Lilia Arellano.
“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad”: Luis Donaldo Colosio
• EPN peor que Calderón
• Logran duplicar crímenes, ejecuciones y otros delitos
• 2017, resultó el año más cruento en la historia del país
• Desde el 2016, inicia el periodo más negro de Q. Roo
• Mmp destinados a cubrir seguridad de un solo hombre
• Llevan caso OHL-Del Mazo al TRIFE; culpan al INE
Ciudad de México, 25 de Julio de 2017.- La estrategia se agota después de dos sexenios de aplicarla infructuosamente y los gastos se incrementan, año por año, pero las narcoejecuciones siguen e incluso se duplican. La ciudadanía no ve la salida ante la necedad de las autoridades federales por continuar un sendero regado de cadáveres y en donde no se vislumbra la paz, sino sólo el agravamiento de la inseguridad pública. Los datos duros desmienten los discursos oficiales de “vamos por la ruta correcta” pero “llevará tiempo reimplantar la paz pública”.
En los primeros seis meses de este año se cometieron 8 mil 791 ejecuciones del crimen organizado en todo el territorio nacional. Cifra 62 por ciento mayor a la estimada en el año pasado, de 5 mil 413. Semáforo Delictivo, organización autodefinida como un proyecto social ciudadano para la Paz en México, reporta en enero mil 339 ejecuciones, en febrero mil 332, en marzo mil 651, en abril mil 378, en mayo mil 485, y en junio mil 606. Estos asesinatos representan el 72 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante el primer semestre del año.
La cifra rompe récord histórico pues representa un incremento de 16 por ciento más que el primer semestre del 2011, el peor año de la administración de Felipe Calderón. Trece entidades están por arriba de la media nacional en ejecuciones: Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Sinaloa.
El “colapso” de la autoridad, la “guerra” contra capos, las disputas entre organizaciones y la atomización de los grupos delictivos, son las principales causas de la violencia, según la organización Semáforo Delictivo. “La principal causa de la violencia en México es la política de drogas prohibicionista y el mercado negro que genera”, dice y agrega: la extorsión y el robo a negocio son otros delitos incrementados durante el primer semestre del 2017. Los datos del primer semestre de este año marcan el “fracaso contundente” de la estrategia de seguridad en México con el incremento de los delitos de mayor impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículos.
“Treinta estados reportan incrementos en el delito de homicidio, la mitad de ellos con aumentos superiores al 30 por ciento. Las entidades con las tasas más altas son Colima, Guerrero, las dos Baja California, Sinaloa y Chihuahua”, destaca el reporte, el cual advierte: de continuar las actuales tendencias “cerraremos el año con más de 24 mil homicidios y más de 16 mil ejecuciones, y será el peor año de la historia reciente de México”.
QUINTANA ROO DE AMARILLO A ROJO
Es absurdo pretender engañar a la población reuniendo a los representantes de varios medios de comunicación escritos y a los llamados líderes de opinión televisivos para ocultar lo grave de la inseguridad en la llamada “Perla del Caribe Mexicano”. Peor aún si en este tipo de malévola estrategia se pretende sumar a los hoteleros, a los prestadores de servicios, a quienes laboran y les han lanzado la orden de no alertar al turismo sobre los daños a sufrir si se dirigen hacia zonas peligrosas. No asumir la gran responsabilidad adquirida al obtener el mando y pretender endosarla a terceros, intentar tapar el sol con una hoja de periódico es verdaderamente infantil.
Para dar veracidad a estas afirmaciones sobre la negligencia e incapacidad existente, están los hechos: durante el mes de noviembre se dieron a la tarea de restringir la navegación en Punta Caracol y Punta Nizuc en tanto fiscalización del Ayuntamiento de Benito Juárez la emprendía en contra de establecimientos en la zona hotelera, justo cuando dos días antes las discotecas Mandala y Congo Bar fueron escenario de brutal violencia. Una doble ejecución en Puerto Morelos llevó este tipo de asesinatos a sumar 59, cifra registrada durante once meses del año anterior y rebasada el primer trimestre el 2017.
