CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril (AlmomentoMX).- El World Resources Institute (WRI) México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Iniciativa Climática de México (ICM) convocaron por quinta ocasión a representantes de distintos medios de comunicación para continuar promoviendo la necesidad de una política de estado congruente y ambiciosa en materia de cambio climático y energía por la siguiente administración federal.
Durante esta sesión, los expertos de las tres organizaciones profundizaron en la necesidad de trabajar en las políticas tributarias, la reducción de los subsidios que promueven comportamientos contaminantes y del uso de instrumentos de mercado disponibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del cambio climático, de manera costo-efectiva y reconociendo las externalidades ambientales que producen algunas actividades económicas y de explotación de recursos.
El impuesto al carbono en los combustibles fósiles ha tenido un impacto muy limitado por tres razones principales:
No refleja de manera acertada el verdadero costo de la degradación ambiental y los efectos en la salud por el uso de combustibles fósiles. El impuesto actual (70 pesos por tonelada, en promedio) no ha logrado modificar el comportamiento de la sociedad (la demanda por combustibles).
El impuesto al carbono omite al gas natural y desvirtúa dicha política. “Lo que se pensó como una medida para la transición hacia fuentes menos contaminantes (el uso de gas) para la generación de energía, se está convirtiendo en la principal fuente de emisiones de la matriz energética de México”, dijo Carlos Tornel, coordinador de programas de ICM. Lo anterior es particularmente preocupante cuando México se vuelve cada vez más dependiente del gas importado de Estados Unidos (actualmente, el 62% del gas natural es importado de EUA). En este sentido, es necesario revisar el diseño del impuesto para incluir el costo de las emisiones que provienen del gas natural y desincentivar su uso.
Falta de transparencia: El impuesto al carbono presenta un serio problema para identificar en qué programas, acciones y proyectos se invierten estos recursos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el impuesto recaudó 17 mil millones de pesos tan solo entre el 2014 y 2015. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe en qué se han invertido estos recursos y bajo qué criterios (por ejemplo, si los recursos se invierten en proyectos o programas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI), debido en gran medida a la caída de los precios internacionales del petróleo y al declive de la producción petrolera después de la reforma energética.
Al mismo tiempo, debido a una inexistente estrategia para mitigar los impactos de la liberalización de los precios de las gasolinas, el Gobierno Federal ha comenzado a subsidiar de manera indirecta los combustibles, eliminando por completo las capacidades recaudatorias del impuesto. En este sentido, es importante reconocer que la liberalización de los precios de los combustibles era una medida acertada en los últimos dos gobiernos de la APF, sin embargo, el Gobierno Federal no ha implementado una política distributiva de los ingresos recaudados.
Entre 2012 y 2016 el subsidio a los combustibles fósiles era de cerca del 1.2% del PIB, mientras que el impuesto de 1.5%. Durante ese mismo periodo, el precio de la gasolina se incrementó en un 43%. Esta diferencia permitió alcanzar una recaudación tributaria adicional del orden del 4% del PIB en el año 2016″. “Aunque es cierto que el subsidio beneficiaba a los hogares que menos necesitaban del subsidio, la eliminación del subsidio sin un adecuado programa de compensación para quienes sí lo necesitan ha afectado de manera desproporcionada a los hogares más pobres”, dijo Manuel Molano, director general adjunto del IMCO
De haber invertido los ingresos recaudados en programas que beneficien a quienes más lo necesiten, el Gobierno federal podría haber reducido la pobreza extrema en el orden del 40%, sin embargo, el mal ejercicio del gasto público ha limitado la transición de un modelo de subsidios a un modelo de mal ejercicio del gasto público. Por ello, es fundamental que la siguiente administración asegure una continuidad a las políticas de liberalización de los combustibles fósiles, siempre y cuando asegure la reinversión del gasto público en programas que beneficien a quienes más se ven afectados por la elevación de los precios.
Asimismo, los panelistas mencionaron que, en materia de subsidios, el apoyo gubernamental al sector eléctrico residencial, que actualmente representa el 26% del sistema energético nacional, se ha convertido en el subsidio más cuantioso de la Administración Pública Federal (APF). “Reinvertir el subsidio eléctrico en un programa de generación distribuida a gran escala debe convertirse en una prioridad de la siguiente Administración”, mencionaron, “de lo contrario el subsidio podría alcanzar los 160 mil millones de dólares en 2040, convirtiéndose en el egreso más cuantioso del Gobierno federal.”
Finalmente, se abordó el tema del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE), el cual se ha convertido en una obligación para el país después de la reciente reforma al Artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual establece que este debe convertirse en un instrumento obligatorio después de un piloto de 36 meses que a su vez debe comenzar este año.
El SCE representa una interesante oportunidad para que el país atienda sus compromisos de reducción de emisiones de manera costo-efectiva. El SCE ya ha sido adoptado internacionalmente por más de 60 países y se ha convertido en un compromiso adoptado por México en diversas negaciones internacionales incluyendo el Acuerdo de París. En este sentido “la nueva Administración debe asegurar el dar continuidad a este instrumento, con el fin de atender la reducción de emisiones incentivando la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la transición hacia fuentes más limpias, asegurando al mismo tiempo la participación de todas y todos los sectores de la sociedad en la planeación, implementación y desarrollo del SCE, a través de la construcción de una base sólida de datos monitoreables, reportables y verificables”, dijo Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía de WRI México.
Por lo tanto, como organizaciones de la sociedad civil, solicitamos al nuevo Gobierno:
Retomar el impuesto al carbono:
- a) incrementar el costo promedio tasado a los combustibles
- b) incorporar el impuesto al gas natural y a la turbosina
- c) transparentar, (re)distribuir y hacer más eficiente el uso de los recursos recaudados por el impuesto, con programas que promuevan la reducción de emisiones y beneficien a quienes más lo necesitan.
Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles e invertir, de manera transparente y abierta, los ingresos recaudados para apoyar a quienes más lo necesitan por medio de programas ya existentes y a través de programas nacionales, estatales y municipales que promuevan la reducción de emisiones de GEI.
Implementar un sistema de comercio de emisiones, asegurando que este compromiso sirva como un incentivo para fortalecer las políticas de reducción de emisiones, incrementar la ambición de nuestros compromisos internacionales, incrementar la recaudación de ingresos para el Estado de manera transparente y asegurando una redistribución de los recursos de manera efectiva.
Transparentar, redistribuir y ejercer de manera democrática y participativa los ingresos provenientes de la liberación de los combustibles fósiles, el impuesto al carbono y el SCE para reinvertirlos en programas sustentables.
AM.MX/fm
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