Lilia Arellano.
“Ni en la paz de los sepulcros creo”: Joaquín Ortega Arenas
• Negocito macabrón
• Arrojan autoridades cuerpos no reclamados a fosas
• Corrupción extendida más allá de la vista en vida
• Ley de Seguridad Interior acumula controversias
• Ex mandatarios: protección y venganzas políticas
• Q. Roo: “peces gordos” gozan de salud y libertad
• Entrampa al gobierno la “ideota” de De la Madrid
Ciudad de México, 25 de enero de 2018.- Los negocios de las autoridades gubernamentales no se circunscriben a los recursos destinados a los vivos, surgen de manera escalofriante entre los muertos y lo mismo contemplan tráfico de órganos que ganancias por la expedición de certificados de defunción, en los velatorios, en los panteones y, por si fuera poco, exhiben sin ningún rubor la incompetencia existente para llevar a cabo elementales registros de cuerpos no reclamados por los familiares y llevados a las fosas comunes cuya similitud a las clandestinas adjudicadas a las mafias es total. Los servicios de salud, las secretarías del ramo, tanto estatales como la federal, no ejercen ninguna inspección en los hospitales, tanto públicos como particulares, para checar se encuentren cumpliendo el ordenamiento correspondiente las áreas de depósitos de quienes han dejado de existir.
Podría decirse es en las ambulancias, en el negocio creado en sus traslados, en donde todo da inicio porque es en ese interior en donde se ofertan hospitales, se negocia con aseguradores, se ofrecen trámites ante las autoridades cuando es tal el daño causado en el paciente que no les quedan dudas de su fallecimiento. La defunción de mujeres embarazadas da pie a surtir a los laboratorios de cremas y cosméticos de placentas y de otros elementos extraídos en las autopsias, igual sucede con las glándulas y de preferencias la hipófisis. Las agencias funerarias venden una y otra vez el ataúd con el cual se vela a los difuntos antes de su cremación y ni qué decir del cobro por el maquillaje y la preparación. Es ahí en donde también se facilitan trámites como el del Registro Civil y el correspondiente a los panteones.
Se venden dictámenes médicos en los cuales se plasman diagnósticos que permitan a las agencias aseguradores evadir responsabilidades. Se ofertan aquellos con los cuales se desvía el castigo correspondiente y cargando una culpabilidad sin discusión se deja en libertad lo mismo a quienes atropellan que a los asesinos. El Poder Judicial y el de Salud no sólo muestran ineficiencia, incapacidad, daños entre los vivos y hacen negocio con ellos y sus familias, sino se extiende hasta los cadáveres. Ejemplos de lo ocurrido a diario en el interior de la República se tienen a granel y resaltan en los lugares considerados como centros turísticos en donde se presenta otra rama de quejas de orden internacional.
Hubo más de 300 ejecutados el año anterior y de estos cuerpos solamente 90 fueron reclamados, ¿los otros? ¿Qué hicieron con ellos? Se cumplió, aseguran –porque en el caso de Quintana Roo no existen instalaciones suficientes para mantener a los cadáveres a las temperaturas que el paso del tiempo exige para mantenerlos adecuada e higiénicamente en forma- con el protocolo correspondiente, el del plazo para ser enviados a la fosa común. Como es sabido, se consideró impropio enviarlos a las universidades con Facultad de Medicina, para ser analizados, estudiados por los docentes, por lo tanto, y “muy respetuosamente”, son arrojados a un mismo agujero desnudos y sin mediar identificación alguna.
Se pasa el reporte de envío de sujetos no identificados y no hubo quien tomara huellas dactilares o sacara una fotografía o hiciera el registro de día, hora, lugar del fallecimiento. Nada de nada. Y así se ve aumentar el número de desaparecidos y sus familiares son obligados a acudir cuando se descubren “fosas clandestinas”, normalmente adjudicadas a la delincuencia cuando las autoridades actúan exactamente igual al momento de deshacerse de los cadáveres. En el colmo, en esta misma entidad en donde debiera contarse con todos los elementos y protocolos marcados internacionalmente por el simple hecho de recibir millones de visitantes extranjeros, sujetos igual que los residentes a accidentes, robos, asesinatos, muerte por causas diversas, no se tienen instalaciones adecuadas, funcionales, para la identificación y conservación de los cuerpos.
