la modernización del TLCAN el 17 de julio.
DE LOS PASILLOS
Dirigentes de Morena y el PT consideraron que la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila no ofrece garantías de que será un árbitro imparcial y competente para conducir la elección presidencial de 2018. El INE ha sido cercano al poder desde su creación tras la reforma electoral de 2014 y ha devenido en un órgano burocrático, subrayó Horacio Duarte, presidente de Morena en el Estado de México. De acuerdo a una encuesta de un diario capitalino, el 60 por ciento de los ciudadanos considera que el INE es incapaz de organizar la elección presidencial y el 55% piensa que no es independiente del gobierno. Un 60 por ciento de los mexicanos encuestados juzga que hubo fraude en las elecciones del Estado de México y Coahuila…
Al cierre de estas líneas estábamos pendientes de conocer el dictamen de las distintas mesas de trabajo de la Asamblea de la OEA, de las ajenas al tema Venezuela. Por lo pronto ya se sabe hubo otros jaloneos y exhibiciones ligadas a la exigencia al gobierno mexicano de aclarar tantas y tantas interrogantes sobre abusos, violaciones, crímenes, así como sobre la corrupción y la impunidad reinante. Al parecer no habrá tiempo de dedicarle un capítulo aparte al tema del espionaje. El anfitrión y suspirante candidato perdió públicamente, entre otros, mucho pelo. ¿Ya lo vio?
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