En el Mandala, se recordará, fueron 3 los baleados frente a decenas de turistas. Manos, cabeza y una oreja fueron encontrados en Puerto Morelos. En pleno Puerto Aventuras tiene lugar el robo de un cajero automático de Bancomer. Principia la cadena de asaltos a comercios tanto en Playa del Carmen como en Cancún. Remberto Estrada y Cristina Torres se esfuman, no aparecen. Vecinos de La Joya, en Cancún, encuentran la primera de una serie de amenazantes narcomantas. Comando armado “levanta” a una mujer en la supermanzana 20. Se sabe de la autoría de los mensajes callejeros y colgados pero, no hay intención alguna de actuar.
Se registra el primer ataque sobre motocicleta en un intento de ejecución en la Región 102 de Cancún. En Cozumel tiene lugar el asesinato de conocida bailarina del table dance El Camarote. Cundió el pánico en pleno tianguis popular al atestiguar los compradores fuerte balacera. Isla Mujeres se conmociona con asesinatos a taxistas y colocación de narcomantas. Un trabajador del volante pelea con un turista norteamericano y lo balea. Detienen a otro taxista allá por Huay Pi transportando 60 kilos de mota. Sicarios disparan contra habitantes de la Región 101.
Abierta declaración de guerra es encontrada entre las piernas del cadáver de un sujeto al cual primero torturaron. Playa del Carmen y Cancún son víctimas de la venta de protección y de extorsiones. Los principales afectados: comercios, restaurantes y bares. Asaltan a conocida tienda de joyas y relojes ubicada en plena zona turística de Playa del Carmen y ese mismo día asesinan al conocido mecánico automotriz apodado “Profe Frank”, dentro de su negocio. Deciden cerrar los bares instalados en las afueras de la Plaza de Toros; el motivo, otro ejecutado con 50 tiros. El botín de ese mismo día 80 mil pesos. Se registra el primer ataque sobre motocicleta en un intento de ejecución en la Región 102 de Cancún. Pretenden ciudadanos formar un grupo para auto defenderse de los delincuentes al presentarse un robo masivo de autopartes.
En 24 horas asaltan 7 farmacias, un Oxxo, a dos prestamistas y ejecutan al hermano de la directora del DIF en Benito Juárez. El difunto acababa de salir de la cárcel. Dos sicarios entraron al Hotel Azteca y dispararon a su ocupante. Hasta aquí lo relacionado con este tipo de delitos, porque hay otros igualmente preocupantes y dañinos como son aquellos con los cuales salieron simpatizantes de una alianza sin el más común de los sentidos, perjudicados y lo que es peor, se les derrumbaron esperanzas, les destruyeron sueños e ilusiones.
Afectan severamente la economía de los chetumaleños, denuncian empleados despedidos. Se descubre el número de poblanos con los cuales reemplazaron a los dueños de esta tierra en las tareas burocráticas. Para iniciar la guerra en contra de Barcos del Caribe, doña Alicia Ricalde otorga una descarada protección a Ultramar y sus dueños; inicia también junto con el estreno de lujosas oficinas para su hermano Julián, el nuevo método “pollero”. Los jaloneos partidistas por los presupuestos a ejercer muestran la ociosidad de los legisladores entrantes. A sabiendas de ocupar una curul vacacionaron antes de llegar y no checaron un solo número, de ahí se ubiquen renglones de gran derroche.
Implantan en Solidaridad un nuevo impuesto y lo disfrazan de “derecho”. Empieza el corredero de personal en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y van desde el área administrativa hasta periodistas, conductores, técnicos, lo desmantelan y dejan en la incógnita -así permanece- el asunto de las filmaciones para SAGARPA, no hay implicados, ni investigación alguna por esas ligas familiares tan fuertes. Salen a relucir las mentiras sobre las remodelaciones en la casa de gobierno en Chetumal, aquella de la cual se dijo sería convertida en templo de la cultura. Inicia el gran show de la venta de tierras y las denuncias con evidentes fallas aritméticas. La Corte deja firme el nombramiento del Fiscal, el de Carlos Álvarez Escalera, con ello dan el primero de muchos golpes a la administración (?) actual.
