Por Aurelio Contreras Moreno
La detención de la semana pasada de 19 policías estatales, incluido el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, acusados de desaparición forzada de personas, confirmó lo que era sabido desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa pero muchos que hoy se dan golpes de pecho prefirieron ignorar entonces: las fuerzas de Seguridad Pública del estado cometieron crímenes atroces contra la población, a los ojos de sus superiores. Si no es que por orden suya.
Aunque las recientes aprehensiones denotan una clara intencionalidad político-electoral del actual gobierno estatal, pues la conducta delictiva de la policía estatal era conocida desde hace años y fue denunciada en varias ocasiones por víctimas y organismos civiles, finalmente pueden arrojar alguna luz sobre lo que pasó con los miles de desaparecidos en el sexenio de horror de Javier Duarte.
Con todo, no hay que echar campanas a vuelo, como pretende el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Las imputaciones fincadas a González Meza y al resto de los policías detenidos –la mayoría de los cuales se encontraba todavía en funciones en la Secretaría de Seguridad Pública, al grado de que fueron aprehendidos dentro de sus cuarteles- son por apenas 15 casos de desaparición forzada. Muy lejos de la verdadera magnitud de lo que sucedió en Veracruz los últimos años.
De hecho, y de acuerdo con las imputaciones que obran en la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017, las pesquisas se centran en hechos ocurridos en la región de Xalapa entre abril y octubre de 2013, cuando dos unidades de las llamadas “de élite” de la Secretaría de Seguridad Pública, identificadas como el “Grupo de Reacción” y “Los Fieles”, se dedicaron a “cazar” y “levantar” jóvenes de aspecto “sospechoso”, que tras ser torturados “confesaban” ser “halcones” del crimen organizado y, acto seguido, eran desaparecidos, según lo que se establece en la causa penal, en la Academia de Policía de “El Lencero”, en el municipio de Emiliano Zapata, conurbado con Xalapa.
Sin embargo, el horror del sexenio duartista estuvo lejos de circunscribirse solamente a la zona metropolitana de la capital del estado y sus municipios circunvecinos. Las detenciones ilegales, los asesinatos y la desaparición de personas a manos de criminales, con o sin placa, se extendieron de norte a sur de Veracruz. E incluso, fuera del estado.
Así que las investigaciones siguen estando completamente rezagadas, con todo y lo cual no deja de ser una noticia alentadora que se haya procedido contra quienes tienen la presunta responsabilidad de haber cometido lo que no es otra cosa que crímenes de lesa humanidad, que merecen las penas más severas que se contemplen en la legislación de nuestro país.
Y por supuesto que la responsabilidad no debe limitarse a los mandos y elementos policiacos que ejecutaron físicamente estos delitos. Debe alcanzar a quienes estaban al frente del gobierno y sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. Concretamente, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y hasta el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Ambos deben responder por los miles de desaparecidos en Veracruz durante el infausto periodo en el que ejercieron el poder. De lo contrario, estaremos frente a una simulación más con el único y miserable fin de obtener dividendos políticos en temporada electoral.
En octubre de 2014, Javier Duarte presentó a la Fuerza Civil de Veracruz, un cuerpo policiaco en el que se integraron todas las unidades de élite de Seguridad Pública, y que fue presumido por el entonces mandatario como “un modelo ejemplar de combate a la delincuencia” que representaría el “legado más importante” de su gobierno.
Hoy ya no queda ninguna duda de que su único legado fue de muerte y dolor. Y no les alcanzará la vida, ni a él ni a Arturo Bermúdez, para pagar por ello.
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