El negocio no se detiene ahí y va extendiéndose. En Cancún, una denuncia reveló el cobro ¡de predial a las tumbas! Ya no se trata de la perpetuidad y su alto costo o de los pagos de cada quinquenio para mantener en ese lugar los restos de los familiares o de venderles las urnas para depositar restos después de 7 o más años, sino ya es el cobro de un “derecho de piso”. Se solicitaron 75 mil pesos en el caso de referencia y las órdenes partieron de la presidencia municipal benitojuarense, con la bendición y aprobación del jovenazo del acné cerebral Remberto Estrada, decidido a no enterrar su carrera política, mantenerse en el poder a través de la reelección y sin pagar un céntimo o ser obligado a responder por los abusos cometidos y las ilegales licitaciones y contrataciones hechas lo mismo para el alumbrado o el bacheo como para la recoja de basura y ni que decir de las licencias de todo tipo, hasta de las otorgadas a sus amigos para circular a gran velocidad en estado de embriaguez cuando así les plazca.
Es hoy de vigencia absoluta poder expresar: “ni en la paz de los sepulcros creo”.
MINISTROS CONTRA LA PARED
Mientras la Ley de Seguridad Interior, la cual pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, acumula demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la aplicación y administración de justicia exhibe una fractura sistémica, y ésta beneficia a integrantes de la clase política en el poder, quienes en las investigaciones y juicios por peculado y desviación de recursos públicos para fines personales, son protegidos por ministerios públicos y jueces. En tanto, la impunidad prevalece y la creciente comisión de delitos, incluidos por supuesto los actos de corrupción, así como los efectos de la ola de violencia en diversas regiones del país, permanece sin castigo.
En efecto, el miércoles la Corte recibió dos acciones de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales, las cuales se suman a las cinco presentadas la semana pasada. Las acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Las controversias las formularon la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Municipio de Parral, Chihuahua. La SCJN ya había recibido acciones presentadas por minorías de las cámaras de Diputados y Senadores, y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como por el partido Movimiento Ciudadano. Ésta última fue desechada por notoria improcedencia por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo.
Al rechazar el primer recurso, la Corte alegó: los partidos políticos sólo pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. MC interpuso este viernes ante la SCJN un recurso de reclamación para que dé entrada a una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior. La senadora Martha Tagle advirtió el ordenamiento aprobado a fines de 2017 vulnera muchos derechos de los ciudadanos. “Y es por eso que nosotros estamos manifestando que lo electoral va más allá de las leyes electorales. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, tiene otras afectaciones, de los derechos humanos en lo general, pero también de manera a derechos político-electorales”, dijo la legisladora.
El punto central en los litigios contra la LSI será determinar si el Congreso tenía facultad constitucional para legislar en materia de seguridad interior, en particular para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Si la Corte considera que el Congreso si podía legislar, analizará casi todos los artículos de la ley, que los inconformes impugnan por considerarlos contrarios a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por invadir atribuciones municipales.
No hay plazo para resolver en la SCJN. Para cualquier invalidez será necesario el voto de ocho de los once ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el Pleno del máximo tribunal.
MEDINA LIBRA EMBARGO DE RANCHO
La aplicación de la justicia en el país en casos relevantes en donde están implicados integrantes de la clase política es selectiva. Así se observa en los procesos judiciales a ex gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, entre otros. El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, sigue estando protegido ante la justicia por el régimen de su amigo, Enrique Peña Nieto. Este jueves, el ex mandatario le propinó un revés legal a la Fiscalía Anticorrupción, al ganar en definitiva un juicio de amparo con el que dejó sin efecto el embargo precautorio impuesto en el 2016 a un rancho de su propiedad.
Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron el amparo, al considerar que la medida aplicada al rancho de 36 hectáreas, ubicado en General Terán, fue fundamentada con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado, y no lo señalado en el Código Nacional. El fallo, publicado el 19 de enero, señala: “se concede amparo liso y llano en virtud de que se aplicó un ordenamiento jurídico abrogado dentro del auto reclamado, consistente en la medida cautelar de embargo precautorio de bien inmueble”.
Dicho inmueble fue el único que se le pudo asegurar al priísta. La propiedad está en la Hacienda de Las Anacuitas y presuntamente es la única que tenía a su nombre, pues donó o vendió otros inmuebles, de acuerdo a registros oficiales. El embargo fue impuesto el 4 de junio de 2016, durante el transcurso de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de Medina y colaboradores. Don Rodrigo se ha visto favorecido con fallos emitidos por jueces federales. Desde que fue presentado ante un juez de Control para ser acusado, ha recibido amparos, entre ellos contra la detención o encarcelamiento.