Luis Videgaray y Pedro Aspe ocupan espacios importantes en la prensa al considerarse como la mancuerna efectiva para una abusiva renegociación de deuda. Joaquín Hendricks, ex gobernador, levanta polémica nuevamente al festejar su cumpleaños rodeado de militantes y funcionarios de todos los partidos políticos y la lectura otorgada por los analistas políticos no revela capacidad de negociación sino abiertas y notorias traiciones y deslealtades.
Aprueba “La Princesa”, Laura Fernández, aumentar el Impuesto Predial. El cálculo del catastro resultó incomprensible, inaceptable, impagable y fuera de todo sentido común el incremento. Lo de la alcaldesa son los negocios y Puerto Morelos, no lo era… hasta que apareció Punta Brava. Como las vidas y los lujos no son parejos, en otro nivel, a la altura de las Secretarías, el de Sintra, sale feliz a Nueva York, con toda la familia para celebrar el cumple de su hija. Desalojos violentos e ilegales en Tulum ponen a Miguel Ramón Martín Azueta de nuevo en el centro del escándalo, el abuso y el autoritarismo.
Todo lo enlistado anteriormente sucedió sólo en los 30 días de noviembre. Durante el segundo mes (sobre el primero ya le dimos cuenta en este mismo espacio) de un gobierno en el cual, transcurridos 8 más, sigue sin mostrar un signo positivo de cambio y manejando el presente y futuro con un espejo retrovisor. Mañana seguirá diciembre y no es mejor.
EN EL DÍA A DÍA
Una serie de fallas consideradas como increíbles e imperdonables hacen cadena en los expedientes tantas veces cacareados como “investigaciones” de primer nivel realizadas lo mismo por los flamantes titulares de despachos del gobierno quintanarroense que por la Fiscalía operada también por supuestos profesionistas elegidos por Carlos Manuel Joaquín González. Una juez dice no, otra si; luego la del si le demuestra su error a la del no y ésta dice “no me fije”. Por lo tanto, los amparos se multiplican y otro de los argumentos empleados se sitúa en manejar a los acusados dentro de un mismo contexto, cargo y funciones al mismo tiempo. Con decirle existían tres secretarios de gobierno en ese tenor.
En fin, ya Gabriel Mendicuti tiene un amparo definitivo bajo el brazo. Lo todavía no comprensible dentro de toda esta escandalera de los aviones gira en torno a quien debería ser el primer inculpado: Javier Zetina, hermano del subsecretario de Sefiplan, quien fuera vergonzosamente despedido del gobierno de Ivonne Ortega no sólo por ser golpeador de mujeres sino por otros manejos de los cuales la exgobernadora yucateca prefirió guardar silencio como cumplimiento a la petición de su amigo Félix González, su protector y empleador al llevarlo de inmediato a la recaudadora de rentas de Cancún.
“Javicho” presidía el Consejo de Vips Saesa, sin embargo, nunca asistió a las reuniones, aunque si firmó todos los documentos. Carlos Acosta, a quien tienen encerrado, es el “chivo expiatorio” para proteger a Zetina, quien obviamente no aparece y el manto de impunidad le cae justo cuando muy obedientemente renuncia y pone como condición no hacer muchas revelaciones de todo lo que sabe y posee. El resto de implicados en este asunto carecían de facultades para dar autorizaciones y, en una pifia más, revelan el desvío de 580 mil millones, cifra que alcanza 50 veces más lo gastados en un sexenio. Sino pueden comprobar esta cifra, pese a poder argumentar igual a la juez: “me equivoqué”, bastaría para obtener la libertad y ofrecer disculpas a todos los acusados.
¿Será verdad la referencia sobre acusar a Mimenza de sedición? Quién sabe pero lo verdadero y comprobado es que ha hecho explotar las redes y sus argumentos trascendieron fronteras.
