Por Aurelio Contreras Moreno
Un considerable problema con el magisterio veracruzano estaría por estallarle a las autoridades estatales, derivado de la falta de planeación en la instrumentación de la llamada “reforma educativa”.
Más de 300 docentes veracruzanos están siendo afectados por una discrepancia aparentemente técnica y administrativa entre la Secretaría de Educación y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), pero que en los hechos podría poner en riesgo sus pensiones y su futuro, a pesar de que en las evaluaciones del Servicio Profesional Docente obtuvieron resultados destacados. O más bien, a causa de eso.
En un oficio dirigido al director de Nóminas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Erick Emmanuel Gómez González, un grupo de profesores le manifestaron su preocupación porque a raíz de las citadas evaluaciones, a quienes obtuvieron el nivel de desempeño “Destacado” se les otorgó la clave compensatoria 1377 en sus percepciones, denominada como “Estímulo a la promoción de la educación”, contemplada en la Ley del Servicio Profesional Docente, y que se supone es un premio económico por su buena calificación.
Sin embargo, resulta que el Instituto de Pensiones del Estado no reconoce dicha clave y, de acuerdo con los afectados, “se niega a realizar el más mínimo trámite que como derechohabientes podemos gozar” (sic).
En su oficio de respuesta, la Dirección de Nóminas de la SEV señala que se encuentra “en conflicto” el reconocimiento de la clave 1377, ya que la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, en su artículo 3 fracción XII, “no considera la citada partida como parte del sueldo de cotización, situación que está en proceso de aclaración”.
Pero la situación es más grave todavía. Según los docentes afectados, por este reconocimiento “en conflicto” de la citada clave, desde 2016 están dados de baja como trabajadores activos ante el IPE, a pesar de lo cual, la Secretaría de Educación continúa reteniendo sus cuotas como trabajadores del estado, mismas que le son transferidas al IPE, como lo reconoce el propio Erick Emmanuel Gómez González en su oficio de respuesta a los maestros: “la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Nóminas, realiza quincenalmente la aplicación de los descuentos de ley a todos sus trabajadores, entre los cuales, específicamente con clave 61 aplica a las cuotas del IPE”.
Recapitulando, a los maestros que obtuvieron evaluaciones destacadas los están despojando de sus derechos para acceder a una pensión, porque la autoridad responsable no previó esta discrepancia administrativa.
Y con todo y que en el sistema aparecen como dados de baja y por ende, han dejado de cotizar y de hacer antigüedad, la SEV no les ha dejado de descontar sus cuotas para la pensión. Dinero que, ante esta discordancia, quién sabe a dónde ha ido a parar.
Pero más allá del uso que se le esté dando a esos recursos –el IPE ha sido la caja chica de prácticamente todas las administraciones estatales de los últimos 30 años-, el principal riesgo que advierten los docentes es que concluya el actual gobierno estatal sin que se solucione este problema –sobre el cual ninguno de los sindicatos que integra el Consejo Directivo del IPE ha dicho ni media palabra-, lo que significaría comprometer el futuro de por lo menos 300 familias.
Por desgracia, a las autoridades del Gobierno del Estado lo único que les interesa en este momento son las campañas. A los maestros sólo los voltean a ver si bloquean una calle. Y entonces sí los “atienden”… con el garrote por delante.
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