El 26 de enero de 2017, Rodrigo Medina fue internado en el Topo Chico, luego de que el juez de control estatal Miguel Ángel Eufracio Rodríguez ordenó la prisión preventiva del ex mandatario y ante acusaciones de la Subprocuraduría Anticorrupción del Estado. La decisión se tomó por las investigaciones al ex mandatario por ejercicio indebido de funciones al haber otorgado incentivos irregulares a la empresa Kia por más de 3 mil 600 millones de pesos.
La protección a Medina fue inmediata. Su liberación se concretó 19 horas después por el Juzgado Quinto de Distrito, en donde señalaron el priísta contaba con una suspensión provisional contra su detención. Su defensa, encabezada por Alonso Aguilar Zinser, uno de los abogados más influyentes del país, denunció al juez por desacato a la suspensión ante la PGR, quien procedió contra Eufracio Rodríguez. En julio pasado, el juez federal Elías Cepeda Morado decidió vincularlo a proceso por el delito de violación a la Ley de Amparo. Integrantes del Poder Judicial, el gobierno estatal y litigantes coincidieron en que se estaba intimidando a los jueces locales. Apenas este jueves, Eufracio Rodríguez obtuvo un amparo que tumba su vinculación a proceso, la cual fue dictada por haber decretado hace un año prisión preventiva contra el ex gobernador Rodrigo Medina.
Practicar golf y estar listo cada vez que ocurra el llamado de la más alta autoridad, cuenta y es esto lo bueno del sexenio de Peña Nieto, que cuenta mucho.
JUSTICIA LENTA CONTRA CÉSAR DUARTE
Tomándose todo su tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) prepara otras tres solicitudes, de un total de 11, contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, las cuales serán presentadas la próxima semana. Esas solicitudes se suman a las de la semana pasada, por lo cual en total serán una causa penal por un delito federal en materia electoral y cuatro del fuero común, confirmó José Manuel Merino, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR.
Esa dependencia buscará presentar 11 solicitudes de extradición contra Duarte, las cuales deberán ser analizadas por un juez para determinar si debe girarse una orden de detención y cumplir con la petición de las autoridades mexicanas. Merino aclaró que el juez que lleve el caso determinará si alguna de las causas merece prisión preventiva o si Duarte podría enfrentar el proceso en libertad.
Por otra parte, un juez federal ordenó al gobierno de Chihuahua retirar los anuncios espectaculares en los cuales exige al Presidente de la República la extradición inmediata de César Duarte, al considerar que se viola la presunción de inocencia y dignidad humana del ex mandatario. Fue le juez segundo de Distrito en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, quien otorgó la suspensión provisional con este ordenamiento al prófugo de la justicia. El amparo fue promovido por Alonso Aguilar Zinser, quien también defiende al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
VERACRUZ: FALLAS DE LA JUSTICIA MEXICANA
A consecuencia de que no argumentó el gobierno mexicano adecuadamente las acusaciones de “delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por los que reclama a Javier Nava Soria, supuesto prestanombres de Javier Duarte, detenido el año pasado en Barcelona, el gobierno de España no se lo entregará. El pasado 18 de enero se reunió el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, formada por 16 jueces, y rechazó los recursos de súplica interpuestos por la Fiscalía española y por la Procuraduría General de la República (PGR). Por lo tanto, quedó confirmada la denegación de extradición decidida el 21 de septiembre de 2017.
Desde esa ocasión, la Sección Tercera de la Sala Penal consideró la documentación aportada por la PGR no cumplía con el Tratado Bilateral de Extradición entre México y España, pues no se citaba “hecho alguno cuya comisión se atribuya personal y directamente a Nava, sinp que se hablaba genéricamente de delitos de la causa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte”. Una obligación establecida por los acuerdos de extradición con España es argumentar que el detenido es el autor inequívoco de los delitos que se le imputan.
La decisión de los jueces del Pleno no admite recurso, pero abre la puerta a que México pueda volver a solicitar la extradición.
¿ORFANDAD QUINTANARROENSE?