GASTAN MÁS EN SEGURIDAD
El gobierno federal ha concentrado sus esfuerzos en una estrategia de “combate frontal” y no al mejoramiento de las capacidades de investigación y de recopilación de evidencia delictiva, advierte un estudio del Senado de la República. Durante la última década, los niveles de violencia e inseguridad se han incrementado, a pesar de que el gasto público en ese renglón se ha duplicado, al pasar de 130 mil millones de pesos a 264 mil millones, entre 2006 y 2016. La inversión presupuestal supera el gasto corriente neto federal.
Un reporte del Instituto Belisario Domínguez concluye: “el incremento nos indica que las administraciones federales si han contado con recursos durante los últimos años para impulsar mejoras en la seguridad y la justicia en México”. Y destaca: “estos incrementos en el gasto, contrastan, por así decirlo, con la situación de inseguridad que se ha vivido en México durante estos mismos años”. En términos reales, las Fuerzas Armadas duplicaron sus egresos. Mientras, el Poder Judicial de la Federación obtuvo un gasto 1.6 veces mayor, frente a un incremento de 3.6 veces en los recursos para la Seguridad Pública, centralizada en la Secretaría de Gobernación. La inyección de dinero se debió principalmente a recursos ejercidos por la Policía y el Sistema Penitenciario federales.
Indica el reporte: “el gasto ejercido por la Policía Federal se cuadruplicó en términos reales y el gasto de la unidad de Prevención y Readaptación Social se multiplicó 8.8 veces entre 2006 y 2016”. Los operativos de la PF en los últimos 10 años tuvieron un costo de 242 mil millones de pesos, mientras que la actividad administrativa ligada a los reclusorios subió 13.6 veces en términos reales. Resultados: absolutamente ninguno.
PRESIDENTE BLINDADO
Mientras la sociedad en su conjunto resiente los incrementos en los índices delictivos y la inseguridad en general provocada por una violencia generalizada, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se aumentó el gasto presupuestal sólo en este rubro en 643.7 millones de pesos durante los primeros meses del año. Entre enero y mayo, Los Pinos subió su gasto en 929 millones de pesos, le aprobaron 700.7 millones y ya lleva gastados mil 819.6 millones.
El ajuste más grande se registró en la partida de Apoyo a las actividades de Seguridad y Logística para Garantizar la Integridad del titular del Ejecutivo Federal, de acuerdo al informe de Avance Físico de los Programas Presupuestarios enero-mayo 2017, entregado a la Cámara de Diputados y elaborado por la Secretaría de Hacienda.
Los diputados aprobaron originalmente en el caso de la partida de seguridad, 700.7 millones de pesos, pero el gobierno federal modificó el presupuesto a mil 344.4 millones. Además, en la Oficina de la Presidencia también se registraron alzas en Asesoría, Coordinación, Difusión y Apoyo Técnico de las Actividades del presidente, con un aumento de 265.8 millones de pesos.
OHL-DEL MAZO, AL TRIFE
El Instituto Nacional Electoral se negó a indagar la denuncia por el presunto desvío de recursos de OHL a la campaña de Alfredo del Mazo. Debido a ello, integrantes de la iniciativa Ahora llevaron el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La revisión de gastos de campaña del priísta fue “dinamitado” desde el interior del árbitro electoral, acusaron Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez, quienes señalaron directamente a Eduardo Gurza, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
A las afueras de la sede de la Sala Superior del TEPJF, Figueroa culpó a Gurza: en pleno proceso de fiscalización, pidió a los partidos dejar de reportar gastos una semana antes de la jornada electoral, lo cual impidió a la autoridad electoral conocer realmente cuánto erogaron los candidatos y si alguno rebasó los topes de campaña. Renunció el INE a las facultades de investigación conferidas por la Constitución con la reforma electoral del 2014, dijo el ex consejero electoral. “El asunto es muy grave, porque, hasta el día de hoy, el responsable de que se giren esos oficios sigue como titular de la UTF; es desde la propia autoridad electoral desde donde se ha, en buena medida, dinamitado la certeza respecto de los informes de gastos de campaña”.
