Javier Peñalosa Castro
Aún estaban vivas las imágenes de la devastación causada por el sismo del 7 de septiembre. Si bien lejana para los habitantes del centro del país por la distancia y la dificultad de acceso a las zonas de Chiapas y Oaxaca que fueron devastadas, la estela de destrucción y muerte llevaba a evocar otra gran tragedia: Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que marcaron a una generación de mexicanos.
Como cada año, este 19 de septiembre miles de personas repasaron la terrible lección que dejaron los sismos de hace 32 años con una jornada de simulacros y revisión de protocolos de evacuación en edificios públicos y privados. Y cuando la memoria de algunos viajaba rumbo a los recuerdos o bien a los relatos de padres y abuelos acumulados a lo largo de 32 años, poco antes de la una y quince de la tarde, una fuerte sacudida nos recordó la fragilidad de la materia con que estamos hechos, tanto nosotros como lo que nos rodea.
Por más sólidos que parezcan los muros y el concreto, en fracciones de segundo todo puede venirse abajo. Eso precisamente fue lo que ocurrió en medio centenar de edificios de la Ciudad de México, donde la violenta sacudida del sismo de 7.1 grados, cuyo epicentro estuvo a 102 kilómetros del Valle de México, provocó zozobra, angustia y pánico entre cientos de miles de capitalinos que acababan de conmemorar aquella fecha.
Los más, tras comprobar que no había daños en su entorno cercano, recobraron la calma. Sin embargo, las noticias comenzaron a circular a través de las redes sociales, al punto que incluso los más escépticos terminaron por aceptar que el terremoto había adquirido dimensiones de tragedia; que varias construcciones en la ciudad de México —especialmente en los sitios más afectados en 1985, como el corredor Roma – Condesa— habían colapsado y que, como hace 32 años, varios sobrevivientes permanecían entre los escombros.
Y aunque, como han aclarado los omnipresentes y omniscientes numerólogos, tres de cada cinco mexicanos de nuestros días nacieron después de 1985, la solidaridad inmemorial se hizo presente. En cuanto se conoció el alcance de la devastación y la tragedia, decenas de miles de voluntarios acudieron a los puntos en que los edificios se derrumbaron para participar en las tareas de rescate, en tanto que decenas de miles más comenzaron a hacer generosos donativos, a tal punto, que fue necesario pedir que dejaran de dinar comida y agua, y que se concentraran en medicinas, instrumentos y herramientas aptos para el rescate de personas que permanecían entre los escombros, así como cascos, guantes de carnaza y otros implementos para acometer estas tareas.
Al conocer la magnitud de la devastación y las necesidades de quienes perdieron todo, la sociedad civil elevó su voz para exigir que los miles de millones de pesos que se destinan a los partidos políticos se empleen para la reconstrucción y el auxilio de los damnificados.
Cabe apuntar que esta propuesta ya había sido hecha por Andrés Manuel López Obrador para atender a los damnificados en Juchitán y otras poblaciones de Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, Consejeros del INE y dirigentes de otros partidos se le fueron de inmediato a la yugular y le dijeron que eso, además de “populista” y “oportunista”, sería ilegal, pues los fondos destinados en el presupuesto para financiar a los partidos eran virtualmente inamovibles y sólo podían ser empleados para tal propósito. Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas, dijo entonces que “está prohibido que los partidos destinen a fines distintos los recursos que les entrega el INE”. Hoy resulta que el mismísimo presidente del INE, Lorenzo Córdova, y hasta el Secretario de Hacienda y aspirante a la candidatura presidencial por el PRI, José Antonio Meade, declaran que es legal reasignar estos recursos para atender a los damnificados.
Antes de cumplidas 48 horas después del sismo del 19 de septiembre, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, ofreció donar la cuarta parte de las prerrogativas asignadas por el INE a su partido, en tanto que el PAN elevó la cifra a 50 por ciento y Movimiento Ciudadano se dijo dispuesto a ceder hasta el 100 por ciento del subsidio gubernamental. Por supuesto, todos aclararon que no se trataba de una decisión populista ni se buscaba lucrar políticamente con ella, lo cual hace recordar aquel dicho de “explicación no pedida, acusación manifiesta”.
Otras dependencias gubernamentales y algunos funcionarios en lo personal han ofrecido contribuir a la atención de los damnificados con donativos y reasignaciones presupuestales. Sin embargo, las necesidades son muy grandes y apenas servirán para paliarlas. temporalmente
Parece poco probable que el gobierno asuma el costo de esta tragedia, pese a que lo ha hecho ante desastres financieros como la famosa crisis del “error de diciembre”, en la que subsidió y protegió a banqueros y financieras antes que a deudores en la ruina, o con los famosos rescates carreteros, sólo por citar algunos casos.
Sin embargo, en vísperas de elecciones, es de esperarse que, al menos, prometa ayuda a los más afectados (muy probablemente a cambio del voto), y lo es también que la gente reaccione en las urnas contra quienes, instalados en la simulación y el cálculo bajuno de lo que más conviene a sus intereses, dosifican la ayuda vital de acuerdo con sus torcidas e interesadas miras.