La aplicación de justicia en Quintana Roo se encuentra hoy más que nunca en entredicho. Existe por parte del gobierno estatal -y todo apunta a algún respaldo conseguido en el centro- un marcado interés por exhibir a ex funcionarios públicos del sexenio anterior, mostrándolos de la peor manera al momento de ser detenidos y las fotografías y las filmaciones, así como lo distribuido a través de las redes sociales, es enviado a los medios de comunicación y a la estratósfera desde las oficinas de la autoridad.
A ninguno de los detenidos a quienes se les ha exigido dejar propiedades en garantía se les concedieron amparos para la devolución como se hizo en Nuevo León con Rodrigo Medina. Ni a Javier Duarte, ni a Eugenio Hernández, ni siquiera a Tomás Yarrington o a César Duarte se les puso sombra para que, desde cualquier punto, fueran seguidos y se diera cuenta de manera escandalosa de sus pasos antes de ser detenidos. En cambio, a Roberto Borge el gobierno en turno le puso una atención y seguimiento a su vida dentro de la prisión panameña fuera de toda lógica, más aún cuando se encargaron de informar lo tenían encerrado en una jaula o el número de hamburguesas consumidas o como había amanecido su ánimo.
Escandalosas resultaron las detenciones de Mauricio Rodríguez, de Mauricio Góngora, de Gabriel Mendicuti, acciones no tomadas en la aprehensión de Paulina García Achach o de Carlos Acosta o de Víctor Hugo Loyola o de Ana Alicia Rivera Galera o del mismísimo Erse Barrón Barrera. De los ocho encarcelados, solamente cuatro están tras las rejas y se empeñan en ligarlos de inusual manera con Borge Angulo, personaje con el cual han cobijado, ocultado, pifias y errores.
Mauricio Góngora se desempeñaba como candidato del PRI, su función pública anterior fue de presidente municipal de Solidaridad. ¿De dónde salió ubicarlo como “tesorero de Borge”? Con esta detención dejan de mencionar a la pareja sustituta, a los Castro, a quienes ocuparon alcaldía y tesorería durante 7 meses, tiempo en el cual contrajeron deuda e hicieron movimientos en contra del patrimonio de los solidarenses. Pero esos son apellidos con la fuerza otorgada por la cadena de amistades y por ello quedan fuera y no son ni siquiera nombrados.
Como tampoco lo es el campeón del enriquecimiento, el hombre de la fortuna más envidiable, Eliezer Villanueva. El dentista cozumeleño tuvo toda la libertad para manejar durante once largos años ingresos, egresos, todo el dinero de los quintanarroenses, administrando también otras percepciones no oficiales pero llenas de muchos, muchos ceros a la derecha. De él nada se dice, como tampoco de uno de los ejemplares de la casta divina yucateca, Juan Pablo Molina, quien se da el lujo de enviar cartas en donde se niega a comparecer ante los diputados locales entretenidos en formarle un juicio incoloro, insaboro, inoloro y, obviamente, inútil. Con eso dejan pasar el tiempo sin importar queda la huella de los compromisos contraídos con los padres y abuelos del ex titular de Sefiplan.
Mauricio Rodríguez, al ser vástago del ex procurador y notario Bello Melchor Rodríguez Carrillo, seguidor y promotor de CJ, tuvo una corta estadía en prisión, una devolución ridícula cuya destino se desconoce y vive disfrutando lo acumulado, ya sin ningún temor. Paulina goza del parentesco con Fidel Villanueva, ex titular del Tribunal Superior de Justicia estatal, quien sigue desempeñándose como magistrado y nada se ha dicho del resultado de las auditorías practicadas y menos aún se han atendido las denuncias acumuladas en su contra por malas prácticas, entre otros señalamientos. Ni el tío ni la sobrina son molestados y la cereza del pastel es la cercanía con Magaly Achach, ex alcaldesa en Benito Juárez, con quien también está emparentada. Erce ya salió y con ello se dejo claramente establecido quien manda en la Apiqroo.
A César Duarte ha resultado cuesta arriba formular las peticiones de extradición, respaldarlas debidamente con todo y las acusaciones directas del gobernador de las alianzas con ambiciones monárquicas –ya impuso a su hijo como candidato a gobernador-, Miguel Ángel Yunes. Ni que decir del rechazo de la petición de extradición girada al gobierno español en contra de uno de los operadores de Javier Duarte. Protección utilizando a la ley es la lectura que se da a estos hechos en tanto que a los registrados en Quintana Roo no hay otra que el manejo de una venganza producto también de resentimientos y traumas no superados.