A su vez, Álvarez Icaza exigió el cese inmediato de Gurza como titular de la UTF, así como la renuncia de los 11 consejeros electorales. Planteó, con un nuevo Consejo Electoral, el INE atraiga las elecciones federales y concurrentes de 2018. “Para nosotros es gravísimo en términos de lo que puede generar como precedente para 2018, la iniciativa Ahora ha pedido por eso la renuncia de los integrantes del Consejo General, se anulen las elecciones de Coahuila y el Estado de México, el cese inmediato del titular de la UTF del INE y que, bajo la nueva integración de un nuevo Consejo General, se atraigan las 30 elecciones que se harán el año que viene”, subrayó.
Mientras, la ex alcaldesa de Texcoco y ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, sigue su lucha para lograr le sea reconocido su triunfo electoral. Este martes, el delegado de la Gustavo A. Madero, el perredista Víctor Hugo Lobo, impidió a la abanderada de Morena y sus simpatizantes instalaran un plantón en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para protestar en contra del fraude en los comicios mexiquenses.
Tras peregrinar desde la Cámara de Diputados, Gómez notificó a sus seguidores la decisión del delegado perredista. “Lamentablemente y lo lamento mucho, el delegado Lobo, Víctor Hugo Lobo Román, pues no lo permitió. Sin embargo, vamos a ser respetuosos, quedamos que esta manifestación es pacífica”. La diputada federal con licencia comentó en tono de broma que si las instituciones electorales no responden y limpian la elección, espera que la Virgen de Guadalupe le haga el milagro. Gómez prevé hacer mañana un acto de presencia fuera de la Secretaría de Gobernación.
DE LOS PASILLOS
El desarrollo del proceso judicial en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa causa muchas interrogantes y apunta a un caso más de flagrante impunidad para el priísta, lo cual obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a señalar “no habrá pacto con ningún presunto involucrado ya que nadie es intocable bajo ninguna circunstancia”. Pero la experiencia ciudadana en México ha mostrado cómo la autoridad dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Así que puede estemos escuchando los detalles del pacto con los Duarte cuando Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), refiere: la esposa del ex mandatario de Veracruz, Karime Macías, o cualquier otra persona, podrán ser citadas a declarar siempre y cuando tengan información que el Ministerio Público Federal considere relevante en las indagatorias. Lo cual traducido se indica: la principal operadora de Duarte de Ochoa, su esposa, queda blindada ante la justicia mexicana, pues las investigaciones se mantienen en secreto y no tiene información importante por aportar salvo que sirvan sus experiencias maritales y la narración de pleitos por descubrirle amantes viudas a las que luego tiene que correr y quitarles los regalos obtenidos en cada sesión -supone- sexual… Lo anterior se refuerza pues luego de que José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero del ex gobernador jarocho, aseguró que Karime Macías pudo haberse beneficiado con dinero del gobierno de Veracruz para asuntos personales, el funcionario de la PGR dijo “no basta solamente con señalar que alguien haya recibido dinero o inclusive hacer una denuncia directa en contra de alguna persona responsable de algún delito”… Aunque las últimas afirmaciones de la flamante Arely Gómez señalen sólo basta con una acusación, inclusive de la prensa, para iniciar indagatorias…
Mientras, la ola de violencia se mantiene en el país: un grupo armado mató a balazos a cinco policías municipales durante un asalto a empleados del programa federal de Prospera en inmediaciones de la comunidad de Tecozaca, municipio de Ahuacotzingo, Guerrero. Tras cometer el asalto, los delincuentes se llevaron a dos empleados. Los policías fallecidos pertenecen a las filas de la Policía de Ahuacuotzingo, quienes escoltaban a los empleados de Prospera a Tecozaca, donde entregarían recursos a beneficiarios del programa federal…
Luego de que la Arquidiócesis de México denunciara en un editorial del semanario Desde la Fe cómo la corrupción y la impunidad propiciaron el incremento de la delincuencia y el crimen organizado en el país, la madrugada del martes estalló un artefacto en el acceso del edificio sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en Calzada de los Misterios, colonia Guadalupe Tepeyac, delegación Gustavo A. Madero, el cual causó daños materiales a la puerta principal. No se reportaron heridos. Primera llamada para los Santos con la devoción de los buenos, los malos, los peores y, sobre todo, los inútiles.
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