Después de hacer las exhibiciones relatadas es ridículo, absurdo, estúpido, referirse a los detenidos como Mauricio “N” o Gabriel “N”. En tanto no se lleve a cabo el juicio contra los detenidos y se dicte sentencia, ninguno es culpable y esos tiempos, merced a la cercanía de las elecciones, no les merecen ningún respeto. Sólo que los ciudadanos ya no son tan receptivos para estos escándalos en virtud de ser testigos de tantas fallas y carencias, además de promesas que les atañen de manera directa y que no han sido cumplidas por el gobierno actual.
Habrá de seguirse muy puntualmente la afirmación del auditor estatal sobre la existencia de 400 expedientes armados contra miembros del actual gobierno, señalados por la comisión de diversos errores, tanto administrativos como de omisión y ¿cuántos por corrupción? En fin, se sigue atentamente la pesquisa de los tiburones, de los verdaderos, de los importantes y sobre todo de las devoluciones de lo obtenido y de la ruta de su aplicación. Entre tanto, nos dicen ya aceptó el gobierno le den el 30 por ciento de lo encontrado en efectivo en las cajas de seguridad a cambio de quedarse quietecitos y calladitos, para verse muy bonitos.
DE LOS PASILLOS
Si la estrategia de comunicación del gobierno federal consiste en tapar una pifia con otra mucho mayor, están en la vía correcta para obtener un triunfo sin discusión. A lo dicho por el titular de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, se le suma la expresión confirmando fue a título personal la propuesta de legalizar la mariguana en los puntos turísticos. Al propio de la Madrid lo obligaron a señalar fue un punto de vista personal el expresado. Hasta el tal Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación, salió a explicar porque se mantiene como ilegal la mota. Ni el funcionario turistero puede, como ningún otro funcionario debe hacerlo, tener manifestaciones a título personal, son servidores públicos, se supone, las 24 horas del día. Débil se vio el vocero presidencial al advertir no era una propuesta esta legalización que contara con el respaldo del Ejecutivo, o sea que, como parte de la Estafa Maestra, hay que aguantarlo pero aclarar puntos y ya para darle una barnizada mandan al sucesor de Osorio Chong a dar otra cara, a la de la exhibición oficial, oficial. No cabe duda que los pen… con iniciativa son peligrosos hasta para sus socios…
Las conversaciones para modernizar el TLCAN –pacto comercial de 1.2 billones de dólares al año- podrían extenderse a fin de que los funcionarios tengan más tiempo de abordar los principales desacuerdos. Los negociadores están planteando una ronda adicional en México a fines de febrero. Equipos de EU, Canadá y México se encuentran en Montreal para la sexta de las siete rondas previstas sobre cómo modernizar el tratado, pero el avance ha sido lento… No está claro si más conversaciones pueden ayudar a fraguar un acuerdo, dado el abismo existente entre la posición de EU y las de sus dos socios…
La probable cancelación del TLCAN podría desencadenar una costosa batalla arancelaria entre México y EU. Si se pierden los beneficios del acuerdo comercial de 24 años, entre los sectores más afectados se encuentran la exportación de camiones, autobuses y vehículos especializados, incluidas camionetas pickup; la exportación de vegetales, frutas, jugos, congelados y productos de carne de México a EU; y las exportaciones mexicanas a EU de ropa, textiles de algodón, confecciones de algodón, lana, telas sintéticas, seda y fibras naturales. La industria mexicana de la fibra textil y el vestido destina 87 por ciento de sus exportaciones al TLCAN…
La ola de violencia sigue impactando diversas regiones del país: en el estado de Guerrero, cinco personas asesinadas, cuatro en Acapulco y una en Chilapa, es el saldo de las últimas horas. En ese puerto, entre la avenida Adolfo López Mateos y Gardenias, en la colonia Tierra y Libertad, fue dejada una camioneta marca Ford Ecosport, con tres cuerpos calcinados. En tanto, en otro punto de esa localidad, en la colonia Emiliano Zapata, fueron arrojados restos humanos frente a una escuela primaria… En Nayarit, fueron localizados cinco cuerpos apilados, con huellas de tortura y atados de manos, a espaldas de un motel en Tepic. Cuatro de las víctimas estaban semidesnudas y otra, embolsada. Se presume que las víctimas podrían corresponder a los hombres levantado horas antes en las colonias Ruinas de Jauja y Amado Nervo, en la capital nayarita.
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